El Presidente Uribe enfrenta un fuerte reclamo de los pueblos originarios de Colombia. Fuente: cadenaser.com
El pasado 12 de Octubre, justo cuando se “conmemoraba” un nuevo aniversario del “descubrimiento” de América por parte de la Corona española, los pueblos originarios colombianos iniciaron una Minga de Resistencia indígena para exigir que el gobierno de Álvaro Uribe cumpla con la entrega de tierras pertenecientes a las comunidades indígenas y respete la autonomía de las autoridades aborígenes consagradas en la Constitución Política del Estado.
Hasta el momento las protestas más multitudinarias se han registrado en el departamento del Cauca, donde los manifestantes desde hace varios días bloquean de manera intermitente la autopista Panamericana, un importante paso que une a Colombia con Ecuador.
La policía antimotines colombiana en varias ocasiones ha intentado en vano despejar la carretera, eso sí la represión gubernamental a “bala”–según Aída Quilcué, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca- ha dejado un saldo de tres manifestantes muertos y cerca de un centenar de heridos.
Como fracasó en su intento de suprimir la protesta a través de la fuerza, el gobierno de Álvaro Uribe el jueves pasado inició una campaña para vincular a los líderes de las reivindicaciones indígenas con integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Mandatario señaló que los reclamos que ocurren actualmente son producto de la “manipulación de personas que buscan sabotear el Tratado de Libre Comercio con Los Estados Unidos”.
El director de la policía nacional, Oscar Naranjo, también se sumó al ataque contra la revuelta indígena. En una conferencia de prensa desde la Casa de Nariño, argumentó que de acuerdo a “pruebas” que han llegado a su poder el sexto frente de las FARC esta “invitando, concertando y estimulando los hechos de violencia por parte de los indígenas en el Cauca”.
“Ese material documental, fílmico y de audio está siendo en este momento procesado para ponerlo al servicio del poder judicial e iniciar tareas de judicialización que nos permitan depurar responsabilidades individuales en la comisión de hechos punibles”, señaló enfáticamente el general Naranjo.
Los más de 7.000 indígenas- en su mayoría pertenecientes a la comunidad nasa-que se encuentran movilizados y en estado de asamblea permanente, rechazan tajantemente que su protesta haya sido infiltrada por la guerrilla.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calificó a estas declaraciones de “irresponsables y temerarias”, ya que ponen en “peligro la vida de cientos de líderes indígenas en distintas partes país”.
Sólo en los dos últimos dos meses alrededor de 22 líderes comunitarios han sido asesinados en distintos departamentos, esa situación de indefensión ha sido otro de los motivos porque las comunidades indígenas decidieron levantarse en pos de reivindicar sus derechos ancestrales.
El ex senador indígena Gerardo Jumi Tapias, quien participó de una marcha en apoyo a la causa indígena en Bogota, negó la posible infiltración de las FARC en las protestas e hizo hincapié en que esa “respuesta del gobierno es una costumbre ya vieja y perversa del Presidente Álvaro Uribe”.
Las acusaciones lanzadas por la Casa de Nariño no sólo no han logrado su objetivo- debilitar el reclamo indígena-, sino que en cierta forma han contribuido a caldear aún más los ánimos en el Cauca.
Este sábado alrededor de 1.3 millones de indígenas colombianos iniciaron la segunda semana de jornada comunitaria.
“Continuamos en nuestro levantamiento y exigencia de las demandas que hemos planteado al Gobierno. Nosotros estamos respetando a las autoridades, mientras ellos no nos provoquen”, afirmó a la prensa el líder indígena Daniel Piñacué.
El dirigente rechazó tajantemente que haya infiltración de la guerrilla en las movilizaciones: “Nosotros somos autónomos y si el Gobierno tiene pruebas, que las presente”.
“En cambio lo que en realidad sí sucede es que se han infiltrado hombres del Ejército con armas explosivas para alterar la protesta y justificar las acciones violentas de la Policía contra los indígenas”, denunció Piñacue.
Como la problemática por ahora no parece tener solución, el presidente Uribe se mostró predispuesto a comprar tierras en el Cauca para así entregárselas a las comunidades originarias que reclaman por el “saqueo” de sus territorios ancestrales. No obstante también remarcó que no tolerara “abusos” por parte de los manifestantes.
"Resolvamos el problema de compra de tierra, hablemos con los indígenas sobre la problemática social, pero sin permisividad frente al tema de orden público y la integridad de soldados y policías".
Las organizaciones indígenas destacaron que el despojo que sufren a diario los pueblos originarios, no “se soluciona sólo comprando tierras”. De acuerdo a Luis Évelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la Onic, a pesar que ahora a pesar que ahora parece abierto al dialogo, el gobierno de Álvaro Uribe no tiene voluntad política para “negociar y reconocer los derechos inalienables de los Pueblos Indígenas de Colombia”.
Tal como pasó hace un mes y medio en Perú, donde las comunidades originarias tomaron estaciones petroleras y centrales hidroeléctricas que finalmente derivaron en la derogación de dos decretos que promovían la inversión privada en la Amazona peruana, indígenas latinoamericanos se vuelven a levantar para así reclamar la devolución de sus derechos ancestrales.
El gobierno colombiano se encuentra en una encrucijada. Álvaro Uribe siempre se caracterizó por no ceder ante las presiones de los sectores opositores a su gobierno, pero si se decide a cortar por la fuerza el reclamo indígena seguramente esto llevará a que haya más muertos. Algo que no le conviene a la Casa de Nariño justo en estos momentos en que se esta jugando el futuro del TLC con los Estados Unidos.
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