El traspaso de Aerolíneas Argentinas y Austral al Estado argentino se convirtió en ley en el Senado con una votación de 46 votos a favor y 21 en contra. La sanción era necesaria porque la ley que permitió su privatización en la década del 90 impedía su regreso al Estado.
A pesar de que la iniciativa era presentada por el gobierno como una medida progresista, ya que se diferenciaba de las políticas neoliberales implementadas en la década del 90, fue muy criticada por la oposición.
Las críticas se basaron en rechazar la propuesta oficial, denunciar el vaciamiento de la empresa, proponer la expropiación de la aerolínea, como también la creación de una comisión que investigue la gestión de los empresarios de la compañía y el rol de los funcionarios estatales.
La empresa aérea tiene una deuda estimada en 800 millones de dólares, de ese total le debe al Estado 240 millones. Fte: Crítica DigitalAerolíneas Argentinas fue creada en el año 1950 por el mandatario Juan Domingo Perón y llegó a ser una de las empresas aéreas más prestigiosas.
Pero bajo políticas neoliberales durante el gobierno de Carlos Menem en el año 1991 fue privatizada, y adquirida por la empresa española Iberia por la suma de 560 millones de dólares. Más tarde por American Airlines, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España, y desde el 2001 por el grupo Marsans.
Muchos analistas indicaron que luego de ser privatizada, la empresa aérea sufrió malas gestiones, por lo que decayó y actualmente atraviesa una crisis financiera y operativa. Esto llevó a que hoy en día más de la mitad de la flota de Aerolíneas Argentinas no esté en condiciones de volar. Y en los últimos meses han aumentado considerablemente las quejas por el incumplimiento y retraso de sus servicios.
En tanto, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien carga con 24 denuncias penales en su contra por el ejercicio de sus funciones en el estado, (una de ellas es una causa por eludir pasos administrativos en el acuerdo que firmó con Marsans), explicó que la empresa tiene una deuda estimada de más de 800 millones de dólares, y de ese total le debe a organismos del Estado 240 millones de dólares.
En este contexto, el pasado 21 de julio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el grupo español Marsans firmaron un acta acuerdo que pretendía devolver Aerolíneas Argentinas al Estado. El convenio fue acordado por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el embajador de España en Buenos Aires, Rafael Estrella, y los dueños del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.
Al punto la presidenta envió un proyecto al Congreso para lograr el consenso legislativo. Seguidamente, la Cámara de Diputados aprobó la compra de las acciones de Aerolíneas Argentinas pero modificó algunos aspectos del plan enviado originalmente.
Principalmente el proyecto que fue aprobado en la cámara baja impide que Aerolíneas Argentinas vuelva a ser privatizada, como sí había propuesto el oficialismo. Y aclara que con respecto al valor de compra de la empresa, éste deberá ser definido por el Parlamento, y no por auditores designados por el gobierno y el grupo Marsans.
Una vez aprobado el proyecto en diputados, fue puesto en debate en el senado, en donde el oficialismo debió enfrentar duras críticas. La principal intención del oficialismo consistía en no modificar el proyecto aprobado en diputados y lo logró. La votación se realizó con 46 senadores a favor (44 del oficialismo y 2 del ARI de Tierra del Fuego), y 21 en contra (bloques radicales, justicialistas disidentes, Coalición Cívica y republicanos de Tucumán) y 5 ausentes.
La re-estatización fue aprobada en el senado, pero todavía está pendiente la valuación de Aerolíneas Argentinas-Austral.Ahora la discusión consiste en saber cuánto vale Aerolíneas Argentinas-Austral. En un principio, según el acuerdo entre el gobierno y el grupo Marsans, el precio lo fijarían los auditores designados por éstos. Pero gracias a la presión de los legisladores, y para evitar supuestas malversaciones y dar transparencia a la tasación, se acudió a la Auditoria General de la Nación (AGN) y al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).
La AGN tiene la obligación de auditar los estados contables de las empresas, y el TTN deberá establecer el valor que el Estado debería pagar para recuperar las aerolíneas.
Una de las dificultades surgió en relación al balance 2007 de las empresas ya que los mismos deberían estar terminados y auditados y no lo están. Al respecto, el titular de la AGN, Leandro Despouy, indicó estar “en una situación muy difícil” porque el grupo Marsans no le había suministrado el balance. Y explicó que circulan dos borradores con una gran diferencia: en la primera versión hay un patrimonio neto positivo de 50 millones de pesos y en la segunda un patrimonio neto negativo de 150 millones de pesos.
En tanto, el titular del TTN, estimó que la sobrevaluación de activos de la empresa es del 30% y el Estado tendrá que hacerse cargo del pasivo de las aerolíneas.
Por otro lado, de no logar un acuerdo, el grupo Marsans acudirá ante organismos internacionales. El directivo Vicente Muñoz manifestó que "si el precio al que nos quieren comprar no nos conforma, no vendemos".
Los expertos ponen en tela de juicio que el gobierno logre tener una ganancia con la compañía, mientras tanto el Estado gasta un promedio de casi siete millones de pesos por día para mantener la aerolínea en funcionamiento.
Laura Gaetano
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