La medialuna vuelve a insistir con su intención de “dividir” a Bolivia

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El Presidente del Comite Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, quiere crear un estado confederado. Fuente Daylife

Mientras la Corte Nacional Electoral anunciaba que con el 92,4 por ciento de los votos escrutados el “Sí” a la nueva Constitución boliviana superaba el 61,95 por ciento de aprobación, el Presidente del Comité cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles del “pacto grande” que le propuso al Palacio Quemado para así unir “el socialismo comunitario del MAS, con la autonomía y la libertad de las regiones”.
Marinkovic remarcó que los resultados del referéndum constituyente, que se realizó el pasado domingo en todo el territorio boliviano, demuestran que “hay dos Bolivias, con visiones distintas y que por tanto es importante establecer un diálogo con el gobierno para implementar la nueva Carta Magna”.“Tiene que haber un gran pacto nacional, donde encontremos la manera de que haya un Estado con dos sistemas, un Estado confederado, una nación con dos sistemas” afirmó el dirigente cívico, quien señaló que ese “pacto” debería tener similitudes con el sistema que hoy en día une a la China socialista y el Hong Kong liberal.
Marinkovic, quien evidenció sus ganas de reunirse con el Presidente Evo Morales para discutir sobre estas cuestiones, en más de una ocasión ha hecho pública su intención de romper la integridad territorial de Bolivia para así poner fin a la “crisis sociopolítica” que vive el Altiplano.
Por ejemplo en una entrevista publicada por el diario El Deber el pasado 26 de enero, el representante de las oligarquías cambas hizo hincapié en la necesidad de alcanzar un “pacto confederado donde puedan convivir las dos visiones de país y eso tendrá que aceptarlo el MAS, tendrá que aceptarlo el propio presidente Morales. Él no va a poder imponerse en estas regiones”.
Pero lo que el dirigente cívico parece pasar por alto es que la conformación de un estado confederado conllevaría a la división de la nación boliviana, ya que de acuerdo al derecho internacional la confederación consiste en la unión de dos-o más- estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes.
Como era de esperarse varios miembros del gobierno boliviano rechazaron tajantemente la posibilidad de concretar algún tipo de reunión con Branko Marinkovic y exhortaron a la Fiscalía General de la Nación para que rápidamente le inicie un proceso legal por “sedición”.
Según el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, la propuesta del dirigente cívico implica el quebrantamiento del “carácter inalienable e indescriptible de la soberanía de nuestra patria, eso es sedicioso y separatista, es inadmisible”.
El funcionario remarcó que desde el gobierno boliviano harán todo lo posible para respetar unidad nacional, no “importa cuantas instituciones nuevamente sean quemadas o saqueadas”. Recordemos que actualmente el Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz está siendo investigado por el Ministerio Público a raíz de la toma de instituciones públicas registradas en el pasado mes de agosto en el marco de las protestas por el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH).
La mayoría de los prefectos opositores intentaron desligarse de la propuesta presentada por Marinkovic, es más funcionarios de la prefectura de Santa Cruz de la Sierra tajantemente expresaron que la posición expresada responde a los intereses del ala cívica de la oposición y no a las autoridades prefecturales.
Sin embargo la prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuéllar, también optó por enarbolar un discurso “sedicioso” luego de que se confirmaran los resultados electorales del pasado domingo.
A pesar de que en su región el Si triunfó con el 51,4 por ciento de los votos, la dirigente opositora llamó a una suerte de desacató generalizado para así desconocer a la Nueva Constitución Política del Estado.
“Desacato en Chuquisaca; legalmente no se ha respetado la Ley de Convocatoria que establece que Sucre es la sede de la Asamblea. Por eso hemos dicho, todo el pueblo de Chuquisaca, que no vamos a acatar”.
No obstante sus reclamos que llaman a la “desobediencia civil” y sus denuncias sobre un hipotético “fraude”, a la postre a Cuéllar no le quedará otra que reconocer el triunfo del MAS -y de la mayoría de los bolivianos que apoyan el cambio- en su distrito y en el resto del país.
Para concluir sería bueno preguntarse porque los sectores más duros de la medialuna, en vez de insistir con su discurso “sedicioso” que busca dividir a Bolivia en dos, no utilizan las herramientas que brinda la democracia-las elecciones, por ejemplo- para así cumplir su anhelado deseo de sacar a Evo Morales del poder.
Será porque estos dirigentes en el fondo son concientes que la mayoría del pueblo-tal como ha quedado evidenciado en los innumerables actos eleccionarios realizados en los últimos meses- respalda a un Presidente soberano que esta llevando adelante una revolución cultural y democrática que pretende descolonizar el Estado boliviano. Sin dudas que con la aprobación de la nueva CPE, el objetivo planteado por Evo Morales esta cada vez más cerca de cumplirse…

Luego del contundente triunfo del SI, la medialuna busca reagruparse con vista a las elecciones presidenciales

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El presidente Evo Morales remarcó la importancia de que por primera vez en la historia el pueblo boliviano fue el encargado de dar el aval a la nueva Constitucion del Estado. Fuente: efe

Luego de que la mayoría del pueblo boliviano respaldara con su voto a la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), según datos preliminares de la Corte Nacional Electoral el Sí se impone con un 59,53 % luego de haberse computado el setenta por ciento de las mesas electorales, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) puso en marcha el operativo para poner en vigencia lo más rápidamente posible a la nueva Carta Magna.
En este sentido el Presidente Evo Morales enfatizó que el gran desafío que tiene su gestión a futuro es la implementación de la nueva CPE a través de consensos con los distintos sectores que integran la sociedad boliviana.
"Ahora la responsabilidad del Gobierno es cómo implementar, y quiero que sepan que mañana (este martes) Ministros, Ministras, Viceministros, Viceministras, desde las ocho de la mañana todo el día estarán cerrados para planificar cómo se va a implementar y cómo se va hacer la gestión pública plurinacional, es una responsabilidad y esperamos que el Parlamento y otras instituciones del Estado puedan acompañar la implementación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano", afirmó el Jefe de Estado.
En el marco de un acto realizado el 26 de enero en la ciudad de Cochabamba, el Presidente Morales manifestó que sólo negociará con los dirigentes cívicos opositores la forma como se pondrá en marcha el texto constitucional aprobado el pasado domingo, rechazando de esta forma cualquier posibilidad de modificación de los 411 artículos de la CPE.
"Escuché decir que quieren hacer un nuevo pacto. El pacto es la nueva Constitución aprobada por el pueblo boliviano. Si quieren nuevo pacto, va a ser pacto para aplicar la nueva Constitución", aseveró enfáticamente el líder indígena, quien se manifestó dispuesto a dialogar con la oposición pero sobre “razones y no por caprichos”.
Estas declaraciones del Mandatario indígena nacen como respuesta al pedido de los dirigentes de la denominada “medialuna”, los cuales- a través del Presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic- reclamaron el pasado domingo al Palacio Quemado la realización de un “gran pacto confederal que permita limar las diferencias que existen entre las dos Bolivia”. Solo de esa manera, en tono amenazante afirmó Marinkovic, el Movimiento al Socialismo podrá “imponer” la nueva Carta marga en las denominadas regiones autonómicas.
Mas allá de la velada amenaza del dirigente representante de las oligarquías cambas, el Presidente Evo Morales ya dejó bien en claro que no “cederá ni un centímetro” en el contenido de los artículos que conforman a la nueva norma jurídica que de ahora en más regirá a los bolivianos.
Es más el gobierno boliviano en un sin fin de oportunidades convoco a los prefectos cívicos a dialogar, pero estos prefirieron el uso de la violencia para así intentar entorpecer el proceso de cambio que vive el Altiplano.
Esa violencia tuvo su momento culmine el pasado mes de septiembre, cuando los movimientos cívicos llevaron adelante un golpe “cívico-prefectural” que concluyó con la denominada masacre de Pando.
Luego de meses en que la oposición parecía desarticulada, personajes como Branko Marinkovic –sólo porque el No obtuvo un 40 por ciento de los votos- ahora vuelven a la escena pública para hacer conocer nuevas exigencias ante al gobierno boliviano.
Sin dudas que la principal estrategia de la medialuna de cara a las elecciones presidenciales del próximo 6 de diciembre consistirá en dificultar la implementación de la Nueva Constitución, para así intentar desgastar la imagen del Presidente Evo Morales Aima.
Por esta razón los movimientos sociales, la base troncal en la que hoy día se edifica el poder del gobierno del Movimiento al Socialismo, no deben entrar en una suerte de triunfalismo a raíz de la conclusión del proceso constituyente, es más deberán mantener el grado de movilización latente para así repeler las maniobras políticas de ciertos sectores que se muestran opuestos al proceso de cambio que vive el Altiplano.

Obama ordenó cerrar Guantánamo

Diarios en Bicicleta Presos en Guantánamo:una postal que pronto pasara a formar parte del pasado. Fuente: diariovasco.com

Luego que venciera al republicano Jhon Mccain en las elecciones presidenciales llevadas a cabo en noviembre del año pasado, un conjunto de organizaciones de derechos humanos le envió una carta publica al electo Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para solicitarle que su gestión al mando de la Casa Blanca se caracterice por un marcado respeto de los derechos individuales de las personas.
Los ocho años de la administración de George W Bush colocaron a los EEUU en el ojo de las críticas, sobre todo a raíz de los excesos cometidos por los republicanos gracias a la excusa de que estaban “llevando una guerra a nivel global contra el terrorismo internacional”.
En el marco de esa contienda, Bush no tuvo problemas para recortar las libertades individuales de los estadounidenses por intermedio de la denominada Ley Patriótica.
Asimismo a mediados del 2002, el hoy saliente presidente estadounidense decidió crear una cárcel en la localidad de Guantánamo (Cuba) para así retener a todos los sospechosos de terrorismo capturados en su mayoría en las guerras de Irak y Afganistán.
Encima como estos reclusos eran catalogados por el gobierno de Bush como “combatientes enemigos ilegales” y por ende no “estaban amparados por las Convenciones de Ginebra ni por las leyes federales de Estados Unidos, la Casa Blanca a comienzos del 2003 determinó que los tribunales militares sean los encargados de condenar a los supuestos terroristas.
O sea de esta forma los militares se convirtieron en una suerte de carceleros y verdugos. A pesar de todas las ventajas que gozaron los oficiales castrenses para imponer “justicia”, la mayoría de los 250 presos que hoy en día se encuentran recluidos en la cárcel de Guantánamo no tienen cargos en su contra o no se les ha fijado aún una fecha determinada para su juicio.

¿Una promesa de campaña o apego a los derechos humanos?

Una de las primeras medidas que tomó Barack Obama como presidente de los Estados Unidos fue suspender por 120 días los juicios militares que se estaban llevando adelante en Guantánamo.
Este anuncio sirvió de vaticinio de lo que sucedería más adelante, el jueves 22 de enero el demócrata firmó una orden ejecutiva que determina que en el plazo de un año se deberá cerrar la prisión ubicada en el sudeste de Cuba.
A su vez el Primer Mandatario firmó otros dos decretos que prohíben la tortura y los maltratos físicos en los interrogatorios a los presidiarios, enfatizan el total respeto que deberán tener los investigadores judiciales a las normas estipuladas por la Convención de Ginebra y que finalmente instan a la creación de un grupo de trabajo que cree recomendaciones sobre el asunto.
“Con estas órdenes Estados Unidos tiene como intención proseguir la lucha actual contra el terrorismo, y lo hará de manera vigilante, efectiva y de acuerdo con sus valores y sus ideales”, afirmó tajantemente Obama desde la Casa Blanca.
El demócrata señaló que al firmar la orden para el cierre de Guantánamo no “sólo cumple” con un compromiso que hizo durante la campaña, sino que también destaca una mentalidad que data desde la fundación del país: el respeto a los derechos humanos.
“Estamos dispuestos a respetar unos ciertos parámetros de conducta, no solo cuando es fácil, sino también cuando es duro”.

Un buen gesto pero aún falta

Como era de esperarse el anuncio fue recibido con beneplácito en distintas partes del mundo.
El primer país europeo que se ofreció hacerse cargo de los reclusos de Guantánamo fue Portugal. Asimismo el Presidente español José Luís Rodríguez Zapatero también dejó abierta la puerta para que España reciba a buena parte de los presos, colaborando de esta manera con el proceso de cierre de la prisión norteamericana.
“Si podemos hacer algo, lo haremos”, afirmó enfáticamente el Primer Mandatario español.
En los diferentes ámbitos de la Unión Europea (UE) también se mostraron satisfechos por la decisión adoptada por Barack Obama y anunciaron que el próximo lunes 27 los ministros exteriores de todos los estados miembros del bloque analizaran nuevos métodos de colaboración que permitan acelerar el cierre definitivo de Guantánamo.
"Si en algo se puede contribuir a que esa decisión se pueda tomar lo más rápidamente posible, trataremos de ayudar", dijo Javier Solana-jefe de la diplomacia de la UE- en declaraciones a medios de prensa.
Es evidente que la asunción de Barack Obama ha despertado inconmensurables expectativas a lo largo de todo el mundo, igual habrá que esperar para ir conociendo su verdadero plan de gobierno.

Obama en el momento que firmaba el decreto que cierra Guantánamo y que prohibe el uso de torturas en los interrogatorios militares. Fuente: efe.

Sin dudas que lo de Guantánamo es un buen gesto, pero a uno le entra la duda cuando el demócrata dice que va a sacar a los marines de Irak en menos de 16 meses, pero para reubicarlos en Afganistán. O sea que el nuevo inquilino de la Casa Blanca parece estar convencido en continuar la “gesta antiterrorista” iniciada por “baby” Bush, pero eso sí parece que los términos de esa batalla han cambiado. A diferencia de George W Bush, cuya gestión se caracterizó por un total desprecio a los derechos humanos-, Barack Obama sí respeta los derechos individuales de las personas(al menos por ahora…).
Como conclusión tenemos que decir que es más que bienvenido el cierre de Guantánamo. Si la nueva administración en Washington quiere seguir haciendo buenos “gestos” en materia de derechos humanos, también podría dar vía libre a la extradición de dos personas que se guarecen en EEUU para así evitar los cargos que se les acusan en dos países latinoamericanos.
De quien estamos hablando? De Luís Posada Carrilles, el mercenario anticastrista que esta acusado por la justicia venezolana de ser el responsable intelectual de la voladura de un avión cubano en 1976. En el hecho perdieron la vida alrededor de 73 personas.
El otro individuo es el ex Presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada, quien esta acusado por la justicia de su país de utilizar las herramientas del Estado para llevar a cabo un “genocidio”. Hay que recordar que a lo largo de la Guerra del Gas, ocurrida en Octubre del 2003, murieron alrededor de 65 manifestantes.
Con la extradición de estos dos hombres, Obama no sólo permitiría que se haga justicia, sino que también enviaría un gesto de acercamiento a una región-la latinoamericana- que en los últimos años se ha alejado notablemente de la orbita de Washington.

Dolor para unos, impunidad para otros…

Especial Diarios en Bicicleta

Una escabadora remueve los escombros producto del ataque insraelí a una de las escuelas de las escuelas de la ONU en la Franja de Gaza. Fuente: Infobae.com

Mientras buena parte del planeta parece estar obnubilado por la asunción del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, Barack Obama, los pobladores de la ciudad de Gaza continúan removiendo escombros y enterrando a sus muertos.
La ofensiva israelí sobre el territorio palestino, controlado por el movimiento islámico Hamas, fue realmente contundente. Luego de 23 días de acciones militares, la operación “Plomo Fundido” dejó un saldo de 1300 palestinos muertos y 5.300 heridos.
Del total de fallecidos a causa del fuego israelí, más de la mitad resultaron ser civiles ajenos al conflicto y a su vez hay que mencionar que a lo largo de las tres semanas también murieron alrededor de 400 niños y adolescentes menores de 16 años, según datos brindados por fuentes medicas palestinas.
Además del excesivo número de “daños colaterales”, otra característica que bien describe lo sucedido en Gaza es la desproporción.
Más allá de que Israel tiene que padecer el lanzamiento casi cotidiano de misiles artesanales por parte de militantes de Hamas, una actitud belicista que merece una total condena por parte de la comunidad internacional, su ejército llevó adelante una operación militar en gran escala contra buena parte de una población indefensa que no tiene nada que ver con el conflicto y que diariamente padece las injustas consecuencias del bloqueo económico emprendido por Tel Aviv sobre la Franja de Gaza.
Ni bien pisaron suelo palestino las tropas israelíes hicieron uso de un fuego indiscriminado, creyendo capaz que de esta manera podrían cumplir más rápidamente el objetivo planteado por los halcones del gobierno de Ehud Olmert: terminar con el movimiento islámico Hamas.
No sólo no lograron este objetivo primario planteado por la operación “Plomo Fundido”, sino que además ahora varios miembros del ejército están bajo la mira de la justicia internacional a raíz de los ataques emprendidos sobre diferentes edificios pertenecientes a organismos de ayuda humanitaria.
Como causa del indiscriminado fuego israelí, al menos cuatro escuelas administradas por las Naciones Unidas terminaron fuerte dañadas. Igual suerte corrió el cuartel general de la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos (UNRWA).
"No puedo describir lo que siento después de ver el lugar de los bombardeos en el complejo de la ONU…Debe haber una investigación a fondo, una explicación completa para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Los responsables tendrán que rendir cuentas ante el poder judicial", afirmó tajantemente desde Gaza el secretario general de la ONU Ban Ki-moon.
Mientras recorría las ruinas del edificio de la UNRWA, Ban calificó a los ataques israelíes como “indignantes y totalmente inaceptables”. A su vez el funcionario señaló que Israel utilizó una “fuerza excesiva” para responder a los “totalmente inaceptables” ataques con cohetes lanzados por militantes de Hamas.
De acuerdo a Larry Maybee, experto en cuestiones legales del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), todo ataque en el marco de un conflicto armado contra blancos civiles u organizaciones humanitarias puede ser catalogado como crimen de guerra siempre y cuando se pruebe que hubo intencionalidad.
Si estaríamos hablando de un sólo ataque contra edificios de la ONU quizás podríamos hablar de una situación desafortunada, pero al hablar de cuatro o mas hechos sin duda queda claro que los soldados israelíes tenían carta blanca para disparar, pisoteando de esta manera los emblemas humanitarios o las convenciones de derechos humanos universalmente reconocidas por el derecho internacional.
Desde Tel Aviv han remarcado que se ataco a los edificios de la ONU como respuesta a los disparos efectuados desde ese lugar por milicianos de Hamas.
Esta simple excusa no exime de culpa a las tropas israelíes, ya que según Larry Maybee aunque el objetivo del ataque sea militar, la justicia también debe investigar si el "atacante tomó las precauciones suficientes para minimizar el número de víctimas y daños civiles y si la respuesta fue proporcional a la amenaza recibida".
Sin dudas que la respuesta no fue proporcional, ya que a los disparos de metralla de los militantes de Hamas, Israel directamente respondió con disparos de tanques y con bombas inteligentes que destruyeron por completo los edificios en cuestión.
¿Acaso los soldados de Olmert no sabían que allí se guarecían miles de personas inocentes que nada tenían que ver con la guerra? ¿O que los edificios de la ONU servían como deposito de comestibles y de ayuda humanitaria que cotidianamente era entregada a la población civil de la Franja de Gaza?

A pesar de los "excesos" cometidos, el Premier israelí Ehud Olmert se manifestó "conforme" por los resultados obtenidos por la Operación "Plomo Fundido". Fuente: taringa.net

A todos estos excesos hay que agregarle que el gobierno israelí reconoció haber utilizado en los combates municiones con fósforo blanco, un material altamente incendiario y que explota al entrar en contacto con el aire. No obstante que su uso esta prohibido en zonas densamente pobladas, la Franja de Gaza es una de las ciudades con mayor densidad de población en todo el mundo, el ejército israelí argumenta que empleó esta sustancia sólo para crear “cortinas de humo”.
Los organismos de derechos humanos descreen de la versión oficial de Tel Aviv y argumentan que el fósforo lanzado sobre Gaza se expandió en muchos casos por el suelo y no en el aire, tal como sostienen los jerarcas de las fuerzas armadas israelíes.
En declaraciones brindadas a BBC Mundo, Donatella Rovera -encargada de investigaciones de Amnistía Internacional- señala que aunque es legal el fósforo blanco es un arma que nunca debe ser utilizada cerca de la población civil.
"Aquí se utilizó en escuelas, en hospitales y residencias incluyendo la sede del Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU (OOPS)", afirmó tajantemente desde la zona de conflicto.
El cúmulo de “irregularidades y atropellos a los derechos humanos” cometidos por el gobierno de Ehud Olmert, ha llevado a que ciertas organizaciones israelitas de defensa de los derechos humanos –“dada la magnitud de los daños a civiles palestinos”- le exijan al Fiscal General del Estado que abra una investigación “independiente” que analice el comportamiento del ejercito durante la ofensiva “Plomo Fundido”.
Esta iniciativa seguramente quedará en la nada, como la intención de ciertas ONG europeas de impulsar un proceso judicial utilizando mecanismos supranacionales.
Es más la Corte Penal Internacional (CPI) un ente que sería ideal para determinar si existieron-o no- crímenes de lesa humanidad durante las tres semanas de bombardeos, ya anunció que no puede aceptar la demanda interpuesta dado que Israel no es miembro, ni esta suscripto a ese tribunal. Únicamente el proceso podría llevarse adelante siempre y cuando el Consejo de Seguridad de La ONU se lo solicitara expresamente a la CPI, pero esta posible iniciativa quedaría rápidamente trunca ya que los Estados Unidos seguramente hará uso de su veto para así no dejar “caer en desgracia” a un histórico aliado como Israel.
Como se ve, todo parece indicar que será muy difícil que la justicia triunfe. Consagrando de esta manera la impunidad para unos y el dolor para otros…

Matías Mongan.

Ecuador y Brasil normalizan sus relaciones diplomáticas

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El canciller ecuatoriano, Fander Falcioní, anunció que no obstante el acercamiento con Brasil, su gobierno continuará llevando adelante la impugnación del préstamo del BNDES. Fuente: daylife.com

Luego de meses de desencuentros, parece haber llegado a su fin la crisis diplomática entre Brasil y Ecuador.
El lunes 19 de enero, en una reunión llevada a cabo en el Palacio Candorelet, el canciller ecuatoriano Fander Falcioní dialogo largamente con el embajador brasileño Antonio Marques, confirmando de esta manera el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones latinoamericanas.
Recordemos que la crisis entre ambos países, que llevo al gobierno de Lula a retirar durante dos meses su embajador radicado en Quito, se originó a raíz de la decisión del Presidente Rafael Correa de impugnar un crédito de 243 millones de dólares otorgado por el Banco de Fomento Brasileño(BNDES).
Como ese dinero fue destinado íntegramente a la construcción de una represa hidroeléctrica en la zona de San Francisco, obra que estaba a cargo de la constructora brasilera Odebrecht, Correa decidió solicitar un arbitraje ante la Corte Internacional de la Cámara de Comercio de París y de paso confirmó la expulsión de Odebrecht de Ecuador a raíz de las innumerables fallas edilicias encontradas en la represa de San Francisco.
En primera instancia la actitud del Presidente ecuatoriano provoco un fuerte enojo en Brasilia, pero con el paso del tiempo el gobierno de Lula Da Silva parece haber comprendido que las políticas económicas soberanas implementadas por Quito no pretenden conllevar a un deterioramiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.
“Es una decisión del Gobierno de Ecuador que va a continuar y Brasil, como parte del proceso, también va a seguir… Mientras, nuestras relaciones seguirán siendo buenas, como históricamente lo han sido”, afirmó el embajador Antonio Marques en relación al conflicto suscitado a raíz del préstamo del BNDES y de la expulsión de la constructora Odebrecht.
En relación al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Brasil, Marques afirmó que en un comienzo “vamos a empezar a nivel de funcionarios y después con niveles más altos políticamente, para ver las maneras de profundizar y ampliar esas relaciones”.
El funcionario regresó a terreno ecuatoriano hace aproximadamente una semana, luego que el gobierno de Rafael Correa abonara la cuota correspondiente al mes de diciembre en la deuda contraída con el Banco de Fomento Brasileño.
Luego de la reunión en el Palacio Candorelet, el canciller Fander Falcioní enfatizó en la necesidad de “encapsular los temas comerciales y financieros, los mismos no deben ser un motivo para que interfieran en las relaciones históricas de hermandad”.
Falcioní remarcó que su gobierno en ningún momento se mostró proclive a no pagar el préstamo contraído con el BNDES. No obstante el canciller anunció que continuaran con el proceso de arbitraje presentado en Paris- que pretende demostrar el carácter injusto de la deuda suscitada-, para así defender los derechos económicos de todo el pueblo ecuatoriano.
“La demanda ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París va a seguir por cuerda separada y eso ya ha sido entendido por las autoridades brasileñas”.
Cuando fue consultado por esta situación por los periodistas presentes en la conferencia de prensa, el embajador Marques Porto tajantemente señaló que “es evidente que esto va a seguir, es una decisión ecuatoriana”.Asimismo el embajador remató dejando bien en claro que su nación no se involucra “en decisiones de países soberanos…”
Estas declaraciones oficiales permiten dar por terminado con el conflicto diplomático-comercial entre Brasil y Ecuador. Sin dudas que las posiciones de ambas naciones continúan firmes, pero estas primeras reuniones de entendimiento nos permiten que de ahora en más la controversia por el préstamo del BMDES continuara por los correspondientes entes comerciales.
Para Lula da Silva sin duda es positivo haber superado este impasse, ya que de ahora en más podrá dar rienda suelta a su intención de obtener el control hegemónico de la región latinoamericana- aunque todavía deberá solucionar el reclamo paraguayo vinculado a la represa de Itaipu-
A Rafael Correa también le resulta provechoso el fin de las tensiones con Brasil, sobre todo porque de esta manera podrá acallar a aquellos pequeños grupos opositores que argumentan que la política exterior “confrontativa” llevada adelante por el Mandatario esta llevando a un “paulatino aislamiento de Ecuador”.

La "medialuna" ya no sabe que hacer para sumar votos de cara al referendum del proximo 25 de enero

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El Vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, se mostró confiando en que, no obstante las criticas de la oposición, el pueblo boliviano aprobará la nueva Constitución el proximo 25 de enero. Fuente: Alejandro Azcuy.

A sólo 18 días de realizarse el referéndum constituyente en Bolivia, la actividad proselitista en el Altiplano se incrementa cada vez más.
Los movimientos sociales, afines al gobierno de Evo Morales, desde hace tiempo vienen llevando adelante una campaña a nivel nacional para así “sociabilizar” el contenido de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) en diferentes puntos del territorio boliviano.
La campaña por el Sí parece estar rindiendo sus frutos con creces, ya que de acuerdo a una encuesta realizada por el Observatorio de Gestión Pública (OGP), el 65 por ciento de la población respalda el nuevo texto constitucional redactado a fines del año 2007 en la ciudad de Oruro. El No a la Nueva Carta Magna por el momento cosecha un 16 por ciento de adhesiones, mientras que el número de indecisos bordea el 19 por ciento.
Para intentar revertir esta tendencia que no hace más que confirmar-una vez más- el respaldo que el pueblo boliviano le brinda al proceso de cambio impulsado por Evo Morales, los prefectos opositores de la denominada medialuna realizaron una “jornada de oración” en la ciudad de Sucre para así reimpulsar la campaña por el No al proyecto constitucional.
A esta campaña también parecen haberse sumado ciertos integrantes de la cúpula de la Iglesia Católica, argumentando que el texto constitucional que impulsa el Movimiento al Socialismo “abre las puertas al aborto y a modelos de familia hombre con hombre, mujer con mujer”.
Asimismo la jerarquía eclesiástica critica la intención del gobierno de garantizar la libertad de religión y de creencias espirituales de las personas, de acuerdo a las cosmovisiones que rigen la vida andina.
El artículo 4 de la nueva CPE fue el foco de todas las críticas lanzadas por la oposición en el acto realizado en la Plaza 25 de Mayo.
“Antes de honrar a la Pachamama, prefiero honrar a Dios y mi voto será por el No”, sentenció abiertamente el arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Pérez.
El clérigo estuvo acompañado por la prefecta local, Sabina Cuellar, el Prefecto de Santa Cruz de la Sierra, Rubén Costas, de Tarija, Mario Cossío, y por el Prefecto de Beni, Ernesto Suárez.
Sin embargo los representantes de la medialuna asumieron un papel discreto durante la jornada, el arzobispo Jesús Pérez fue quien realizó las principales acusaciones contra el texto constitucional promovido por el gobierno de Evo Morales.
En una infinidad de ocasiones tildó a la nueva CPE de “anticristiana y abortista”, porque -según su argumento- la misma deja a un lado la figura de Dios. “No somos de izquierda ni de derecha, somos de Jesucristo”, enfatizó el prelado, quien en reiteradas ocasiones animo a los bolivianos a “defender su fe” y a no ser “tibios”.
Las declaraciones del arzobispo Jesús Pérez provocaron el rechazo no sólo del gobierno boliviano, sino que también diversos integrantes de la Iglesia Católica lamentaron que se utilice el nombre de Dios para justificar posiciones políticas.
"Es una pena que se use a Dios en campañas que son netamente políticas", aseguró enfáticamente Loacir Lúvinzon, sacerdote católico oriundo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El párroco hizo hincapié en que no obstante las criticas vertidas por la oposición, el gobierno de Evo Morales Aima esta luchando por mejorar las condiciones de vida todos los bolivianos. Algo que, de acuerdo a lo sostenido por Lúvinzon, ha llevado a que el pueblo se sienta más que identificado con su gestión.
"Hay gente que está soñando, luchando, peleando por algo distinto, por algo mejor y sin dudas que Evo está en este momento en este movimiento", asevero enfáticamente el sacerdote cruceño. Otro que salió a criticar la actitud adoptada por los prefectos opositores, los cuales desesperadamente intentar convencer a la gente de que vote por el No el próximo 25 de enero con argumentos como que la nueva CPE desconoce a la religión católica, fue el Vicepresidente de la República Álvaro García Linera.
En relación al “encuentro religioso” realizado el pasado martes en Sucre, García Linera señaló que "ojala -los prefectos de la medialuna- se hayan arrepentido de las barbaridades que hicieron contra los bolivianos, de la violencia que promovieron el pasado mes de septiembre y que Dios los haya oído y los perdone y ojala que no vuelvan a cometer semejantes actos de violencia".
Por otra parte el Vicepresidente dejó bien en claro que en la nueva Carta Magna se reconocen por igual a todas las creencias religiosas, las cuales siempre gozaran del respeto y la protección de parte del Estado.
"No hay una fe mejor que la otra, toda la fe religiosa tienen igual rango, igual reconocimiento, igual protección", afirmó García Linera.
Para finalizar Álvaro García Linera se mostró confiado en que, a pesar de las desesperadas criticas de la denominada oposición cívica, el próximo 25 de enero el pueblo volverá a respaldar el proceso de cambio liderado por Evo Morales. "No hay más de dónde elegir, o con los violentos de la derecha fascista o con el cambio en democracia, con el cambio en igualdad y mejoras al país", remató enfáticamente el Vicepresidente boliviano.

El FMLN asoma como el gran candidato en las elecciones salvadoreñas

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Mauricio Funes saludando a sus seguidores. A dos meses de las elecciones presidenciales, el FMLN lleva una ventaja de 17 puntos sobre su mas cercano competidor. Fuente: salva.wordpress.com

Luego de que durante doce años El Salvador se desangrara en un conflicto armado que enfrento al ejército salvadoreño con integrantes de la organización guerrillera Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); diversos analistas han vaticinado que el numero de victimas producto de esta contienda armada alcanzó las 75.000 personas(contando los muertos y desaparecidos); la nación centroamericana fue controlada políticamente durante los últimos 20 años por el partido político de derecha Alianza Republicana Nacionalista( ARENA).
En unas elecciones “irregulares” en las que el 55 por ciento del pueblo salvadoreño no concurrió a las urnas, las cuales fueron llevadas adelante no obstante que el país centroamericano se encontraba inmerso en medio de una guerra civil, el 19 de marzo de 1989 el candidato arenero Alfredo Félix Cristiani se convirtió en el nuevo Presidente de El Salvador.
Siempre sumido ante el poderío de Estados Unidos en la región, el partido político Arena continuo manejando férreamente los destinos políticos de El Salvador, de esta manera se fueron sucediendo los distintos presidentes que se caracterizaron por llevar adelante una política económica neoliberal que benefició a los sectores mas pudientes de la sociedad salvadoreña.
Esta hegemonía de la derecha puede llegar a ser puesta en jaque el próximo 18 de enero, cuando en El Salvador se realicen elecciones legislativas y municipales que pueden llegar a resultar cruciales para cambiar el futuro político del país.
Por primera vez desde que se convirtió en partido político el 14 de diciembre de 1992, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tiene posibilidades de alcanzar el quórum propio en diputados.
"Vamos por los 43 diputados, estamos en capacidad de poder llegar a esa meta que nos estamos planteando, las encuestas así lo dicen, sabemos que la mayoría de salvadoreños queremos ver un cambio y tenemos su apoyo, y así también será más fácil ayudar al futuro gobierno del FMLN", señaló a la agencia AFP el coordinador general del Frente, Medardo González.
Por el momento el FMLN posee un total de 32 diputados en la Asamblea Legislativa, sin embargo ARENA continúa teniendo quórum propio en ese recinto gracias a una alianza entablada con otros partidos de derecha.
Hasta el mismísimo candidato presidencial del Frente Farabundo Martí, el periodista Mauricio Funes, en distintas movilizaciones llamó al pueblo salvadoreño a “hacer realidad el cambio en el gobierno”.
"Necesitamos que los salvadoreños estén conscientes que en este país debe haber cambios, ya no podemos permitir que sean unos pocos los beneficiados o favorecidos por ARENA, nosotros como gobierno vamos a favorecer a los pobres, pero para ello necesitamos tener a una bancada legislativa que nos acompañe y apoye en viabilizar nuestros proyectos", agregó Funes.
Por el momento la mayoría de las encuestas divulgadas señalan que la ex agrupación guerrillera tiene una clara ventaja de cara a las elecciones del próximo 14 de enero, en las cuales la población tendrá que elegir 84 diputados nacionales, 20 legisladores que ocuparan un escaño en el Parlamento Centroamericano y un total de 262 consejeros municipales.
De acuerdo a un estudio realizado por el periódico Prensa Gráfica, el FMLN hasta lograría retener la estratégica alcaldía capitalina de San Salvador. Por el momento la actual alcaldesa Violeta Menjívar posee un 32, 6 por ciento de intención de votos, relegando de esta manera al segundo lugar al candidato de la Alianza Republicana Nacionalista, Norman Quijano, quien posee un 26, 6 por ciento de respaldo popular.
Las distintas misiones internacionales que se encuentran en El Salvador para verificar el proceso eleccionario han remarcado que, no obstante ciertos encontronazos entre algunos grupos antagónicos, la campaña electoral ha venido transcurriendo con “normalidad”.
Un total de 4,2 millones de salvadoreños están habilitados para sufragar el próximo 14 de enero, en unas elecciones legislativas claves que sin duda servirán de termómetro para medir el panorama sociopolítico del país centroamericano de cara a las elecciones presidenciales del mes de marzo.
De acuerdo a un sondeo dado a conocer por el Centro de Investigación de la Universidad Tecnológica, por el momento el periodista Mauricio Funes estaría sacándole una ventaja de más de 17 puntos a su más cercano competidor, Rodrigo Ávila, postulante por la coalición oficialista Alianza Republicana Nacionalista.
El 45,9 por ciento de los consultados en la encuesta realizada el pasado 29 de diciembre afirmó que va a votar al FMLN, mientras que un 28,6 % se inclinó por el oficialista ARENA. Otro dato importante que se desprende del estudio es que, a pesar de la campaña mediática emprendida por los sectores poderosos que intentan propagar el miedo entre la población, 3 de cada 4 salvadoreños no tiene ningún temor de lo que puede llegar a pasar en caso de que Mauricio Funes se convierta el próximo 15 de marzo en el nuevo Presidente de El Salvador.
En esta ocasión parece que luego de veinte años de hegemonía de la derecha, el Frente Farabundo Martí tiene importantes posibilidades de llegar al poder en el país centroamericano. Los motores de este posible cambio sin dudas son los sectores populares de la sociedad salvadoreña, uno grupo social que desde hace años viene clamando por un “cambio” socioestructural en el país, para así poner fin a las inequidades socioeconómicas existentes.

Ecuador continua analizando su deuda externa

Diarios en Bicicleta

El gobierno de Correa pretende "recomprar" parte de los tenedores de deuda ecuatorianos. Fuente: eitb24.com

El Mandatario ecuatoriano Rafael Correa criticó que los gobiernos anteriores, mientras Ecuador vivía una profunda crisis social y política, sólo se preocuparan de que los acreedores de la deuda externa “ilegitima” no pierdan sus ganancias.
En este sentido Correa instó a la ciudadanía a leer la carta mediante la cual el por entonces Ministro de Economía, Luigi Iturralde, presentó una oferta de canje a los acreedores del país latinoamericano.
“Es una carta que dice más o menos, vean como hemos quebrado por brutos y se les han derrumbado sus precios, aquí les ofrecemos esta propuesta de canje de bonos para que suba el precio y no pierdan tanta plata, es decir, el país quebrado y nuestro ministro de economía se estaba preocupando que los acreedores no pierdan plata”, afirmó enfáticamente desde la parroquia de Manglaralto Rafael Correa.
Según declaraciones del Jefe de estado, las “irregularidades” cometidas durante el proceso de renegociación de los bonos global 2012 y 2030-el estado ecuatoriano reconoció el 60 por ciento del valor nominal de dichos bonos, cuando en el mercado sólo se cotizaban hasta un 15 %- llevaron a que su gobierno califique a esa parte de la deuda externa como “ilegitima”.
“Aún estamos analizando que deuda es legítima y que deuda es ilegitima, pero sin duda esos bonos 2012 y 2030 fue un atraco al país, el país quebrado en el año 2000 y nos obligaron, pero también, hay que reconocer que entusiastamente aceptamos firmar barbaridades”, señaló Correa.
Es más para intentar reestructurar esa parte “espeluznante” de la deuda externa, Quito pretende recomprar buena parte de los tenedores global 2012 y 2030, los cuales tienen un valor nominal de 3.200 millones de dólares.
Debido a las irregularidades encontradas en el proceso de renegociación, el gobierno de Rafael Correa pretende comprar esos bonos con un descuento de al menos un 70 por ciento de su valor original.
Este anuncio fue dado a conocer por el Ministro Coordinador de la Política Económica, Diego Borja, quien precisó que la recompra comenzará a mediados de enero mediante un sistema conocido como “subastas a la inversa”. El funcionario hizo hincapié en que gracias a este mecanismo "en lugar de partir del precio de mercado y provocar una subida, el gobierno podrá fijar el valor inicial de recompra, que seguirá bajando conforme los tenedores se vayan vendiendo”.
Según los analistas financieros, la mayoría de los acreedores seguramente preferirán vender a bajo precio, antes que quedarse con “papeles basura” y sin la posibilidad de cobrar a futuro. En caso que se cristalice la rebaja del 70 por ciento, el estado ecuatoriano deberá abonar 972 millones de dólares para así poder cancelar buena parte de la deuda con los bonos global.

Correa continúa firme con su intención de castigar a toda empresa que no cumpla con el pueblo ecuatoriano

Sin dudas que desde la llegada de Rafael Correa al poder, Ecuador se ha convertido en una nación soberana que no se “deja avasallar por nada, ni nadie”.
El propio Correa, en más de una ocasión, le ha recordado a la oligarquía que de ahora en más se terminaron los privilegios excesivos que gozaron durante el reinado de la larga noche neoliberal: “con este gobierno no se juega, olvídense de la república bananera en la que estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana…”.

Rafael Correa le advirtió a los sectores poderosos que ya pasò a la historia la "republica bananera en la que estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana...". Fuente: flickr.com

Pero el Mandatario no sólo se muestra dispuesto a defender los intereses de la mayoría de los ecuatorianos en el plano interno, sino que también ha mostrado valentía para denunciar las irregularidades que sufre su país en el plano internacional.
Sin dudas que la gestión más importante en este sentido fue la auditoria sobre la deuda externa, que ha desencadenado una crisis diplomática con Brasil a raíz de la decisión de Quito de llevar al arbitraje internacional un préstamo de 250 millones de dólares entregado en su momento por el Banco de Fomento Brasileño (BNDES).
A su vez al Mandatario tampoco le ha temblado la mano a la hora de echar del país a aquellas empresas extranjeras que incurrieron en “irregularidades” en sus respectivas licitaciones.
La primera en ser expulsada de Ecuador fue la constructora brasileña Odebrecht, quien fue la beneficiaria del préstamo del BNDES, luego que en el pasado mes de septiembre el gobierno ecuatoriano encontrará severas fallas en la estructura de la planta hidroeléctrica San Francisco.
Ahora Rafael Correa apuntó sus cañones contra la empresa china Hutchison Puerto Holdings (HPH), a quien acusó de no cumplir con la inversión prometida al momento de ganar la concesión del puerto marítimo de Manta.
"Ahí hay problemas; fue una concesión que se hizo antes de nuestro gobierno -en 2006-. La empresa concesionaria no está cumpliendo con el cronograma de inversiones, así que ya les saque tarjeta amarilla…Si no nos cumplen con la concesión del puerto de Manta, sencillamente tendrán que irse del país", señalo tajantemente el Mandatario en su programa radial semanal emitido desde la provincia costera de Santa Elena.
Vale recordar que el conglomerado Hutchison logró quedarse con la concesión del puerto de Manta gracias a la promesa de invertir unos 523 millones a lo largo de 30 años, para así construir un muelle de aguas profundas que permita aumentar la capacidad de carga de los 43. 000 contenedores a 2,2 millones por año, lo que convertiría a Manta en uno de los puertos más importantes de la región junto al de San Pablo y el de Panamá.