Tal como lo reveló el diario colombiano el Nuevo Siglo, en el pasado mes de junio el Fiscal de la Corte Penal Internacional(CPI), Luis Moreno Ocampo, le envío una carta al gobierno colombiano de Álvaro Uribe solicitándole explicaciones sobre dos aspectos clave en materia de derechos humanos.
El magistrado argentino está interesado en conocer como, frente a la extradición de los principales cabecillas paramilitares a las cárceles de Estados Unidos, se logrará asegurar “el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la Corte Penal Internacional".
Asimismo Ocampo, en una clara referencia al escándalo de la “parapolìtica”, pretende que Bogotá se exprese sobre la metodología que adoptará para determinar la responsabilidad en los crímenes de los "dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente vinculados a los grupos paramilitares desmovilizados".
De acuerdo al estatuto de Roma, norma que es considerada como el acta fundacional de la CPI y entró en vigor el 1 de julio del 2002, el Tribunal Internacional de la Haya podría juzgar a los protagonistas de crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado colombiano (en este caso sería a los principales jerarcas de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC-) si se comprueba la figura jurídica de “justicia aparente”, o sea si el sistema judicial colombiano no demuestra la diligencia suficiente para juzgar a los “criminales” acusados.
Hay que recordar Luis Moreno Ocampo estuvo de visita durante Octubre del año pasado en Bogotá y en una entrevista con el diario El Tiempo contundentemente afirmó que "Colombia firmó un convenio-el estatuto de Roma- y si no lo hace cumplir lo tiene que hacer cumplir la Corte. Si el estado nacional no garantiza que no habrá impunidad, la comunidad internacional lo va hacer".
El fiscal Luis Moreno Ocampo se mostró preocupado por saber como se garantizara el derecho de reparación a las víctimas de los paramilitares en Colombia. Fuente: Diario Perfil.En esa ocasión, el Presidente Álvaro Uribe le reveló al jurista argentino que estaba estudiando la posibilidad de levantar el veto de más de siete años que actualmente impide la aplicación del estatuto de Roma en el país latinoamericano. A pesar de lo sostenido por el Mandatario la inhibición todavía continua vigente, impiéndole así a la CPI condenar las violaciones al derecho internacional humanitario que se pueden llegar a producir en Colombia.
En estos días el gobierno de Álvaro Uribe está preparando una respuesta concertada a la carta de Luis Moreno Ocampo.
Para la Casa de Nariño siempre es delicado responder sobre las acusaciones a los paramilitares y los nexos que éstos mantuvieron con parlamentarios del Congreso: muchos de ellos integrantes de la coalición oficialista.
Para el ex senador Jimmy Chamorro, uno de los principales impulsores para lograr la vinculación de Colombia al estatuto de Roma, los interrogantes planteados en la carta de Moreno Ocampo representan un verdadero campanazo de alerta para la administración uribista.
"Cuando la Corte Suprema de Justicia le pidió al presidente Uribe información sobre el tema de los extraditados, éste lo tomó de manera displicente y folclórica. Y ahora que es la Corte Penal Internacional la que hace el mismo requerimiento, el Gobierno no puede volver a tomarlo a la ligera".
Es más cuando la Corte Suprema de Justicia(CSI) le preguntó al Presidente sobre las motivos de la extradición a los Estados Unidos de los principales jerarcas de las AUC; una medida que a la postre contribuyó a entorpecer el proceso judicial que investiga los alcances de la parapolìtica; el Mandatario no sólo no dio las razones de la medida adoptada, sino que también comenzó una sistemática campaña de desprestigio para así denigrar la actividad de los jueces que investigan la influencia de los “paras” en el sistema político colombiano.
Salvatore Mancuso es uno de los líderes paramilitares que fue extraditado a los Estados Unidos el pasado 13 de mayo. Las AUC están acusadas de la desaparición de cerca de 15.000 personas en Colombia. Fuente: AP.El pasado miércoles 13 de agosto, en una reunión con congresistas aliados a su gobierno, Álvaro Uribe enfatizó en la necesidad de impulsar una reforma al sistema de justicia con el fin de poder terminar con el “roscograma”, un supuesto sistema clientelista impulsado por los magistrados que consistiría en el nombramiento de familiares y amigos de los jueces en distintos cargos de Tribunales.
El ataque estaba dirigido principalmente a los integrantes de la Corte Suprema, los cuales no sólo están llevando adelante la causa de la parapolìtica, sino también la yidispolìtica. Un escándalo suscitado a raíz de las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, quien actualmente está en prisión, quien denunció que recibió sobornos para votar a favor en el año 2004 de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe.
De acuerdo a Jaime Arrubla, vocero de la Corte, las declaraciones de Uribe obedecen a que hoy en día la mira de la Justicia está puesta sobre el accionar de importantes personajes públicos, muchos de ellos vinculados al gobierno. "Esa es la estrategia, si no me puedo defender desprestigio al juez, formo un nido de víboras y pesco en río revuelto".
Como nunca en la historia “de la república había existido un proceso de tanta trascendencia política", en una clara alusión al escándalo de la parapolìtica, la Corte Suprema en estos últimos meses ha estado sometida a un “ataque permanente” de parte de otros sectores del Estado.
Arrubla afirmó que los principales impulsores de esta campaña son los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para finalizar el magistrado no descartó que de persistir esta situación la Corte llevara ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Tribunal de la Haya los ataques del gobierno colombiano a raíz de las investigaciones de la parapolìtica.
Álvaro Uribe viene apuntando sus cañones contra la Corte Suprema, aduce que los magistrados están “manipulando a los testigos” en el marco del proceso judicial que investiga la parapolìtica. Fuente: Cambio.coEl opositor Partido Liberal Colombiano, en un comunicado firmado por su titular el ex Presidente Cesar Gaviria, le exigió al Presidente Álvaro Uribe que deje de "propalar especies que más parecen vagos rumores que acusaciones" contra la Corte Suprema de Justicia.
Según Gaviria es necesario respaldar fuertemente a la Corte en este momento, ya que “ello es esencial para la preservación del Estado Social de Derecho, consignado en la Constitución de 1991, en el cual los contrapesos democráticos son parte fundamental de la democracia colombiana".
A raíz del escándalo de la parapolìtica, el conflicto entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema no parece tener visos de solución por ahora. El presidente, que goza de altos índices de popularidad en su país, debe entender que la separación de poderes es clave para el funcionamiento del sistema democrático. Por eso es inadmisible que ataque-y encima sin presentar pruebas tangibles- a la CSI por el simple hecho de estar en desacuerdo con fallos judiciales que por ahora han llevado a la cárcel a más de treinta congresistas y que amenazan con poner en jaque a la coalición política que respalda a su gobierno.
Matias Mongan
No hay comentarios:
Publicar un comentario