A raíz de un nuevo escándalo, se profundiza la crisis institucional en Colombia

Diarios en Bicicleta.

El pasado lunes 25 de agosto, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el jurista argentino Luís Moreno Ocampo, llegó a Colombia interesado en determinar como el gobierno de ese país garantizará el derecho de reparación a las víctimas de los paramilitares, sobre todo luego que los 15 principales jerarcas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueran extraditados a los Estados Unidos en el pasado mes de mayo.

Según Moreno Ocampo hay que estudiar "caso por caso" el motivo de estas extradiciones, para poder así determinar que finalmente no terminaron obstruyendo el accionar de la Justicia colombiana que busca condenar los crímenes cometidos por los paramilitares.
Asimismo el representante de la CPI se mostró interesado en conocer los avances logrados en el marco de la causa judicial que investiga la “parapolítica”, o sea a los integrantes del sistema político que aprovecharon la impunidad que gozaban los “paras” para obtener un rédito propio. Para el fiscal revelar esas estructuras políticas va a “prevenir el resurgimiento futuro de otras asociaciones criminales".
Ni bien llegó a territorio colombiano, una de las primeras cosas que hizo Luís Moreno Ocampo fue reunirse con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los cuales están encargados de llevar adelante la investigación de la “parapolitica”. Una causa que ha llevado a la cárcel a más de treinta de congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la bancada oficialista.

La Corte Suprema denunció que el gobierno colombiano estaría fraguando un complot para obstaculizar las investigaciones de la parapolítica. Fuente: cambio.co

En el encuentro el fiscal de la CPI les planteó a los magistrados el siguiente interrogante: ¿La Corte tiene las suficientes herramientas y garantías para castigar a los responsables -y los cómplices- de los delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia?
La respuesta de los representantes de la CSJ hizo hincapié en tres puntos específicos. Primero relataron las distintas maniobras emprendidas por los cabecillas paramilitares, como por ejemplo las constantes amenazas y coacciones a jueces del más alto nivel, con el fin de poder garantizar su impunidad.
En segundo lugar, los jueces colombianos describieron los duros ataques que han debido soportar en estos últimos tiempos. Argumentaron que desde distintos sectores han llevado adelante una campaña difamatoria y que exponentes máximos del gobierno de Álvaro Uribe se han plegado a este complot que busca deslegitimar sus fallos en relación al escándalo de la parapolítica.
Por último los magistrados de la Corte resaltaron que la extradición de los líderes paramilitares a los Estados Unidos afectó no sólo al proceso de la parapolítica, sino también al de Justicia y Paz.Recordaron que en su debido momento le pidieron al Gobierno privilegiar los derechos de las víctimas sobre los de los victimarios. Pero la Casa de Nariño insistió en entregar a los principales testigos y protagonistas de delitos de lesa humanidad a un tercer país, en donde serán juzgados por un delito de menor gravedad: narcotráfico.
En este sentido el reconocido juez español, Baltasar Garzón, instó al gobierno de que aún no envíe a los Estados Unidos a Ever Velosa-alias “HH”-, integrante de las AUC que ha revelado ante la Justicia la ubicación de distintas fosas comunes en el territorio colombiano.
Desde un baldío de la localidad de Las Cañas -departamento de Urabá-, donde concurrió junto a Moreno Ocampo a la exhumación de restos humanos de victimas de los paramilitares en la región, Garzón enfatizó en la necesidad de que “los organismos del Estado y la Justicia no dejen ir a los implicados en los procesos de Justicia y Paz antes de que terminen de decir la verdad al país y a las víctimas”.
Asimismo propuso repatriar temporalmente a los “paras” extraditados, para que de esta manera puedan seguir compareciendo ante la justicia colombiana por sus crímenes. No obstante esto, el juez de la Audiencia Nacional Española manifestó que no tiene interés en intrometerse en los asuntos internos de Colombia y que su única preocupación es “acompañar los procesos de Justicia y Paz”.

Nuevo escándalo distancia aún más a Uribe con la Corte Suprema

Como era de esperarse, funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe rápidamente salieron a la prensa a rechazar que estén llevando adelante un “complot” contra la Corte Suprema.

El gobierno de Uribe está bajo la mira de la CPI a raíz de la extradición de los jerarcas paramilitares a los EEUU. Fuente: AP

A pesar de esta desmentida, el conflicto entre la administración uribista y la CSJ se profundizó aún más luego que la prensa revelara que el abogado del extraditado líder paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, y el hoy abatido vocero de los “paras” desmovilizados, Antonio López-alias “Job”-, concurrieron a la Casa de Nariño para otorgarle información al Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y al jefe de Prensa del Poder Ejecutivo, César Mauricio Velásquez, sobre supuestas “negligencias en el manejo de testigos” cometidas por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la parapolítica.
Esta situación llevó a que el Presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, denuncie que el gobierno de Álvaro Uribe estaría fraguando un complot en contra del ente investigador encargado de determinar los alcances del paramilitarismo en el sistema político colombiano.
“Algunos sectores del Gobierno están interesados en desprestigiar a la Corte, esto significa una convivencia entre asesores y criminales para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia”.
El magistrado Ricaurte, quien presentó una denuncia formal al respecto ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional Luís Moreno Ocampo, no entiende como es posible que se reúnan “los Secretarios Jurídico y de Prensa del Palacio Nariño con un reconocido paramilitar, en donde todo el país sabe que pertenece a una organización al margen de la ley… Es inaudito e inconcebible en un Estado de Derecho”.
El Presidente Álvaro Uribe, en una conferencia de prensa, afirmó que efectivamente existió la reunión entre los funcionarios Del Castillo y Velásquez con los representantes de los paramilitares. La misma no fue “clandestina” y como la información que entregaron no fue considerada revelante, finalmente no se informó a las autoridades judiciales
“Nosotros no tenemos interés de enlodar a los magistrados, si lo tuviéramos lo que hubiéramos hecho era publicar lo que dijeron estas personas, que venían a traer unas pruebas que acreditaban presiones de investigadores de la Corte para que se declarara contra el Presidente de la República”.

Dos ex Presidentes salen en defensa de la Corte

Las explicaciones de Uribe no convencieron a los políticos opositores a su gobierno. Es más, dos ex Presidentes de Colombia salieron en estos días a repudiar la actitud de la administración uribista hacia la Corte Suprema de Justicia.
La semana pasada el ex presidente conservador, Andrés Pastrana, envió una carta al alto tribunal donde evidenció su preocupación porque “desde distintos frentes se intenta entorpecer y obstruir la debida aplicación de justicia mediante ataques injustificados que parecen ser parte de una cuidadosa estrategia de desprestigio contra nuestra Corte, con el único fin de evitar que se haga justicia y se condene a los responsables por la infiltración de los grupos paramilitares… en la vida política del país”.
A estas críticas se sumó el Presidente del Partido Liberal, Cesar Gaviria, quien le aconsejó al gobierno abstenerse de presentar los proyectos de reforma a la Justicia, ya que el Ejecutivo no tiene “autoridad moral para impulsar ese tipo de iniciativas”, más aún si están en juego facultades inherentes de la Corte Suprema.

El ex presidente Gaviria repudia la actitud de Uribe contra la Corte Suprema. Fuente: casaamerica.es

Para Gaviria, en vez de atacar la Corte, Uribe debería dedicarse a colaborar con la Fiscalia para así esclarecer “las manipulaciones que desde Palacio se han montado contra la Corte Suprema en connivencia con los paramilitares. Y debería actuar con la compostura y el equilibrio necesario para que le eviten al país una investigación formal practicada por la Corte Penal Internacional a nuestras autoridades, por las obstrucciones a las acciones de nuestra justicia por delitos de lesa humanidad”.
El ex Mandatario remató argumentando que el estado de derecho en Colombia hoy en día está en grave peligro, por culpa de un “Presidente que quiere silenciar y subordinar a cada uno de sus contradictores, a los periodistas y a los otros poderes”.

Matias Mongan

Repudio en Latinoamérica a la vuelta de la cuarta flota

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El pasado 1 de Julio, el ejército estadounidense reactivó la cuarta flota con el fin de patrullar las aguas de América Latina y el Caribe.
Horacio Ballester, del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), analiza el rol de las flotas aeronavales en el esquema militarista propiciado por los Estados Unidos en distintas partes del mundo.

Audio Horacio Ballester, del Centro de Militares para la Democracia: “La flota es la subdivisión que hace la marina de Estados Unidos para asignarle sectores a sus naves en diversas partes del mundo. Así como nosotros tenemos los cuerpos de ejército, los norteamericanos para su marina tienen sus flotas. La séptima está por ejemplo en el Océano Pacifico evitando que China ocupe Taiwán , la segunda creo que anda por el Golfo Pérsico, hay otra en el Mediterráneo, en fin está todo cubierto.”

De acuerdo al Pentágono, la reactivación de la cuarta flota, que nació en la década del cuarenta en el marco de la lucha contra la amenaza nazi-fascista, representa un claro “mensaje” para Venezuela y al “resto de la región”.
En los últimos años, como consecuencia del proceso de integración sociopolítica en Latinoamérica, la presencia militar estadounidense en la región ha decrecido paulatinamente.
La decisión del Presidente ecuatoriano Rafael Correa de no renovar la concesión norteamericana en la base aeronaval de Manta fue un golpe importante para el esquema militarista de Washington

Audio Sean Mccormack, Vocero de EEUU: “La decisión de cerrar cuatro locaciones fue decisión soberana de ecuador. Nosotros notamos, sin embargo, que la clausura dejará una serie brecha en los esfuerzo de Estados Unidos y sus socios para enfrentar el tráfico de drogas ilegales en la región.“

El gobierno ecuatoriano puso en duda el éxito de la ayuda antinarcóticos otorgada por EEUU.

Audio Gustavo Larrea, Ministro de Seguridad de Ecuador: “Pero es importante ver que Ecuador, un país que más allá de la existencia de la base de Manta ha tenido una política antinarcóticos, y que los éxitos alcanzados no se ven con la presencia de esta base”.

El Pentágono remarcó que la reactivación de la Cuarta Flota servirá para demostrar el compromiso de Estados Unidos con sus socios regionales, entre los que se destaca Colombia: país receptor de la mayor ayuda militar estadounidense en la región. Fondos utilizados para financiar la lucha contra el “narcotráfico” y las FARC.

A pesar de que el gobierno de George W. Bush asegura que la puesta en marcha de la cuarta flota se trata de un simple ajuste operacional sin intenciones agresivas, distintos gobiernos de Latinoamérica repudiaron la iniciativa por considerarla “intervencionista”.

La reactivación de la cuarta flota puso en alerta a toda la región.
Fte: www.elrevolucionario.org

No obstante la actitud estadounidense hacia su gobierno, el Presidente venezolano Hugo Chávez dijo estar tranquilo y enfatizó que la Revolución Bolivariana posee la capacidad armamentística suficiente para defender su soberanía.

Audio Hugo Chávez, presidente de Venezuela: “Ya tenemos veinte y pico aviones sukhoi, impresiónate verlos a todos alineados. Yo pronto voy a volar en un avión sukhoi, estoy haciéndolos cursitos introductorios. Vamos a disparar el primer misil. Primer misil, ese es un escudo, que viene una flota, bueno aquí tenemos nuestra flotita aquí también, no se crean que estamos aquí amarrados.”

Por su parte, el Ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Brasil, Roberto Mangabeira Unger, anunció que a raíz de la reactivación de la Cuarta Flota Brasilia reforzará su escudo de defensa para repeler las agresiones e intimidaciones de potencias extranjeras.
El Presidente Lula da Silva pretende reorganizar las Fuerzas Armadas con el fin de patrullar las costas brasileñas, donde en estos últimos tiempos se descubrieron importantes reservas de petróleo.

La reactivación de la Cuarta Flota representa una verdadera amenaza de desestabilización para la región ya que a través de esta iniciativa el gobierno estadounidense se garantiza la posibilidad de intervenir militarmente en cualquier rincón de Latinoamérica.

La difícil odisea que deberá enfrentar el gobierno de Lugo

Paraguay presencia esperanzado el cambio de gobierno, sin embargo son muchos los retos que éste deberá afrontar para lograr las transformaciones estructurales en el país.

Con voz firme y ante la mirada atenta de miles de paraguayos, Fernando Lugo asumió el nuevo mandato. Su discurso duró algo más de media hora, fue en español y en guaraní, y expresó lo que muchas veces dijo en campaña: su objetivo es terminar con la corrupción, combatir la pobreza y el analfabetismo, en un gobierno que sea incluyente, honrado y austero. La vestimenta sencilla que lucía, subrayaba ésta última aspiración, así como sus declaraciones anteriores de renunciar al sueldo como mandatario.

Lugo se erige como la esperanza de un pueblo cansado de atropellos y vejaciones, que aunque expectante, sopesa el futuro con cautela. Sin lugar a dudas, el ex obispo simboliza un triunfo: el de derrotar a un partido, el Colorado, enquistado en el poder desde hace poco más de seis décadas. Y es un doble triunfo, porque la derrota se dio en las urnas, en unas elecciones donde la concurrencia fue masiva: un 66% de participación ciudadana.

Una “mochila” pesada

La asunción de Lugo es, no hay duda en ello, un cambio histórico. ¿Podrá el cura devenido en político estar a la altura de las expectativas? La respuesta tendrá lugar en los próximos meses, mientras tanto el mandatario deberá enfrentar varios retos que pondrán en jaque su audacia como líder.

El primero será reflotar importantes empresas estatales cuyos números están en rojo y su productividad en cero. Principalmente Petropar, empresa petrolera estatal que adeuda unos 300 millones de dólares y está declarada en quiebra y la INC (Industria Nacional del Cemento) cuya producción está paralizada. También están en situación de riesgo el Ferrocarril, Capasa (Cañas Paraguayas Sociedad Anónima), Essap (Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay), ANDE (Administración Nacional de Electricidad) y Copaco (Compañía Paraguaya de Comunicaciones), entre otras. Muchas de estas empresas no sólo requieren una reestructuración sino también una inyección de nuevos capitales para salir de la parálisis en que están inmersas.
Otro desafío, no sólo importante sino también urgente, es el de encontrar una solución al conflicto por las tierras que se da en las zonas rurales del país. Miles de familias campesinas, sumidas en la extrema pobreza, reclaman una reforma agraria a fin de obtener un terreno propio. El plan del gobierno es realizar un catastro nacional para determinar la propiedad de las tierras y realizar la reforma agraria respetando “la Constitución, las leyes y el Estatuto Agrario”, como afirmó el flamante presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Alberto Alderete.

Lugo saluda luego de recibir el bando presidencial

Pero aunque el gobierno apueste al diálogo entre propietarios y campesinos, éstos últimos exigen medidas inmediatas. "Lugo nos prometió que apenas asuma el gobierno nos dará la tierra, ya sea por vía de expropiación sin costo o por la compra directa a sus propietarios", comentó Luis Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC). Esta presión de las organizaciones campesinas, hace necesario que las medidas sean urgentes para dar un principio de solución al conflicto y evitar nuevas invasiones masivas de tierras, metodología utilizada en las últimas protestas.

Por otra parte, otro de los grandes retos del nuevo gobierno es el de reducir la pobreza de un país donde, en el 2005, el 60.5 de la población vivía en la pobreza y 32.1 en la indigencia, según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Para ello, el gobierno buscará diversificar la economía nacional que depende excesivamente del cultivo de soja y apostará a la renegociación de los contratos de las centrales hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yaciretá con los gobiernos de Argentina y Brasil. Con lo cual, Lugo pretende aumentar en 1.800 millones de dólares las ganancias, los cuales destinaría a un plan social integral para generar nuevos empleos, otorgar créditos a la producción e invertir en infraestructura, salud y educación, entre otras cosas.

Asimismo, complicando aún más el panorama, el nuevo gobierno hereda un país con estructuras estatales corruptas, donde la malversación de capitales estatales fue moneda corriente durante décadas. Siendo consciente de ello, Lugo expresó poco después de recibir la banda presidencial: "Hoy termina un Paraguay exclusivo, secretista, con fama de corrupción. Hoy se inicia la historia de un Paraguay cuyas autoridades y pobladores serán implacables con los ladrones de su pueblo, con acciones que nublen la transparencia y con aquellos pocos dueños feudales de un raro país del ayer enclavado en el presente".

Finalmente, y no por ello menos importante, Lugo deberá enfrentar los conflictos en el seno del propio gobierno. Con una minoría en el Congreso y siendo parte de una coalición de fuerzas, el mandatario deberá equilibrar las diferencias que surjan entre los movimientos que lo llevaron al poder. Ya su vicepresidente Federico Franco, líder del histórico Partido Liberal Radical Auténtico, expresó su desacuerdo en los nombramientos otorgados por el mandatario: “Si este partido fue el que aportó el gasto, si tiene casi el 80% de los votos del presidente Lugo, tenemos sólo tres o cuatro ministerios. Obviamente no se compadece con el resultado electoral”. Y aunque Franco enfatizó que respeta la decisión del Presidente y que la relación con él es cordial, esta primera desavenencia es un signo de los difíciles tiempos por venir en un gobierno heterogéneo en su conformación.
Los 12 convenios de cooperación firmados con Chávez son el primer paso para fortalecer el vínculo entre Paraguay y Venezuela.

Alianzas y desafíos en la región

No es casual que en su primer día de gobierno (en la ciudad de San Pedro en el departamento más pobre del país del que fue obispo católico durante diez años), Lugo estuviese en compañía de su par venezolano. En efecto, el encuentro con Chávez resalta la intención de ambos países de afianzar su cooperación. El cambio de signo en Paraguay significa un importante impulso hacia la integración regional y al fortalecimiento del Mercosur como herramienta para lograrlo.
Sin embargo, incluso en el terreno de las relaciones internacionales Lugo tiene desafíos importantes. No sólo la renegociación de Itaipú y Yaciretá sino el reto de lograr limar las diferencias que amenazan la unión del bloque. Paraguay viene reclamando junto a Uruguay una mayor simetría en el intercambio y cooperación de los miembros, ambos países se ven perjudicados por las medidas arancelarias dictadas por los grandes del sur, Argentina y Brasil.
Con la presencia de Chávez durante su primer día de gobierno, Lugo consolidó una alianza estratégica y necesaria de colaboración para las mejoras de Paraguay. Los mandatarios firmaron 12 convenios de cooperación en materia de energía, tecnología, comercio, educación y salud.
En este sentido Chávez expresó que deseaba “cumplir al pie de la letra” los convenios firmados, ratificó su apoyo al nuevo gobierno y afirmó "vamos a suministrarle a Paraguay todo el petróleo que necesite". A cambio de ello es importante para el mandatario venezolano que el nuevo Congreso paraguayo ratifique el ingreso de Venezuela al Mercosur, trámite que está demorado desde hace tiempo.

Lo cierto es que Lugo deberá realizar cambios estructurales para lograr enfrentar el difícil panorama de su país, cuya situación no es mucho mejor que la que debe enfrentar Morales en Bolivia. Para ello no sólo será una carta clave el apoyo de la coalición que lo llevó al poder sino, por sobre todas las cosas, el aval del pueblo paraguayo.

Laura Elisandro

A raíz de las secuelas de la parapolìtica, Uribe arremete contra la Corte Suprema de Justicia

Diarios en Bicicleta.

Tal como lo reveló el diario colombiano el Nuevo Siglo, en el pasado mes de junio el Fiscal de la Corte Penal Internacional(CPI), Luis Moreno Ocampo, le envío una carta al gobierno colombiano de Álvaro Uribe solicitándole explicaciones sobre dos aspectos clave en materia de derechos humanos.
El magistrado argentino está interesado en conocer como, frente a la extradición de los principales cabecillas paramilitares a las cárceles de Estados Unidos, se logrará asegurar “el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la Corte Penal Internacional".
Asimismo Ocampo, en una clara referencia al escándalo de la “parapolìtica”, pretende que Bogotá se exprese sobre la metodología que adoptará para determinar la responsabilidad en los crímenes de los "dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente vinculados a los grupos paramilitares desmovilizados".
De acuerdo al estatuto de Roma, norma que es considerada como el acta fundacional de la CPI y entró en vigor el 1 de julio del 2002, el Tribunal Internacional de la Haya podría juzgar a los protagonistas de crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado colombiano (en este caso sería a los principales jerarcas de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC-) si se comprueba la figura jurídica de “justicia aparente”, o sea si el sistema judicial colombiano no demuestra la diligencia suficiente para juzgar a los “criminales” acusados.
Hay que recordar Luis Moreno Ocampo estuvo de visita durante Octubre del año pasado en Bogotá y en una entrevista con el diario El Tiempo contundentemente afirmó que "Colombia firmó un convenio-el estatuto de Roma- y si no lo hace cumplir lo tiene que hacer cumplir la Corte. Si el estado nacional no garantiza que no habrá impunidad, la comunidad internacional lo va hacer".

El fiscal Luis Moreno Ocampo se mostró preocupado por saber como se garantizara el derecho de reparación a las víctimas de los paramilitares en Colombia. Fuente: Diario Perfil.

En esa ocasión, el Presidente Álvaro Uribe le reveló al jurista argentino que estaba estudiando la posibilidad de levantar el veto de más de siete años que actualmente impide la aplicación del estatuto de Roma en el país latinoamericano. A pesar de lo sostenido por el Mandatario la inhibición todavía continua vigente, impiéndole así a la CPI condenar las violaciones al derecho internacional humanitario que se pueden llegar a producir en Colombia.
En estos días el gobierno de Álvaro Uribe está preparando una respuesta concertada a la carta de Luis Moreno Ocampo.
Para la Casa de Nariño siempre es delicado responder sobre las acusaciones a los paramilitares y los nexos que éstos mantuvieron con parlamentarios del Congreso: muchos de ellos integrantes de la coalición oficialista.
Para el ex senador Jimmy Chamorro, uno de los principales impulsores para lograr la vinculación de Colombia al estatuto de Roma, los interrogantes planteados en la carta de Moreno Ocampo representan un verdadero campanazo de alerta para la administración uribista.
"Cuando la Corte Suprema de Justicia le pidió al presidente Uribe información sobre el tema de los extraditados, éste lo tomó de manera displicente y folclórica. Y ahora que es la Corte Penal Internacional la que hace el mismo requerimiento, el Gobierno no puede volver a tomarlo a la ligera".
Es más cuando la Corte Suprema de Justicia(CSI) le preguntó al Presidente sobre las motivos de la extradición a los Estados Unidos de los principales jerarcas de las AUC; una medida que a la postre contribuyó a entorpecer el proceso judicial que investiga los alcances de la parapolìtica; el Mandatario no sólo no dio las razones de la medida adoptada, sino que también comenzó una sistemática campaña de desprestigio para así denigrar la actividad de los jueces que investigan la influencia de los “paras” en el sistema político colombiano.

Salvatore Mancuso es uno de los líderes paramilitares que fue extraditado a los Estados Unidos el pasado 13 de mayo. Las AUC están acusadas de la desaparición de cerca de 15.000 personas en Colombia. Fuente: AP.

El pasado miércoles 13 de agosto, en una reunión con congresistas aliados a su gobierno, Álvaro Uribe enfatizó en la necesidad de impulsar una reforma al sistema de justicia con el fin de poder terminar con el “roscograma”, un supuesto sistema clientelista impulsado por los magistrados que consistiría en el nombramiento de familiares y amigos de los jueces en distintos cargos de Tribunales.
El ataque estaba dirigido principalmente a los integrantes de la Corte Suprema, los cuales no sólo están llevando adelante la causa de la parapolìtica, sino también la yidispolìtica. Un escándalo suscitado a raíz de las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, quien actualmente está en prisión, quien denunció que recibió sobornos para votar a favor en el año 2004 de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial de Álvaro Uribe.
De acuerdo a Jaime Arrubla, vocero de la Corte, las declaraciones de Uribe obedecen a que hoy en día la mira de la Justicia está puesta sobre el accionar de importantes personajes públicos, muchos de ellos vinculados al gobierno. "Esa es la estrategia, si no me puedo defender desprestigio al juez, formo un nido de víboras y pesco en río revuelto".
Como nunca en la historia “de la república había existido un proceso de tanta trascendencia política", en una clara alusión al escándalo de la parapolìtica, la Corte Suprema en estos últimos meses ha estado sometida a un “ataque permanente” de parte de otros sectores del Estado.
Arrubla afirmó que los principales impulsores de esta campaña son los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para finalizar el magistrado no descartó que de persistir esta situación la Corte llevara ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Tribunal de la Haya los ataques del gobierno colombiano a raíz de las investigaciones de la parapolìtica.

Álvaro Uribe viene apuntando sus cañones contra la Corte Suprema, aduce que los magistrados están “manipulando a los testigos” en el marco del proceso judicial que investiga la parapolìtica. Fuente: Cambio.co

El opositor Partido Liberal Colombiano, en un comunicado firmado por su titular el ex Presidente Cesar Gaviria, le exigió al Presidente Álvaro Uribe que deje de "propalar especies que más parecen vagos rumores que acusaciones" contra la Corte Suprema de Justicia.
Según Gaviria es necesario respaldar fuertemente a la Corte en este momento, ya que “ello es esencial para la preservación del Estado Social de Derecho, consignado en la Constitución de 1991, en el cual los contrapesos democráticos son parte fundamental de la democracia colombiana".
A raíz del escándalo de la parapolìtica, el conflicto entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema no parece tener visos de solución por ahora. El presidente, que goza de altos índices de popularidad en su país, debe entender que la separación de poderes es clave para el funcionamiento del sistema democrático. Por eso es inadmisible que ataque-y encima sin presentar pruebas tangibles- a la CSI por el simple hecho de estar en desacuerdo con fallos judiciales que por ahora han llevado a la cárcel a más de treinta congresistas y que amenazan con poner en jaque a la coalición política que respalda a su gobierno.

Matias Mongan

Perú consiguió el respaldo de la CAN para la implementación de su TLC con los Estados Unidos

Diarios en Bicicleta.

A raíz de la modificación de la normativa sobre propiedad intelectual en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el gobierno de Alan García en poco tiempo podrá poner en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. El único que se opuso a la medida sancionada fue Bolivia, a través de su embajador David Choquehuanca: "No estamos de acuerdo con los tratados de libre comercio, respetamos la posición del Perú, pero también pedimos que se nos respete. Pedimos que respeten la normativa andina".
Peter Romero es uno de los tantos asesores que posee el candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama. Argumentado que los TLC permiten “diversificar” la economía, Romero afirma que el acuerdo económico sellado con Perú a comienzos de este año no será revisado en caso Obama asuma la Presidencia.
A raíz de este anuncio, el gobierno del ahora neoliberal Alan García concurrió a la reunión de la CAN con el firme propósito de modificar la normativa andina (Decisión 486) en materia de propiedad intelectual y patentes: uno de los pocos “escollos” que le quedan a Lima para poder así implementar su TLC.

Alan García quiere una total integración económica con Estados Unidos. Fuente: AP.

Bolivia es el único país integrante de la Comunidad Andina que se opone a la intención de modificar las leyes inherentes a la propiedad intelectual. De acuerdo al embajador de Relaciones Económicas, Pablo Solón, Perú el 11 de julio del 2004 avaló la aprobación de la decisión 598, una norma que regula las relaciones comerciales que las naciones miembros de la CAN pueden establecer con terceros países.
"El artículo 2 de la normativa andina señala que los países miembros que adelanten negociaciones bilaterales con terceros países deberán preservar el ordenamiento jurídico andino".
En relación con las secuelas del TLC firmado por el gobierno de Alan García con los Estados Unidos, Solón señaló que la administración peruana ahora pretende “ampliar la protección a la propiedad intelectual de las grandes empresas. Nosotros para obtener una patente requerimos 12 meses, ellos dicen 14 meses… El vecino país pidió modificar 17 artículos de la normativa andina, los mismos que afectan a los intereses de Bolivia".

El embajador de Relaciones Económicas de Bolivia, Pablo Solón, fue uno de los principales opositores a la modificación arbitraria de la “Decisión 486”. Fuente: AFP.

A pesar de estos reclamos del gobierno de Evo Morales, en la madrugada del jueves 14 de agosto Perú logró por mayoría absoluta modificar la normativa relacionada a la propiedad intelectual y patentes.
Para que esto se pudiera llevar a cabo fue necesario que Lima consiguiera el respaldo de los restantes integrantes de la Comunidad Andina de Naciones: Ecuador y Colombia.
"Esta madrugada, a las dos de la mañana, se tomó la decisión. La misma se logro gracias al apoyo permanente de Colombia y Ecuador a favor de Perú, para así modificar la decisión 486," afirmó a la radioemisora local RPP la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz.
Esta resolución le da luz verde al gobierno de Alan García para poner en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, una medida considerada clave para así “consolidar” el andamiaje neoliberal.
Siguiendo el modelo de economía de mercado chileno, hoy en día Perú goza de una bonanza económica producto de la rentabilidad suscitada por la exportación de recursos mineros en el mercado mundial.
Esto junto a índices macroeconómicos sólidos, ha llevado a que el Presidente García en más de una ocasión se jacte de remarcar que su gestión ha provocado una suerte de “milagro peruano”.
¿Sería bueno preguntarse porque a pesar de cumplir con todos los lineamientos planteados por el modelo neoliberal, Alan García recientemente cumplió sus dos años de mandato con sólo un 26 por ciento de popularidad?
La respuesta a esta “paradoja” la encontraremos en la falta de distribución de la riqueza. La población no entiende como mientras todavía alrededor del 40 por ciento de los peruanos viven debajo de la línea de la pobreza, el gobierno de su país se jacta ante la comunidad internacional (y sobre todo ante la región latinoamericana) del éxito de su modelo económico.
Además hay que decir que la sobredependencia de las exportaciones mineras representa pan para “hoy y hambre”. Porque a pesar que hoy en día productos como el oro y el cobre se pagan muy bien en el mercado mundial, estos recursos en un futuro se pueden llegar a terminar.
Además hay que enfatizar que Perú se queda con muy poco de la extraordinaria renta producida por la minería. A pesar que el gobierno consensuo con las empresas transnacionales el pago de 757 millones de dólares en concepto de regalías a lo largo de cinco años, en sólo el año 2006 las cinco principales mineras extranjeras que operan en Perú obtuvieron utilidades netas por alrededor de 2.800 millones de dólares.
Estas son las verdades incómodas del llamado “milagro peruano”.
Como por ejemplo decir que seguramente la puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos representará un “golpe mortal” para el campesinado que se dedica a la producción agropecuaria en Perú. Cuando las dos economías liberalicen sus mercados, los productores latinoamericanos no podrán competir con los productos agrícolas estadounidenses: los cuales reciben importantes subsidios de parte de la administración de George W. Bush.
Matias Mongan

¿Cuál es el escenario en Bolivia luego del revocatorio de mandatos?

Diarios en Bicicleta

Tras ser abrumadoramente ratificado en su cargo, Evo Morales aspira a lograr la unión entre todos los bolivianos
El pasado 10 de agosto Evo Morales consiguió una “victoria” contundente que profundiza el proceso de cambio en Bolivia iniciado a comienzos del 2006 y asimismo debilita en parte a los intereses divisionistas de los prefectos opositores de la denominada “medialuna” oriental: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
La revocación del Prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, -quien obtuvo alrededor de un 60 por ciento de rechazo popular- representa un duro golpe para la oposición al gobierno boliviano. Si sumamos esto con los resultados suscitados en La Paz, donde el Prefecto José Luis Paredes fue revocado con un 57,7 por ciento de voto negativo, podemos concluir que luego del 10 de agosto se ha producido una modificación del escenario sociopolítico actual. En los próximos días representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) seguramente tomarán el control de estas regiones claves, permitiendo así que el gobierno de Evo Morales equipare la relación de fuerzas con la denominada medialuna autonómica.


A raíz de lo sucedido el 10 de agosto, la “medialuna” pierde a un importante aliado: Manfred Reyes Villa. Fuente: infolatam.com

A pesar que todos los prefectos opositores fueron ratificados, el resultado del revocatorio de mandato sirvió para que la oposición “cívica” tenga una cabal dimensión del fracaso del plan de desgaste que ha venido realizando sobre la imagen de Evo Morales en estos últimos tiempos.
No obstante que han estado impulsando medidas desestabilizantes, como por ejemplo no permitir la visita del Jefe de Estado a ciertas regiones del país, o impedir la realización de cumbres con otros Presidentes latinoamericanos, Evo Morales el pasado domingo pudo ser ratificado en su cargo con un 63 por ciento de los votos. Este porcentaje supera en un 7 por ciento lo obtenido por el dirigente del MAS en las elecciones del año 2005.
El contundente respaldo popular obtenido por el oficialismo, llevó a que los prefectos opositores agrupados en el “Consejo Nacional Democrácito” enfaticen en la necesidad de encontrar un camino en común para las dos visiones de país que hoy están en pugna en Bolivia.
Según el Prefecto de Tarija, Mario Cossío, existe: “Un solo camino para el país en este escenario y es construir un espacio sincero, verdadero, de reconciliación y de reencuentro nacional. Creo que en los resultados hay un mandato implícito de la gente y es: pónganse de acuerdo”.
El funcionario se mostró predispuesto a trabajar en este sentido y le pidió al Presidente que entienda ese mensaje, porque “de lo contrario vamos a acabar destruyéndonos”.
En una misma línea se pronunció el Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
“El mensaje en todo el país y en el propio departamento de Pando es que existe una polarización, que hay que saberla leer con serenidad”.
En este sentido hizo hincapié en la necesidad de encontrar escenarios de “reencuentro” para así abocarse a la solución de los problemas que afronta Bolivia, porque de lo contrario “se van a profundizar las diferencias y no van a haber ganadores”.

El Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas (izq.), parece empecinado en violar la Constitución política del estado boliviano. En la foto aparece junto al otro representante de la oligarquía camba: Branco Marinkovic (der.), Presidente del Comité Cívico Cruceño. Fuete: AP.

Luego de la jornada electoral, los Prefectos de Beni, Ernesto Suárez, y de Chuquisaca, Savina Cuellar, también hicieron llamamientos al dialogo.
El único que continuo mostrando una actitud belicosa fue el cruceño, Rubén Costas, quien remarcó que su victoria en las urnas encarna la victoria de la autonomía y el rechazo al centralismo que representa Evo Morales.
Empecinado en profundizar unilateralmente sus lineamientos autonómicos, que violan la Constitución Política del estado boliviano, Costas anunció la pronta puesta en marcha de una policía departamental propia y de un fondo de ayuda económica para así profundizar la autonomía en “los departamentos hermanos”.
El gobierno de Evo Morales rechazó la actitud desafiante -desastabilizante- del Prefecto cruceño y enfatizó en que no permitirá actos secesionistas que violen el estado de derecho.
A pesar de las provocaciones de la oligarquía cruceña, el Presidente Evo Morales-en su discurso de triunfo en la Plaza Murillo, luego de conocerse los resultados del revocatorio- manifestó su intención de buscar la unidad de los bolivianos a través de la compatibilización de la nueva Constitución Política del Estado (aprobada por el oficialismo hacia fines del 2007) con los estatutos autonómicos de las cuatro regiones opositoras a su gobierno.
“Estamos convencidos de que es importante unirnos entre bolivianos y la participación del voto del pueblo boliviano es para unir a los distintos sectores del ámbito nacional, del oriente y del occidente, y esta unidad se dará buscando la nueva Constitución Política del Estado boliviano con los estatutos autonómicos, es la mejor forma de unir a los bolivianos y bolivianas, respetando las normas existentes y respetando las leyes vigentes”, anunció.

El Presidente Evo Morales apunta a compatibilizar la nueva Constitución del Estado con el reclamo autonómico. Fuente: libresdelsur.org.ar

Aunque el Mandatario reconoció la victoria de las autoridades departamentales opositoras, también le reclamó a sus detractores que respeten el apoyo que las urnas le dieron a su gestión. “Esperamos (que) esa voluntad tan soberana, tan espontánea del pueblo boliviano, sea escuchada por algunos sectores opositores, para que juntos podamos trabajar por la dignidad, unidad e igualdad de todos los bolivianos”.
Para finalizar, desde el balcón del Palacio Quemado, exclamó que la victoria obtenida trasciende las fronteras bolivianas. “Desde acá estamos marcando procesos de cambio, marcando cómo reivindicar la lucha de todos los revolucionarios, este triunfo de la revolución democrática y cultural del pueblo boliviano es una acreditación a todos los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo”.

El gobierno de Fernando Lugo denunció la puesta en marcha de un complot desestabilizador

Diarios en Bicicleta.

El martes 5 de agosto la alianza Patriótica por el Cambio (APC); coalición que llevó al ex obispo Fernando Lugo a la Presidencia en las elecciones de abril pasado, poniendo fin de esta forma a una hegemonía de más de de 61 años del partido Colorado; emitió un comunicado oficial para denunciar - de acuerdo a " indicios muy importantes"- la puesta en marcha de un plan que apunta a generar inestabilidad en Paraguay luego de la transmisión de mando del próximo 15 de agosto.

Cuando fue consultado por los periodistas acerca de la posibilidad que el Presidente saliente, Nicanor Duarte Frutos, o miembros de su partido estén involucrados en el supuesto boicot; el futuro Jefe de Gabinete, Miguel Ángel Perito, enfáticamente afirmó "quiero tranquilizar a la población en el sentido de que está todo absolutamente controlado. Conocemos con nombre y apellido a la gente que podría estar generando este tipo de versiones y movimientos. Y vamos a proceder en el momento que sea necesario”.

Fernando Lugo denunció que existe una campaña para desestabilizar Paraguay luego del 15 de agosto. Fuente: EFE.

Ya durante la semana pasada el Vicepresidente electo, Federico Franco, denunció que “algunos sectores” pretenden desabastecer combustibles y la entrega de medicinas en los hospitales públicos para así perjudicar los primeros días de gestión del nuevo gobierno.
En estos últimos días los paraguayos no sólo han tenido que soportar la escasez de gasolina, en los comercios también se ha evidenciado una falta total de cemento debido a fallas en las maquinarias de la estatal Industria Nacional del Cemento (INC).
De acuerdo a Miguel Ángel Perito, quien fue el encargado de leer el comunicado de la APC, en la actualidad se están llevando adelante un conjunto de medidas desestabilizadoras. Por ejemplo se está realizando una "ejecución compulsiva de los recursos del Estado en ciertos ministerios…Las evidencias nos llevan a pensar que todas las ejecuciones (presupuestarias) pretenden un vaciamiento de los recursos de ciertas instituciones claves, a fin de despojar al Gobierno que asumirá el 15 de agosto de una cobertura mínima para las acciones previstas".
Perito remarcó que otros factores de presunto sabotaje son el interés de atribuir al gobierno electo las invasiones a propiedades privadas por parte de agrupaciones denominadas “sin tierras”, por su parte otro eventual indicio seria la "versión sobre el supuesto interés de provocar un despido masivo de funcionarios públicos con fines de sembrar inquietudes entre ellos y eventuales movilizaciones".
Finalmente el futuro Jefe de Gabinete remató señalando que en caso que sea necesario "la Contraloría General de la República y los órganos jurisdiccionales se encargarán de desvelar, constatar, juzgar y, si se diera el caso, aplicar las penas que correspondan por todo lo sucedido”.

En la denuncia de la APC se acusa al gobierno de Nicanor Duarte Frutos de estar llevando adelante una “ejecución compulsiva de los recursos del Estado”. Fuente elpais.com

El gobierno de Nicanor Duarte Frutos asegura que no está llevando adelante ningún plan de desestabilización

En el marco de una conferencia de prensa el titular de Petropar (Petróleos Paraguayos), Alejandro Takahasi, rechazó tajantemente la posibilidad de que la escasez de combustible se deba a un plan de boicot contra las nuevas autoridades electas.
Por su parte el Ministro de Justicia, Nelson Mora, señaló que el escenario sociopolítico que esta viviendo hoy en día Paraguay es “muy sensible y muy especial".
"No vamos a ser nosotros quienes traicionemos nuestro compromiso de fortalecer las instituciones en el Estado de Derecho, hoy vigente plenamente en nuestro país. Al contrario, cuando así sea, invitamos a cualquier paraguayo que lo denuncie públicamente y van a encontrar en nosotros, ahora hasta el 15 de agosto y después como ciudadanos, todas las alternativas y las posibilidades para investigar. Igualmente somos celosos y queremos que este nuevo Gobierno entienda que están para proteger y no para destruir", argumento Mora.
A pesar de estas declaraciones, todo parece indicar que el partido Colorado va a vender caro su derrota en las elecciones de abril y que como oposición va a intentar entorpecer de todas formas posibles el proceso de cambio sociopolítico que aspira llevar adelante el ex obispo católico Fernando Lugo.

Matias Mongan

La “cruzada” de la Iglesia ecuatoriana

Diarios en Bicicleta

El clero rechaza a la nueva Constitución, alegando que es "inmoral" y atentatoria de las “buenas costumbres”.
El próximo 28 de Septiembre millones de ecuatorianos deberán concurrir a las urnas para decidir si avalan-o no- la Nueva Constitución Política del Estado redactada por la Asamblea Constituyente.
Por estos días en Ecuador el contenido de la Nueva Carta Magna está en discusión no sólo en los medios de comunicación, sino también en los bares, en las plazas de las ciudades, etc.
Por un lado la oposición ya ha expresado su rechazo a lo aprobado en Montecristi, debido a que consideran que se trata de una Constitución demasiado “hiperpresidencialista”. Mientras que los seguidores del Presidente Rafael Correa no ven con malos ojos que el Estado y el Ejecutivo tengan herramientas para intervenir en la economía, así –aseguran- se subsanaran los errores cometidos durante el “reinado neoliberal”: cuando el mercado era el encargado de regir los vaivenes económicos del país sudamericano.
En estos últimos días, la Iglesia Católica se sumó a la disputa en torno a la nueva Constitución. Alegando que se trata de una norma “inmoral” que deja abierta la puerta al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, los integrantes de la cúpula esclesiàtica hicieron público su rechazo al proyecto constitucional aprobado el pasado 24 de Julio.
De acuerdo al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui, se trata de una “batalla de paz” que apunta a promover "una catequesis sobre las labores fundamentales de la vida".

Monseñor Arregui anunció el comienzo de una “batalla de paz”. Fuente: aci.prensa.com

Aunque las relaciones con el Presidente Rafael Correa están en un mal momento, Arregui aseguró que los obispos "evitarán cualquier tipo de violencia", pero sin renunciar al derecho de expresarse antes del referendo al que será sometida la Carta Magna el 28 de septiembre.
Ante la acusación de que la Iglesia forme parte de una campaña que busca boicotear a la Nueva Constitución, monseñor Arregui afirmó "no me siento dueño de las conciencias para decirles cuál tiene que ser su voto (en el referéndum de Septiembre), sino me siento en la obligación de servir a la verdad".
A raíz de estas declaraciones, el Presidente Correa acusó a la Iglesia de extralimitarse en sus funciones y asumir un rol claramente político. A su vez exhortó a los fieles católicos para que defiendan a la nueva Constitución en los templos.

Rafael Correa acusó a la Iglesia de formar parte de una campaña que busca boicotear a la Nueva Constitución. Fuente: ansa.com.ve

El secretario de Administración e Información Pública, Vinicio Alvarado, también se sumó a las críticas contra el comportamiento adoptado por la Conferencia Episcopal.
“Son los civiles quienes tienen que decir SI o No al referéndum de la nueva Constitución y no los curas ni sacerdotes en las Iglesias”.
Según el funcionario, desde el comienzo del gobierno de Rafael Correa los sacerdotes han acogido una actitud extremadamente crítica ante cada medida sancionada por el poder Ejecutivo.
“A todas las misas que he asistido, se pronuncian criticando al Gobierno, incluso desde el momento en que se propuso si se quería o no una Asamblea, ya pronunciaban que no era conveniente”, aseguró Alvarado.
Para finalizar Vinicio Alvarado enfatizó que al hacer público su rechazo a la nueva Constitución, la Iglesia excede “su ámbito de orientador en tema moral y personal de cada ciudadano”.

Matias Mongan

La Sojización en Argentina

Documentos redactados por el Grupo de Reflexión Rural:

"LAS SOLUCIONES MÁGICAS Y LAS INEVITABLES CATÁSTROFES SUBSIGUIENTES"
"Nos preguntamos en estos momentos y luego de la crisis, si lo que concluyó es una etapa, y en ese caso si comienza otra cosa, o si acaso, tendremos más de lo mismo o una profundización del mismo modelo. El hecho de que pudiera resolverse un conflicto de más de 4 meses de duración, generado por un retoque en el porcentaje de las retenciones a la exportación, y que esa “resolución” se haya logrado de manera pacífica y mediante mecanismos institucionales, produce un alivio en la población. Pero: ¿cambia las cosas? ¿Se dejará de sembrar soja? ¿Se distribuirá mejor la renta agrícola? ¿Se preservarán las tierras agrícolas sometidas a gravísimas amenazas de pérdida de fertilidad? ¿Se dejarán de fumigar los campos y las poblaciones que resultan víctimas inermes de los paquetes agrotóxicos? Se abre una nueva ventana al futuro, pero a qué futuro? Los legisladores y los funcionarios tienen un nuevo desafío por delante, el de poner en práctica los discursos realizados en estos últimos meses. ¿Cómo lo harán? ¿Será posible alcanzar situaciones de cambio en el universo agropecuario? ¿O sólo se tratará, según parece, de dar un nuevo impulso a la biotecnología, como propone un reciente proyecto de ley para la creación de un fondo para la soberanía biotecnológica?... " Ver Documento

"ALGUNAS PROPUESTAS FRENTE A LA CRISIS"
"La crisis en que está sumida la Argentina nos obliga a imaginar cómo salir del modelo de la Soja. Este modelo colonial de monocultivos transgénicos que implica para nuestro país el rol asignado de producir forrajes se inició con la Democracia para procurar divisas con que pagar la Deuda Externa. El modelo de país productor de Soja RR responde a las Corporaciones, a las necesidades de Europa y de China, países que necesitan piensos, aceites y Biocombustibles. Este modelo ha llevado a la Nación al borde de su disolución: con una Justicia desacreditada, con un Congreso sospechado e inoperante, con violencia en todas las áreas de la vida ciudadana, inclusive en los ámbitos educativos. No poder asociar el modelo de monocultivos con la concentración de la riqueza y con la pérdida de valores comunitarios, es parte de una ceguera que han fomentado las Corporaciones granarias, junto con la Centros de Ciencia y Tecnología, tanto como lo hacen los medios de comunicación, en una vasta maniobra de colonización para generar una burbuja que simule un crecimiento sostenible que se nos hace confundir con desarrollo. Pero, no es tan solo nuestra conciencia y el tejido social lo que se daña… se están poniendo en gravísimo riesgo los suelos de la Argentina. En las tierras más frágiles, como en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero, este modelo ha provocado gigantescos colapsos ambientales, siendo el deterioro del suelo, tanto como la devastación del monte y del bosque, la causa de sucesivas inundaciones y sequías, además de enormes corrimientos de poblaciones del campo, que han formado barrios de indigencia en torno a las ciudades capitales de esas provincias..." Ver Documento

Ver entrevista a Jorge Eduardo Rulli, dirigente del Grupo de Reflexión Rural.

"Hambre de Soja"

Documental de Marcelo Viñas que muestra el actual modelo de monocultivos de soja transgénicas y sus consecuencias.

Parte 1




Parte 2




Parte 3




Parte 4




Parte 5