El Presidente Alan García quiere impulsar una amnistía para poner "fin a la injusta persecusión" que sufren los militares en Peru. Fuente: alanperu.net
"Sé que hay demora y yo comparto esa preocupación. Pero se trata de casos complejos, que tratan de hechos que ocurrieron hace 10 o 15 años para los que no se consigue fácilmente los hechos probatorios... Además, hay renuencia a entregar información de parte de las Fuerzas Armadas".
El Presidente de la Corte Suprema de Perú, Francisco Távara, criticó fuertemente la postura adoptada por el gobierno de Alan García en relación a una “posible” amnistía que beneficiaria a todos aquellos militares que violaron los derechos humanos en el marco del conflicto armado con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.
A diferencia de la posición del Presidente de la Comisión de Defensa, Edgar Núñez, y del Ministro de Defensa Peruano, Ántero Flores Aráoz; quienes durante estas semanas señalaron ante la prensa que el excesivo retraso en el accionar de la justicia es motivo suficiente para impulsar la polémica normativa; Távara considera que la simple demora no es justificación “para dar indulto o amnistía”.
Asimismo el magistrado le recomendó al Congreso que, cuando el próximo mes de diciembre discuta el tema en el recinto, adopte todas las rigurosidades necesarias para “ ver que no se colisione con los tratados internacionales o con las decisiones de la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional".
La posible amnistía a los militares acusados de violar derechos humanos, promovida por el Presidente Alan García, ha convulsionado a todo Perú.
El Mandatario aprista considera que sólo aprobándose esa norma se podrá poner fin a la “injusta persecución" que sufren los militares en el país.
En contraposición los organismos de derechos humanos consideran que la iniciativa busca legitimar la impunidad de ciertos oficiales jerárquicos del ejército que estuvieron inmiscuidos en violaciones a los derechos humanos y que actualmente están siendo investigados por la justicia.
Uno de los beneficiados sería justamente el vicealmirante retirado y actual Vicepresidente peruano, Luis Giampietri, quien esta acusado por la justicia de llevar adelante las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la denominada masacre de El Frontón en 1986.
Un hecho ocurrido durante el primer mandato Presidencial de Alan García en Perú(1985-1990), en el que fallecieron alrededor de 200 guerrilleros pertenecientes a Sendero Luminoso
En este sentido, el presidente de la asociación de comandantes de las fuerzas armadas en situación de retiro, Jorge Rivas Domínguez, considera que la amnistía propuesta por la administración aprista busca justamente proteger a los “peces gordos” que estuvieron al mando de la política antisubversiva durante la década del ochenta.
“Estos proyectos tienen nombre propio. Se están proponiendo para evitar la responsabilidad de los mandos que dieron las órdenes, como el general Hermoza y el vicealmirante Giampietri, que están siendo o pueden ser juzgados por actos de violaciones de derechos humanos".
A estas críticas se sumó el líder nacionalista, Ollanta Humala, señalando que bajo el pretexto de beneficiar a los soldados el gobierno de Alan García pretende “blindar a los grandes…Los verdaderos violadores de derechos humanos son los que estuvieron a cargo de diseñar la estrategia antisubversiva en el país”.
Más allá de quien es la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado contra la guerrilla, lo cierto es que la iniciativa promovida por Alan García garantizaría el triunfo de la impunidad en Perú.
“La Defensoría hace pública su posición de rechazo a cualquier forma de amnistía o mecanismo que impida la investigación de violación a los derechos humanos, porque es incompatible con la obligación del Estado de investigar esos casos y por el derecho a la verdad que tienen las víctimas”, aseguró enfáticamente la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
La funcionaria recordó que los derechos que ahora pretende vulnerar el gobierno aprista han sido reconocidos tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como por el Tribunal Constitucional (TC).
“Hay que analizar también que cualquier medida que avale o impida la investigación de la defensa de los derechos humanos significaría un retroceso en esta materia y produciría una condena internacional por parte del Estado”, aseguró Merino.
Es más diversos organismos de derechos humanos ya anunciaron que, en caso de prosperar las “leyes del perdón” en el Congreso (bien ya sea una amnistía o un indulto), concurrirán ante organismos internacionales para denunciar lo sucedido.
“Hay un deber internacional de los Estados de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de violaciones de derechos humanos, y ese deber no puede ser evadido por normas de amnistía o derecho de gracia”, afirmó el secretario general de la coordinadora nacional de derechos humanos de Perú, Ronald Gamarra.
Como conclusión tenemos que, en contra de lo que cree el Presidente Alan García, en la mayoría de los países de Latinoamérica las amnistías o indultos a militares acusados de violaciones a los derechos humanos sólo han servido para garantizar la impunidad y exacerbar aún más los odios latentes en los distintos países.
Para que el pasado pueda ser asimilado debe existir justicia, sólo de esa manera se podrá reparar el daño sufrido por los familiares de las victimas del conflicto armado peruano.
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