En este sentido Correa instó a la ciudadanía a leer la carta mediante la cual el por entonces Ministro de Economía, Luigi Iturralde, presentó una oferta de canje a los acreedores del país latinoamericano.
“Es una carta que dice más o menos, vean como hemos quebrado por brutos y se les han derrumbado sus precios, aquí les ofrecemos esta propuesta de canje de bonos para que suba el precio y no pierdan tanta plata, es decir, el país quebrado y nuestro ministro de economía se estaba preocupando que los acreedores no pierdan plata”, afirmó enfáticamente desde la parroquia de Manglaralto Rafael Correa.
Según declaraciones del Jefe de estado, las “irregularidades” cometidas durante el proceso de renegociación de los bonos global 2012 y 2030-el estado ecuatoriano reconoció el 60 por ciento del valor nominal de dichos bonos, cuando en el mercado sólo se cotizaban hasta un 15 %- llevaron a que su gobierno califique a esa parte de la deuda externa como “ilegitima”.
“Aún estamos analizando que deuda es legítima y que deuda es ilegitima, pero sin duda esos bonos 2012 y 2030 fue un atraco al país, el país quebrado en el año 2000 y nos obligaron, pero también, hay que reconocer que entusiastamente aceptamos firmar barbaridades”, señaló Correa.
Es más para intentar reestructurar esa parte “espeluznante” de la deuda externa, Quito pretende recomprar buena parte de los tenedores global 2012 y 2030, los cuales tienen un valor nominal de 3.200 millones de dólares.
Debido a las irregularidades encontradas en el proceso de renegociación, el gobierno de Rafael Correa pretende comprar esos bonos con un descuento de al menos un 70 por ciento de su valor original.
Este anuncio fue dado a conocer por el Ministro Coordinador de
Según los analistas financieros, la mayoría de los acreedores seguramente preferirán vender a bajo precio, antes que quedarse con “papeles basura” y sin la posibilidad de cobrar a futuro. En caso que se cristalice la rebaja del 70 por ciento, el estado ecuatoriano deberá abonar 972 millones de dólares para así poder cancelar buena parte de la deuda con los bonos global.
Correa continúa firme con su intención de castigar a toda empresa que no cumpla con el pueblo ecuatoriano
Sin dudas que desde la llegada de Rafael Correa al poder, Ecuador se ha convertido en una nación soberana que no se “deja avasallar por nada, ni nadie”.
El propio Correa, en más de una ocasión, le ha recordado a la oligarquía que de ahora en más se terminaron los privilegios excesivos que gozaron durante el reinado de la larga noche neoliberal: “con este gobierno no se juega, olvídense de la república bananera en la que estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana…”.
Rafael Correa le advirtió a los sectores poderosos que ya pasò a la historia la "republica bananera en la que estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana...". Fuente: flickr.com
Pero el Mandatario no sólo se muestra dispuesto a defender los intereses de la mayoría de los ecuatorianos en el plano interno, sino que también ha mostrado valentía para denunciar las irregularidades que sufre su país en el plano internacional.Sin dudas que la gestión más importante en este sentido fue la auditoria sobre la deuda externa, que ha desencadenado una crisis diplomática con Brasil a raíz de la decisión de Quito de llevar al arbitraje internacional un préstamo de 250 millones de dólares entregado en su momento por el Banco de Fomento Brasileño (BNDES).
A su vez al Mandatario tampoco le ha temblado la mano a la hora de echar del país a aquellas empresas extranjeras que incurrieron en “irregularidades” en sus respectivas licitaciones.
La primera en ser expulsada de Ecuador fue la constructora brasileña Odebrecht, quien fue la beneficiaria del préstamo del BNDES, luego que en el pasado mes de septiembre el gobierno ecuatoriano encontrará severas fallas en la estructura de la planta hidroeléctrica San Francisco.
Ahora Rafael Correa apuntó sus cañones contra la empresa china Hutchison Puerto Holdings (HPH), a quien acusó de no cumplir con la inversión prometida al momento de ganar la concesión del puerto marítimo de Manta.
"Ahí hay problemas; fue una concesión que se hizo antes de nuestro gobierno -en 2006-. La empresa concesionaria no está cumpliendo con el cronograma de inversiones, así que ya les saque tarjeta amarilla…Si no nos cumplen con la concesión del puerto de Manta, sencillamente tendrán que irse del país", señalo tajantemente el Mandatario en su programa radial semanal emitido desde la provincia costera de Santa Elena.
Vale recordar que el conglomerado Hutchison logró quedarse con la concesión del puerto de Manta gracias a la promesa de invertir unos 523 millones a lo largo de 30 años, para así construir un muelle de aguas profundas que permita aumentar la capacidad de carga de los 43. 000 contenedores a 2,2 millones por año, lo que convertiría a Manta en uno de los puertos más importantes de la región junto al de San Pablo y el de Panamá.
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