Resumen de noticias semanales

Semana 03 al 10 de Mayo.
Diarios en Bicicleta

¿Posible carrera armamentista en Chile y Perú?

El ministro de Defensa chileno, Francisco Vidal, anunció la semana pasada la compra de una nueva flota de 18 cazas F-16 a Holanda para modernizar y reemplazar a los F5E Tigre que operan desde 1976. La operatoria tendría un costo de 278 millones de dólares, y con esta nueva adquisición Chile sumaria un total de 44 aviones bombarderos en su poder.
El anuncio fue criticado por autoridades y líderes políticos peruanos ya que calificaron a la compra chilena como "una carrera armamentista". Cabe recordar que existe ante la Corte de La Haya una demanda peruana para fijar su frontera marítima con Chile en el Pacífico, sobre la que Chile ejerce actualmente soberanía.
Por otro lado, en Perú fue presentado un proyecto para obtener recursos para modernizar a sus Fuerzas Armadas. El mismo fue propuesto por el vicepresidente Luis Giampietri, vicealmirante en retiro, y plantea que se destinen a las Fuerzas Armadas el 5% del total de los fondos recaudados por concepto de canon y regalías que se otorguen a futuro por la explotación de nuevos recursos mineros. Con esta medida se modificaría la actual distribución y prestaciones a favor de municipalidades y gobiernos regionales, por lo que algunos dirigentes municipales han manifestado su preocupación.
El proyecto ya ha sido aprobado en la comisión de Defensa, se discutirá en la de Economía, y luego pasará al Congreso para su aprobación o no.
El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Yehude Simon, dijo que su país "no va a caer en una carrera armamentista pero no por ello puede ser ingenuo ante los últimos gastos militares de países vecinos," en referencia a la adquisición por parte de Chile de 18 aviones cazas F-16 vendidos por Holanda.


Se aplaza el diálogo sobre Itaipú

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva y el de Paraguay, Fernando Lugo, anunciaron a la prensa el pasado viernes que las negociaciones sobre la operación conjunta de la hidroeléctrica binacional se verían aplazadas hasta junio, tras no lograr ningún avance en ese sentido.
Según el tratado que ambas naciones suscribieron en 1973, cada país tiene derecho a utilizar la mitad de la energía, pero como Paraguay sólo consume alrededor del 5%, le vende el resto a su socio. El gobierno de Lugo reclama tanto una actualización de las tarifas como el derecho a vendérselo a terceros. Sin embargo, luego de un año de negociaciones aún no se ha logrado un acuerdo entre ambos países.
A pesar del frustrado encuentro, ambos mandatarios se mostraron dispuestos a seguir dialogando para dirimir las diferencias y volverán a reunirse en Asunción entre el 10 y 15 de junio próximo. “Paraguay no ha renunciado a ninguna de sus reivindicaciones. Seguiremos conversando para llegar a un acuerdo que permita la recuperación de la dignidad de todos los paraguayos”, expresó Lugo.
La controversia, que por ahora parece insalvable, es un tema especialmente importante para los paraguayos y formó parte de las promesas de campaña del actual mandatario, que esperaba utilizar los ingresos derivados de la renegociación de Itaipú en planes sociales y otros proyectos.


Oposición colombiana rechaza referendo reeleccionista

El pasado jueves se debatió en el senado colombiano el proyecto que convoca a un referendo que permitiría al actual presidente Álvaro Uribe aspirar a un tercer periodo de gobierno. El debate se efectuó en un ambiente donde prevaleció el ausentismo y la mayoría estaba integrada por legisladores de la oposición.
De esta manera congresistas opositores rechazaron la iniciativa popular e invitaron a votar negativamente o abstenerse de hacerlo el día que se convoque el mismo. Mientras que senadores de la coalición defendieron la propuesta y explicaron que no hay ningún vicio de forma en el trámite de la iniciativa.
Por su parte, el senador por el Polo Democrático, Gustavo Petro, advirtió que dicha iniciativa, que permite un tercer mandato presidencial de Uribe, llevará a Colombia a una dictadura, y dijo, “acá ustedes nos quieren invitar a acabar la democracia con una dictadura. Acá la tarea central es cómo defendemos la poca democracia que tenemos del advenimiento de una dictadura”.
El congresista liberal, Helí Rojas, se refirió a los efectos nocivos que el referendo tendría en contra del equilibrio entre las tres ramas del poder público, y declaró, "la concentración de poder hoy en día en manos del Presidente y su bancada se ha vuelto insoportable y antidemocrática".
Por otro lado, un grupo de constituyentes de movimientos políticos pequeños que se declaran uribistas señalaron que un tercer mandato sería nocivo para la democracia. Entre ellos, el senador Jorge Ballesteros manifestó, “ojalá nos dejaran ser uribistas sin ser reeleccionistas…hoy no estamos convencidos de la reelección, nos genera incertidumbre esa posibilidad de buscar un nuevo mandato, porque tienen razón los que expresan que un tercer mandato del Presidente, así tenga la venia del constituyente primario a través del referendo, altera el equilibrio de poderes”.
Por lo pronto, el próximo miércoles continuará el debate en el Congreso y luego el proyecto pasará a revisión de la Corte Constitucional que en 120 días deberá estudiar si existió algún vicio de procedimiento.


La deuda de Chile en Derechos Humanos

El pasado viernes el gobierno chileno se presentó por primera vez para el Examen Periódico Universal de la ONU, que evalúa el estado de los derechos humanos de los países cada cuatro años. Aunque el Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, expresó que Chile "había pasado el examen", según organizaciones no gubernamentales la presentación del gobierno fue muy poco autocrítica.
Entre los principales reclamos que hicieron varias delegaciones y ONGs, se instó al gobierno chileno a ampliar los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas; a mejorar la participación de las mujeres; a establecer una institución autónoma que defienda los derechos humanos, tal como lo hace la Defensoría del Pueblo en otros países; y se objetó la total penalización del aborto.
También se criticó la ambigua definición de tortura que existe en la Constitución chilena, que no se ajusta a los estándares internacionales, y la no derogación ni anulación del decreto de Amnistía, que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Con respecto a este último punto, la Cámara de Diputados chilena había aprobado el miércoles pasado, una moción que declara "imprescriptibles y no susceptibles de ser amnistiados" delitos contra los Derechos Humanos. Iniciativa que implica un importante avance en esta área y que será remitida al Senado, pese a las quejas de diputados opositores alegando que no fue aprobada con quorum constitucional.
Según la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección del Derecho de las Personas, Danae Mlynarz, el escaso avance que se ha dado entorno a ciertos aspectos fundamentales de los derechos humanos no se debe a un problema del Ejecutivo sino justamente, a obstáculos generados desde el Parlamento.


Epidemia de gripe y recesión económica en México

El pasado jueves el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció que México se encuentra en recesión económica, prevé una caída del 4,1 por ciento del PIB este año, y una pérdida de casi un millón de empleos.
Esto se da en un contexto de crisis financiera mundial. La economía interna mexicana es muy dependiente de Estados Unidos, que es su mayor socio comercial.
La situación se agrava debido a la epidemia de influenza A/H1NI -que ha dejado un saldo de 44 muertos y 1.204 contagios en el país-, que obligó al cierre casi completo de las actividades productivas y de servicios, lo que implica millones de dólares perdidos. Por lo que esta situación dañará durante varios meses el turismo internacional que es el tercer factor de entrada de divisas al país, y 10 por ciento de su PIB.
Sin embargo, Carstens confia en que a partir del segundo semestre de este año haya un repunte en el desarrollo del país. Por lo pronto pronosticó que ante ese panorama, se tendrá que estudiar cambios legales para ajustar el presupuesto anual, y analizar si aumentan los impuestos, recortan el gasto público y modifican la ley sobre las finanzas públicas.


Avanza, con desacuerdos, la posibilidad de modificar la Constitución en Honduras

Aunque la oposición hondureña se ha sumado a la idea oficial de convocar a una reforma constitucional, hay tres propuestas distintas que dividen al país centroamericano e implican fechas y procedimientos diversos.
El proyecto inicial fue presentado por el actual presidente hondureño, Manuel Zelaya, que propuso llevar a cabo una consulta popular el próximo 28 de junio. En ella se definiría si en noviembre, en vísperas de las elecciones presidenciales, se debe efectuar o no una votación paralela (denominada “cuarta urna”) para decidir sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.
En contraposición al gobierno, los opositores presentaron ante el Congreso dos proyectos paralelos. Mientras que el Partido Nacional propone consultar en una “cuarta urna” si el próximo gobierno debe convocar, a más tardar en julio del 2010, una asamblea constitucional; el minoritario partido de Unificación Democrática (UD) plantea que lo más conveniente es realizar la consulta en junio de este año, a fin de convocar a la asamblea antes de las elecciones de noviembre y no interferir con los comicios generales.
A pesar de las diferencias, la oposición ha cedido ante la idea de la reforma, que en principio rechazaba. Las principales críticas están centradas en considerar que la pretensión de Zelaya es perpetuarse en el poder, teniendo en cuenta que la actual Constitución prohíbe la reelección presidencial. Por el contrario, los adherentes al cambio indican que es la única manera de lograr una transformación que saque del atraso al país.
Por lo pronto, las elecciones generales están previstas para noviembre próximo, ya que Zelaya concluye su mandato el 27 de enero de 2010.