A raíz de un nuevo escándalo, se profundiza la crisis institucional en Colombia

Diarios en Bicicleta.

El pasado lunes 25 de agosto, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el jurista argentino Luís Moreno Ocampo, llegó a Colombia interesado en determinar como el gobierno de ese país garantizará el derecho de reparación a las víctimas de los paramilitares, sobre todo luego que los 15 principales jerarcas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueran extraditados a los Estados Unidos en el pasado mes de mayo.

Según Moreno Ocampo hay que estudiar "caso por caso" el motivo de estas extradiciones, para poder así determinar que finalmente no terminaron obstruyendo el accionar de la Justicia colombiana que busca condenar los crímenes cometidos por los paramilitares.
Asimismo el representante de la CPI se mostró interesado en conocer los avances logrados en el marco de la causa judicial que investiga la “parapolítica”, o sea a los integrantes del sistema político que aprovecharon la impunidad que gozaban los “paras” para obtener un rédito propio. Para el fiscal revelar esas estructuras políticas va a “prevenir el resurgimiento futuro de otras asociaciones criminales".
Ni bien llegó a territorio colombiano, una de las primeras cosas que hizo Luís Moreno Ocampo fue reunirse con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los cuales están encargados de llevar adelante la investigación de la “parapolitica”. Una causa que ha llevado a la cárcel a más de treinta de congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la bancada oficialista.

La Corte Suprema denunció que el gobierno colombiano estaría fraguando un complot para obstaculizar las investigaciones de la parapolítica. Fuente: cambio.co

En el encuentro el fiscal de la CPI les planteó a los magistrados el siguiente interrogante: ¿La Corte tiene las suficientes herramientas y garantías para castigar a los responsables -y los cómplices- de los delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia?
La respuesta de los representantes de la CSJ hizo hincapié en tres puntos específicos. Primero relataron las distintas maniobras emprendidas por los cabecillas paramilitares, como por ejemplo las constantes amenazas y coacciones a jueces del más alto nivel, con el fin de poder garantizar su impunidad.
En segundo lugar, los jueces colombianos describieron los duros ataques que han debido soportar en estos últimos tiempos. Argumentaron que desde distintos sectores han llevado adelante una campaña difamatoria y que exponentes máximos del gobierno de Álvaro Uribe se han plegado a este complot que busca deslegitimar sus fallos en relación al escándalo de la parapolítica.
Por último los magistrados de la Corte resaltaron que la extradición de los líderes paramilitares a los Estados Unidos afectó no sólo al proceso de la parapolítica, sino también al de Justicia y Paz.Recordaron que en su debido momento le pidieron al Gobierno privilegiar los derechos de las víctimas sobre los de los victimarios. Pero la Casa de Nariño insistió en entregar a los principales testigos y protagonistas de delitos de lesa humanidad a un tercer país, en donde serán juzgados por un delito de menor gravedad: narcotráfico.
En este sentido el reconocido juez español, Baltasar Garzón, instó al gobierno de que aún no envíe a los Estados Unidos a Ever Velosa-alias “HH”-, integrante de las AUC que ha revelado ante la Justicia la ubicación de distintas fosas comunes en el territorio colombiano.
Desde un baldío de la localidad de Las Cañas -departamento de Urabá-, donde concurrió junto a Moreno Ocampo a la exhumación de restos humanos de victimas de los paramilitares en la región, Garzón enfatizó en la necesidad de que “los organismos del Estado y la Justicia no dejen ir a los implicados en los procesos de Justicia y Paz antes de que terminen de decir la verdad al país y a las víctimas”.
Asimismo propuso repatriar temporalmente a los “paras” extraditados, para que de esta manera puedan seguir compareciendo ante la justicia colombiana por sus crímenes. No obstante esto, el juez de la Audiencia Nacional Española manifestó que no tiene interés en intrometerse en los asuntos internos de Colombia y que su única preocupación es “acompañar los procesos de Justicia y Paz”.

Nuevo escándalo distancia aún más a Uribe con la Corte Suprema

Como era de esperarse, funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe rápidamente salieron a la prensa a rechazar que estén llevando adelante un “complot” contra la Corte Suprema.

El gobierno de Uribe está bajo la mira de la CPI a raíz de la extradición de los jerarcas paramilitares a los EEUU. Fuente: AP

A pesar de esta desmentida, el conflicto entre la administración uribista y la CSJ se profundizó aún más luego que la prensa revelara que el abogado del extraditado líder paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, y el hoy abatido vocero de los “paras” desmovilizados, Antonio López-alias “Job”-, concurrieron a la Casa de Nariño para otorgarle información al Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y al jefe de Prensa del Poder Ejecutivo, César Mauricio Velásquez, sobre supuestas “negligencias en el manejo de testigos” cometidas por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la parapolítica.
Esta situación llevó a que el Presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, denuncie que el gobierno de Álvaro Uribe estaría fraguando un complot en contra del ente investigador encargado de determinar los alcances del paramilitarismo en el sistema político colombiano.
“Algunos sectores del Gobierno están interesados en desprestigiar a la Corte, esto significa una convivencia entre asesores y criminales para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia”.
El magistrado Ricaurte, quien presentó una denuncia formal al respecto ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional Luís Moreno Ocampo, no entiende como es posible que se reúnan “los Secretarios Jurídico y de Prensa del Palacio Nariño con un reconocido paramilitar, en donde todo el país sabe que pertenece a una organización al margen de la ley… Es inaudito e inconcebible en un Estado de Derecho”.
El Presidente Álvaro Uribe, en una conferencia de prensa, afirmó que efectivamente existió la reunión entre los funcionarios Del Castillo y Velásquez con los representantes de los paramilitares. La misma no fue “clandestina” y como la información que entregaron no fue considerada revelante, finalmente no se informó a las autoridades judiciales
“Nosotros no tenemos interés de enlodar a los magistrados, si lo tuviéramos lo que hubiéramos hecho era publicar lo que dijeron estas personas, que venían a traer unas pruebas que acreditaban presiones de investigadores de la Corte para que se declarara contra el Presidente de la República”.

Dos ex Presidentes salen en defensa de la Corte

Las explicaciones de Uribe no convencieron a los políticos opositores a su gobierno. Es más, dos ex Presidentes de Colombia salieron en estos días a repudiar la actitud de la administración uribista hacia la Corte Suprema de Justicia.
La semana pasada el ex presidente conservador, Andrés Pastrana, envió una carta al alto tribunal donde evidenció su preocupación porque “desde distintos frentes se intenta entorpecer y obstruir la debida aplicación de justicia mediante ataques injustificados que parecen ser parte de una cuidadosa estrategia de desprestigio contra nuestra Corte, con el único fin de evitar que se haga justicia y se condene a los responsables por la infiltración de los grupos paramilitares… en la vida política del país”.
A estas críticas se sumó el Presidente del Partido Liberal, Cesar Gaviria, quien le aconsejó al gobierno abstenerse de presentar los proyectos de reforma a la Justicia, ya que el Ejecutivo no tiene “autoridad moral para impulsar ese tipo de iniciativas”, más aún si están en juego facultades inherentes de la Corte Suprema.

El ex presidente Gaviria repudia la actitud de Uribe contra la Corte Suprema. Fuente: casaamerica.es

Para Gaviria, en vez de atacar la Corte, Uribe debería dedicarse a colaborar con la Fiscalia para así esclarecer “las manipulaciones que desde Palacio se han montado contra la Corte Suprema en connivencia con los paramilitares. Y debería actuar con la compostura y el equilibrio necesario para que le eviten al país una investigación formal practicada por la Corte Penal Internacional a nuestras autoridades, por las obstrucciones a las acciones de nuestra justicia por delitos de lesa humanidad”.
El ex Mandatario remató argumentando que el estado de derecho en Colombia hoy en día está en grave peligro, por culpa de un “Presidente que quiere silenciar y subordinar a cada uno de sus contradictores, a los periodistas y a los otros poderes”.

Matias Mongan