El hecho que dio inicio al tema fue la denuncia de la llamada “Masacre de Soacha”, en la que fueron ejecutados 11 jóvenes. El ejército los había reportado como “muertos en combate”, y fueron descubiertos en fosas comunes en el mes de septiembre pasado en el departamento de Santander, ubicado al noreste del país.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, siempre ha negado que sucedan hechos de este tipo en su gobierno, y desde un principio había reconocido a las víctimas como “caídos en combate”. Pero al ser tan evidentes las denuncias que fueron reproducidas por la mayoría de los medios de comunicación, no le quedó otra opción que aceptar públicamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales dentro de las fuerzas públicas. Lo que dijo fue que “puede haber miembros de las fuerzas armadas inmiscuidos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos en protocolos, en “vigilancia”, y que los casos van a ser trasladados a la Fiscalía de la Nación para que sean investigados. Pero en ningún momento pidió disculpas a los familiares de las víctimas por haberlos considerados él mismo como muertos en combate.
El Presidente, el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares anunciaron el retiro de 27 militares colombianos. F: semana.com
Uribe debió tomar la medida de anunciar la destitución de 27 miembros de alto nivel del ejército. Entre ellos figuran tres generales, cuatro coroneles, siete teniente coroneles, cuatro mayores, un capitán y un teniente. Éstos se suman a otros tres militares que días antes fueron apartados por la decisión de Mario Montoya, Comandante del Ejército de Colombia. Estas destituciones significan una purga que no tiene precedentes en la historia del ejército de Colombia.
En este contexto unos días después, precisamente el martes pasado, el general Mario Montoya, renunció a su cargo. Quien fue conocido por ser el estratega de la operación Jaque, que logró rescatar a 15 secuestrados de las FARC, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt. Además Montoya tenía una estrecha relación con Uribe, ya que había pertenecido a las fuerzas cuando el mandatario era gobernador de Antioquia en la década del 90.
Ahora el General renunciante va a tener que presentarse en el senado para responder por las denuncias contra su fuerza por los asesinatos del departamento de Santander. Mientras que el mayor general Óscar Enrique González Peña fue designado como el nuevo comandante del Ejército por orden del Presidente Uribe.
Por otro lado, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, también reconoció ante la Comisión Segunda del Senado que habían ocurrido casos de ejecuciones extrajudiciales,. Además, explicó que no va a renunciar a su cargo, ya que el presidente de Colombia le ofreció su total respaldo y le dijo que “no se va a descabezar a quien está resolviendo los problemas”.
El general Mario Montoya presentó su renuncia en medio de los escándalos por "falsos positivos". Fuente: semana.com
La investigación que llevó adelante la Fiscalía de la Nación ofreció datos indiscutibles que indican que hubo violación a los derechos humanos por parte de los militares. En la actualidad investiga 1015 ejecuciones extrajudiciales y desde 1991 llevan 600 procesos abiertos con implicados: 683 son miembros del ejército, 36 policías, y 4 miembros del Departamento Administrativo de Seguridad. Por otro lado, La Procuraduría trata 929 casos por ejecuciones extrajudiciales efectuadas entre el 2002 y el 2008.
Sin embargo, no se descarta que llegue a intervenir el Tribunal Penal Internacional. Asimismo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Navi Pillay, manifestó que las ejecuciones extrajudiciales pueden ser consideradas delito de Lesa Humanidad y causar la intervención de la Corte Internacional si la justicia de ese país no detiene las matanzas.
Estas declaraciones las brindó en un foro que se realizó en Bogotá, donde se presentó el informe “Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable” elaborado por distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El documento fue confeccionado por 13 juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
En este informe registraron 535 casos de ejecuciones extrajudiciales calculadas desde el 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2008 en Colombia. Lo que resulta un promedio de una víctima diaria y de las cuales el 58 por ciento eran menores de 30 años. Además indica que el Ejército colombiano es el mayor responsable de las denuncias, ya que se le adjudican el 93,7 por ciento de los casos.
También se menciona que en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, es la región en la que se registraron el mayor número de víctimas, unos 67 casos, y lo sigue Antioquia con 65.
Además, es importante destacar que las ejecuciones extrajudiciales han salido a la luz también gracias a la labor de la Comisión Nacional de Desaparecidos que trabaja hace pocos meses con el cruce de datos, lo que facilita las investigaciones.
Un dato significativo es que en estas regiones en donde ocurren las matanzas es la región donde mayormente actúa el Plan Colombia. Un proyecto internacional entre el gobierno de Colombia y el de Estados unidos, que dicen luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero sus métodos y resultados nunca han sido del todo transparentes para la sociedad. Como igualmente es conocido que en la región del norte de Santander actúa el grupo paramilitar “Águilas Negras” que se lo vincula al narcotráfico y utiliza métodos como la extorsión, desplazamiento de poblaciones y muertes selectivas, entre otros.
Estas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales son consideradas delitos de Lesa Humanidad, y se espera que sea un tema de examen al que será sometido el gobierno de Colombia por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mes de diciembre próximo.
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