Se complica la situación procesal del ex Presidente. Fuente: Poder Judicial.
En un juicio que no tiene precedentes en la historia contemporánea de Perú, el ex Presidente Alberto Fujimori(1990-2000) esta siendo juzgado bajo la acusación de ser el autor intelectual del homicidio calificado de 25 personas, de infligir 4 lesiones graves a otros cuatro individuos, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.
“Él es el principal responsable de estos hechos, pues estaba a la cabeza del aparato de poder que impuso en el país”, afirmó enérgicamente el Fiscal supremo José Peláez Bardales. Según el alegato final del jurista, el grupo paramilitar Colina pudo ejecutar con total impunidad las masacres de Barrios Altos y la Cantuta gracias a una estructura de poder clandestina creada y ordenada por Fujimori para así combatir el terrorismo con métodos inherentes a la guerra sucia.
"El abundante material probatorio reunido en este proceso prueba razonablemente la culpabilidad de Fujimori y no existe ninguna circunstancia que podría considerarse atenuante".
Peláez Bardales finalizó su alocución ratificando el pedido que la Fiscalia ha hecho durante todo el proceso, que Fujimori sea condenado a treinta años de prisión por los delitos de lesa humanidad que cometió mientras era Presidente. "Ni olvido ni impunidad. No se trata de venganza por las víctimas cruelmente asesinadas. Queremos que se cierre esta herida que aún se encuentra abierta…Queremos justicia".
De llegar a cumplirse el deseo de la Fiscalia, el ex Primer Mandatario-quien actualmente tiene 70 años de edad- deberá permanecer en prisión hasta los 97 años, dado que actualmente ya lleva tres años detenido desde que se produjo su arresto en Chile en el año 2005.
Según el esquema diagramado, dado que terminó el turno de la Fiscalia, a partir del 2 febrero la parte civil- o sea los abogados que representan a los damnificados de las masacres perpetradas por el Grupo Colina- tendrán la oportunidad de realizar su alegato final.
El abogado representante de las victimas de las masacres, Carlos Rivera, ya adelantó que su tarea apuntará a fortalecer los puntos acusatorios desarrollados por la Fiscalia.
"Vamos a incidir en algunos elementos de prueba para que el tribunal no solo tenga una mejor posibilidad de contextualizar los sucesos de Barrios Altos y La Cantuta, sino determinar cuál era la real ubicación y el poder de dominio de Fujimori en esos crímenes".
Rivera remarcó que como forma de compensación para los familiares de las personas asesinadas por el grupo Colina, van a pedir el pago de 100 millones de soles.
Luego de la acusación del sector civil, la defensa de Fujimori-encabezada por el abogado Cesar Nakazaki- tratara durante tres semanas de deslindar la responsabilidad del ex Mandatario en las masacres perpetradas por el grupo paramilitar Colina.
Una vez de que se hayan terminado el alegato de todas las partes implicadas, el propio Alberto Fujimori-posiblemente el 9 de marzo- realizará una presentación personal para así defenderse de las acusaciones que pesan sobre su persona. Finalmente la Sala Penal Especial se tomará cinco días para procesar todo el material procesado, para luego sí emitir la trascendente sentencia.
La Fiscal de la Nación, Gladis Echaiz, resaltó la trasparencia del proceso judicial llevado adelante contra el ex Presidente peruano: “El juicio ha sido público y transparente, los fiscales han cumplido con la función que les toca y ahora depende de los jueces quienes tienen que actuar con independencia y profesionalismo”.
La funcionaria reconoció que los fiscales José Peláez Bardales y Avelino Guillén “interpondrán un recurso impugnatorio o de nulidad ante la Corte Suprema en caso que no estén conforme con la sentencia”. Igualmente Echaiz, en declaraciones con la agencia Andina, se mostró confiada en “que haya conformidad” y que triunfe la justicia.
El panorama para Alberto Fujimori parece realmente complicado, no sólo porque es muy posible que finalmente sea condenado por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno, sino porque en estos días también se conoció que es inminente la apertura de un nuevo proceso penal en su contra.
El Segundo Juzgado Anticorrupción, a cargo de la magistrado Aída Mendoza, acusa a Fujimori de haber sido participe necesario de la venta-realizada en 1999- de diez mil fusiles AKM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el caso también estarían implicados el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, y los hermanos José Luís y Frank Aybar Cancho.
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