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22 jul 2009

Por corrupción, 7 años y medio de prisión para Fujimori

Diarios en Bicicleta
Esta es la tercera condena que recibe el ex presidente peruano Alberto Fujimori en su país. Fuente: AP

Este lunes fue condenado el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, a 7 años y 6 meses de prisión por haberlo encontrado culpable de pagar ilegalmente a su ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, una suma de 52,5 millones de nuevos soles (15 millones de dólares).
Según la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema peruana se lo imputa por los delitos de “peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado.”
Además deberá afrontar el pago de una reparación civil de tres millones de nuevos soles (un millón de dólares) al Estado, y fue inhabilitado por 2 años y 10 meses para ejercer cargos públicos.
El juez del Tribunal, César San Martín, antes de leer el fallo señaló que "la sentencia jurídica no es política... no existe ningún cálculo político a la decisión que se expide y se basa en los hechos... las valoraciones son de nuestra responsabilidad y están enmarcadas dentro de la Constitución del Estado y las leyes."
Esta aclaración se debe a que la semana pasada, el acusado había declarado que estos juicios pretenden "no tener a Fujimori libre pues cambiaría totalmente la escena política del país", ya que quieren ensuciar su proyecto político en vistas a las elecciones presidenciales del 2011, -su hija Keiko Fujimori será candidata presidencial y si ganara podría llegar a indultarlo-.

Esta es la tercera condena que recibe Fujimori en su país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Perú no se acumulan las sentencias, sino que prima la mayor.
La primera condena consistió en seis años de prisión por haber ordenado un allanamiento ilegal en la residencia de Trinidad Becerra, la ex esposa de Vladimiro Montesinos. Esta sentencia está firme e hizo que el ex mandatario permanezca detenido desde septiembre de 2007.
La segunda, que actualmente está en apelación, fue en abril de este año y se lo sentenció a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. Se lo culpó de ser el autor intelectual de las masacres de Barrios Alto (1991) y la Universidad de La Cantuta (1992), donde fueron asesinadas 25 personas. Como también por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer (1992).

Cabe recordar que Alberto Fujimori fue presidente de Perú durante diez años (1990-2000). En el 2000 el ex mandatario huyó a Japón, tras desatarse un escándalo de corrupción al ser difundido un video, donde Vladimiro Montesinos entregaba dinero a un legislador opositor para integrarlo a la banca fujimorista.
Tras este episodio Fujimori renunció a la presidencia y se refugió en Japón durante cinco años, y pudo evitar la extradición debido a que fue reconocida su nacionalidad japonesa.
En noviembre de 2005 Fujimori viaja a Chile con intensiones de participar en las elecciones presidenciales peruanas, pero es demorado, y más tarde extraditado a Perú para ser juzgado.

El proceso de esta tercer condena -de 7 años y 6 meses de prisión- duró solo una semana, tuvo cuatro sesiones, pues Fujimori reconoció haber entregado a Montesinos la suma de dinero en septiembre de 2000 -dos meses antes de que escapara a Japón-.
El ex presidente peruano argumentó que lo hizo para evitar un golpe de estado que preparaba el ex jefe de inteligencia Montesinos. Sin embargo, un mes después Fujimori dice que recuperó el dinero y lo devolvió al Estado. Entonces la defensa considera que al haber devuelto el dinero, no hubo delito, pero este argumento fue absolutamente rechazado por el Tribunal.
Tras la "terminación anticipada" del juicio, Fujimori se evitó profundizar la investigación, no fueron escuchados a todos los testigos, y tampoco se pudo averiguar el verdadero origen de la suma de dinero devuelta, según declaraciones del fiscal supremo adjunto Avelino Guillén.
La defensa de Fujimori ya anunció que interpondrá un recurso de nulidad. El abogado del acusado, César Nakazaki, manifestó que se trató de un juicio “estrictamente político" y que "la consigna es muy clara, Fujimori no debe salir libre, lo que pretende el poder judicial es que si Fujimori pueda se muera en la cárcel."
Al contrario, la Fiscalía quedó conforme con la condena pues había solicitado 8 años de cárcel.
Mientras tanto, le espera a Fujimori otro proceso judicial, donde se lo acusa de la compra de Cable Canal de Noticias con fondos del Estado, la llamada ”interceptación telefónica ilegal”, y por el soborno a parlamentarios opositores.

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