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Diarios en Bicicleta

Chávez da un giro a la política cambiaria de Venezuela


"Esta mañana estaban diciendo por radio, estos escuálidos, que hoy cumple Chávez tres años, que ya estamos listos para un referendo revocatorio… íDale clavo, compadre! Reto a la oposición a que vaya al referendo revocatorio. Los reto. Yo no tengo ningún miedo. Ellos están diciendo que Chávez cayó, que Chávez está en el suelo. íDale, pues! ¿Por qué no recogen firmas para un referendo revocatorio?", con estas palabras el Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, respondió a las feroces criticas llevadas a cabo por la oposición a su gobierno y defendió enérgicamente la decisión de devaluar la moneda nacional- denominada Bolívar- frente al dólar, para así sostener la competitividad del aparato productivo venezolano.
La idea de Chávez no es casual, ya durante su mandato (allá por agosto del 2004) se vivió una situación de crisis similar a la que esta padeciendo Venezuela en la actualidad y cuando muchos pensaban que el caudillo bolivariano estaba viviendo sus últimos días en el Palacio de Miraflores, los frentes opositores que buscaron desbancarlo a través de un referéndum se encontraron con una rotunda derrota: ya que Chávez fue ratificado en su cargo con 59,10 por ciento de los votos.
Ante el nuevo foco de tensión desatado a raíz del anuncio devaluatorio, el Mandatario no sólo desafió a sus detractores a que lo echen con un referéndum, sino que también le pidió a las Fuerzas Armadas que salgan a las calles para así impedir que ocurran “practicas especulativas” que conlleven a un incremento sostenido de los precios.
Este anuncio se produjo luego de que el pasado viernes el Palacio de Miraflores informará que la paridad cambiaria en el país va a pasar de un cambio fijo a uno de tipo desdoblado. El tipo de cambio de 2,60 bolívares por dólar se aplicará para la importación de productos "prioritarios", como alimentos, medicinas y maquinarias, mientras que el dólar a 4,30 se utilizará para importar productos considerados no prioritarios, como electrodomésticos, prendas de vestir y automóviles.

¿Crisis en el gabinete de Lula?

La iniciativa del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva; que tiene como objetivo crear una Comisión Nacional de la Verdad para así investigar los crímenes lesa humanidad cometida por la dictadura militar que manejo los designios de Brasil entre 1964 y 1985; como era de esperarse encontró una férrea oposición por parte del Ejercito, la oposición, la Iglesia Católica, el sector agropecuario y las empresas de medios de comunicación.
Pero lo que sorprendió a propios y extraños es que la renovada política de derechos humanos impulsada también dividió las aguas en el propio gabinete de gobierno.
A tal punto que dos Ministros, el de Defensa, Nelson Jobim, y el de Agricultura, Reinhold Stephanes, en los próximos días se reunirán con Lula para así tratar de concretar “cambios” en el proyecto de ley anunciado el pasado 21 de diciembre del 2009 .
De acuerdo a fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, la cúpula militar – los cuales en su momento amenazaron en renunciar luego de que se oficializara la puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad- pretende que también sean investigados los supuestos delitos llevados a cabo por la resistencia armada al gobierno de facto.
Por su parte el diario Folha de S. Paulo informó ayer que el ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannucchi, podría renunciar en caso de que Lula cediera a la presión de Jobim y Stephanes.
"No se puede poner en el mismo nivel a torturadores y torturados. Unos actuaron ilegalmente, con respaldo del Estado, y los otros fueron juzgados, presos, desaparecidos y muertos", afirmó el titular de la cartera de DDHH.
Vanucchi recordó que el propio presidente Lula da Silva fue juzgado y condenado a tres años de prisión (pena revisada y no aplicada) por liderar la huelgas en las fábricas paulistas contra la dictadura militar en 1978."El presidente Lula es constructor de caminos intermedios. Pero si no eso posible, no puedo quedarme", señaló el funcionario.
Por el momento el Palacio de Planalto no se ha expedido oficialmente acerca de esta crisis, se espera que el propio Presidente – una vez que regrese de sus vacaciones- se encargue personalmente de bajar los decibeles del conflicto desatado.

Colombia: familiares de victimas de ejecuciones extrajudiciales acudirán a la Corte Penal Internacional


Luego que un juez el pasado jueves disponga la libertad de los diecisiete militares implicados en la denominada “Masacre de Soacha”, debido al vencimiento de los tiempos legales con que contaban los fiscales para así acusar de manera formal y llamar a juicio a los implicados, los familiares de las victimas de los mal denominados “falsos positivos” anunciaron que acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI) para evitar que esos crímenes queden en la impunidad.
Lilia Solano, directora de la organización de derechos humanos Justicia y Vida, señaló que a pesar de la orden del gobierno de Álvaro Uribe de recluir en un batallón a los militares liberados, los familiares de las víctimas decidimos enviar una carta a La Haya remarcando que “esta es ya una prueba de que no habrá justicia y de que tienen que activarse los mecanismos de las cortes internacionales” para así conocer realmente lo sucedido a los jóvenes de Soacha, los cuales fueron reclutados bajo engaño a comienzos de 2008 y sus cadáveres luego aparecieron en fosas comunes del noreste de Colombia, donde estaban registrados como guerrilleros muertos en combate.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó el pasado viernes su preocupación por el rumbo que puedan tomar las causas sobre las más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales denunciadas en el país, tras la excarcelación ordenada por la justicia de los 17 militares que se encuentran implicados en la “Masacre de Soacha”.
El candidato a Presidente del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, también arremetió contra el polémico fallo y consideró que la Fiscalía cometió un grave error al procesar a los uniformados por homicidio: “cuando en realidad tendría que haberlos imputados por la comisión de delitos de lesa humanidad”.
"Una vez se demuestre que la justicia colombiana no quiere o no puede (...) entonces entra la justicia complementaria”, aseguró Petro, quien remarcó que “la muerte sistemática de cientos de jóvenes a manos de oficiales del Ejército de Colombia es "indudablemente un delito de lesa humanidad" y por eso la Corte Penal Internacional puede tener competencia en este caso”.

Evo ahora va por los trenes

Desde que llegó al poder en el año 2006, el Presidente Evo Morales llevó adelante una fuerte política nacionalizadora que tenía el objetivo de- a diferencia de lo que predicaban las políticas neoliberales que saquearon Bolivia durante la década del noventa) recuperar las empresas estratégicas del Estado: para así tratar de llevar una política social redistributiva que mejore las condiciones de vida de los bolivianos.
Primero fueron los hidrocarburos, luego las telecomunicaciones, el servicio de energía eléctrica, y ahora en el 2010 le tocó el turno a los ferrocarriles.
Según reprodujo recientemente la agencia noticiosa estatal ABI, un equipo técnico del viceministerio de Transporte trabaja el traspaso "de una manera seria" de los ferrocarriles a manos estatales, para que funcionen dentro del sistema de carga y de traslado de pasajeros.
El ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, anunció que para la nacionalización del sector se cristalice más rápidamente se procederá a la creación de la Empresa Boliviana de Ferrocarriles, la cual tendrá el objetivo de mejorar el estado de la ruta occidental del país para así unir oriente con occidente.
“De manera que esta va a ser una inversión muy fuerte porque estamos hablando de una recuperación de la vieja ruta pero también, de un nuevo corredor ferroviario de Este-Oeste para el traslado esencialmente de hierro…No se tiene el cálculo de cuánto va a costar el traspaso pero sólo la interconexión costará 2 mil millones de dólares con financiamiento estatal y crédito externo", remarcó Delgadillo.
De esta manera todo parece indicar que a 16 años de las privatizaciones impulsadas por Gonzalo Sánchez de Losada, quien hoy en día se encuentra guarecido en EEUU para así evitar responder ante la justicia boliviana por su responsabilidad en el genocidio cometido en Octubre del 2003(en la mal llamada “Guerra del Gas”), finalmente el Estado Boliviano volverá a tomar control de los ferrocarriles.

Mujica busca un acuerdo con los ambientalistas para levantar el bloqueo del paso fronterizo


De cara a la Asunción del próximo 1 de marzo, el Presidente electo de Uruguay, José Mujica, de manera silenciosa viene trabajando en pos del levantamiento del bloqueo del puente internacional General San Martín, que los ambientalistas entrerrianos de Gualeguaychú llevan adelante desde hace tres años y dos meses como forma de reclamo por la instalación de la fabrica de celulosa Botnia, de capitales finlandeses, en la vera del Río Uruguay.
El canciller uruguayo, Pedro Vaz, reconoció que el flamante Mandatario actualmente esta manteniendo contactos con miembros de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú para finalmente tratar de encontrar un camino de salida a la crisis diplomática desatada entre los dos países del Río de La Plata.
Al ser consultado sobre la conveniencia del diálogo entre Mujica y los activistas argentinos, Vaz afirmó "todo aporta, Uruguay tiene un objetivo muy claro, todos coincidimos y coadyuvamos a la búsqueda de una solución consensuada”.
De acuerdo a versiones dadas a conocer por la publicación Ultimas Noticias, el “Pepe” aspiraría a que en su primer mes de gestión se pueda levantar el corte que impide el paso entre las ciudades de Gualeguaychú y de Fray Bentos.
No obstante el optimismo de parte del lado uruguayo, miembros de la Asamblea Ambientalista rápidamente salieron a desmentir la existencia de una reunión formal con Mujica y anunciaron que la protesta continuará "por lo menos" hasta que se expida la Corte Internacional de La Haya sobre el tema.
La CPI en las próximas semanas dará a conocer se veredicto sobre la denuncia presentada por la Argentina, mediante la cual La Casa Rosada acusó formalmente al gobierno uruguayo de violar lo estipulado en el Estatuto del Río Uruguay, un tratado binacional firmado en 1975 que regula los usos, actividades y conservación del afluente que divide a las dos naciones.