Paraguay celebra los veinte años del fin de la dictadura de Alfredo Stroeesner

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El Presidente Fernando Lugo saluda a uno de los oficiales que participaron de la caida de Stroeesner. Fuente: abc.com.py

El 3 de febrero de 1989, un golpe cívico-militar encabezado por el consuegro del “Tiranosaurio”, el general Andrés Rodríguez, puso fin a la dictadura de 35 años de Alfredo Stroeesner en Paraguay.
En un acto realizado en el Panteón de los Héroes, el actual presidente paraguayo Fernando Lugo depositó una ofrenda floral en homenaje a los cientos de personas asesinadas durante la dictadura stronista.
“Se trata de un día importante, en el que se da la primera celebración del fin de la dictadura en un clima de cambio político real, tangible y esperanzador", afirmó el Mandatario.
Lugo hizo hincapié en que esta fecha tan importante de la historia contemporánea de Paraguay el pueblo no sólo debe recordar a los individuos que llevaron adelante el golpe contra Stroeesner, sino que también deben ser recordados los miles de mártires que dieron su vida durante la dictadura o que quedaron marcados con la secuela de la tortura y la persecución.
"Reconocemos el heroísmo, valentía y coraje de esos jóvenes hombres y mujeres que enfrentaron ya en su tiempo a la dictadura".
Luego que asumiera la presidencia el pasado 15 de agosto del 2008, Lugo se convirtió en el primer Presidente paraguayo que pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidos por los aparatos represivos del estado entre 1954 y 1989.
“Perdón en nombre de la nación paraguaya, por tantas injusticias a las que fueron sometidos, perdón por cada centímetro de dolor físico y anímico que flageló su territorio corporal”.
Asimismo su administración se ha caracterizado por impulsar los procesos judiciales que buscan investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el reinado de Stroeesner.
El “Tiranosaurio” y su grupo de colaboradores, a lo largo de los sucesivos gobiernos “colorados”, en ningún momento tuvieron que rendir cuentas ante la justicia por los actos cometidos durante el régimen de facto.
Alfredo Stroeesner, luego de ser derrocado, rápidamente partió al exilio: más precisamente a Brasil, país en el que permaneció recluido en una suerte de “exilio de oro” hasta su muerte ocurrida el 16 de agosto del 2006.
A pesar que el imperio creado por el dictador depuesto llegó a su fin el 3 de febrero de 1989, la familia Stroeesner logró conservar durante años sus cuantiosos bienes esparcidos tanto en el territorio paraguayo, como en el exterior.
En este sentido Rodolfo Aseretto, abogado coordinador del área de Derechos Humanos del Comité de Iglesias, resalta que durante los tiempos de la dictadura era común que el Poder Judicial abdique “a sus funciones, constituyéndose así en un mero brazo ejecutor de las órdenes del dictador”.
De acuerdo a Aseretto, no obstante el regreso de la democracia la situación de injusticia continúo prevaleciendo en Paraguay.
“No se han investigado seriamente las graves violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura y lo ocurrido a los jóvenes en el mes de marzo de 1999”, afirmó tajantemente el abogado.
El jurista además recordó que las organizaciones de derechos humanos tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana para así lograr que se haga justicia en casos recordados como el de Goiburú.
“A pesar que muchos de los procesos contra la dictadura stronista ya llevan 20 años de haberse iniciado, muchos todavía están sin concluir: como los casos de Goiburú y Celestina Pérez de Almada”.
Desde que llegó al poder el pasado 15 de agosto, el gobierno de Fernando Lugo ha mostrado su intención de terminar con la impunidad relacionada con los hechos ocurridos durante los treinta y cinco años de reinado stronista.
Sumado a su intención de reabrir las causas de violaciones de derechos humanos, el Presidente Fernando Lugo encabezó el miércoles 3 de febrero un homenaje realizado en la Sala Bicameral del Congreso en honor al grupo de militares que puso fin a la tiranía del “Tiranosaurio”.
El Mandatario entregó pergaminos honoríficos a los oficiales subalternos que participaron de la caída del dictador depuesto, del acto también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Salyn Buzarquis, el titular de la Comisión Permanente del Congreso, Juan José Vázquez, así como varios ministros del Poder Ejecutivo…

El juicio contra Fujimori entra en su recta final

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Se complica la situación procesal del ex Presidente. Fuente: Poder Judicial.

En un juicio que no tiene precedentes en la historia contemporánea de Perú, el ex Presidente Alberto Fujimori(1990-2000) esta siendo juzgado bajo la acusación de ser el autor intelectual del homicidio calificado de 25 personas, de infligir 4 lesiones graves a otros cuatro individuos, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.
“Él es el principal responsable de estos hechos, pues estaba a la cabeza del aparato de poder que impuso en el país”, afirmó enérgicamente el Fiscal supremo José Peláez Bardales. Según el alegato final del jurista, el grupo paramilitar Colina pudo ejecutar con total impunidad las masacres de Barrios Altos y la Cantuta gracias a una estructura de poder clandestina creada y ordenada por Fujimori para así combatir el terrorismo con métodos inherentes a la guerra sucia.
"El abundante material probatorio reunido en este proceso prueba razonablemente la culpabilidad de Fujimori y no existe ninguna circunstancia que podría considerarse atenuante".
Peláez Bardales finalizó su alocución ratificando el pedido que la Fiscalia ha hecho durante todo el proceso, que Fujimori sea condenado a treinta años de prisión por los delitos de lesa humanidad que cometió mientras era Presidente. "Ni olvido ni impunidad. No se trata de venganza por las víctimas cruelmente asesinadas. Queremos que se cierre esta herida que aún se encuentra abierta…Queremos justicia".
De llegar a cumplirse el deseo de la Fiscalia, el ex Primer Mandatario-quien actualmente tiene 70 años de edad- deberá permanecer en prisión hasta los 97 años, dado que actualmente ya lleva tres años detenido desde que se produjo su arresto en Chile en el año 2005.
Según el esquema diagramado, dado que terminó el turno de la Fiscalia, a partir del 2 febrero la parte civil- o sea los abogados que representan a los damnificados de las masacres perpetradas por el Grupo Colina- tendrán la oportunidad de realizar su alegato final.
El abogado representante de las victimas de las masacres, Carlos Rivera, ya adelantó que su tarea apuntará a fortalecer los puntos acusatorios desarrollados por la Fiscalia.
"Vamos a incidir en algunos elementos de prueba para que el tribunal no solo tenga una mejor posibilidad de contextualizar los sucesos de Barrios Altos y La Cantuta, sino determinar cuál era la real ubicación y el poder de dominio de Fujimori en esos crímenes".
Rivera remarcó que como forma de compensación para los familiares de las personas asesinadas por el grupo Colina, van a pedir el pago de 100 millones de soles.
Luego de la acusación del sector civil, la defensa de Fujimori-encabezada por el abogado Cesar Nakazaki- tratara durante tres semanas de deslindar la responsabilidad del ex Mandatario en las masacres perpetradas por el grupo paramilitar Colina.
Una vez de que se hayan terminado el alegato de todas las partes implicadas, el propio Alberto Fujimori-posiblemente el 9 de marzo- realizará una presentación personal para así defenderse de las acusaciones que pesan sobre su persona. Finalmente la Sala Penal Especial se tomará cinco días para procesar todo el material procesado, para luego sí emitir la trascendente sentencia.
La Fiscal de la Nación, Gladis Echaiz, resaltó la trasparencia del proceso judicial llevado adelante contra el ex Presidente peruano: “El juicio ha sido público y transparente, los fiscales han cumplido con la función que les toca y ahora depende de los jueces quienes tienen que actuar con independencia y profesionalismo”.
La funcionaria reconoció que los fiscales José Peláez Bardales y Avelino Guillén “interpondrán un recurso impugnatorio o de nulidad ante la Corte Suprema en caso que no estén conforme con la sentencia”. Igualmente Echaiz, en declaraciones con la agencia Andina, se mostró confiada en “que haya conformidad” y que triunfe la justicia.
El panorama para Alberto Fujimori parece realmente complicado, no sólo porque es muy posible que finalmente sea condenado por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno, sino porque en estos días también se conoció que es inminente la apertura de un nuevo proceso penal en su contra.
El Segundo Juzgado Anticorrupción, a cargo de la magistrado Aída Mendoza, acusa a Fujimori de haber sido participe necesario de la venta-realizada en 1999- de diez mil fusiles AKM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el caso también estarían implicados el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, y los hermanos José Luís y Frank Aybar Cancho.

La medialuna vuelve a insistir con su intención de “dividir” a Bolivia

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El Presidente del Comite Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, quiere crear un estado confederado. Fuente Daylife

Mientras la Corte Nacional Electoral anunciaba que con el 92,4 por ciento de los votos escrutados el “Sí” a la nueva Constitución boliviana superaba el 61,95 por ciento de aprobación, el Presidente del Comité cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles del “pacto grande” que le propuso al Palacio Quemado para así unir “el socialismo comunitario del MAS, con la autonomía y la libertad de las regiones”.
Marinkovic remarcó que los resultados del referéndum constituyente, que se realizó el pasado domingo en todo el territorio boliviano, demuestran que “hay dos Bolivias, con visiones distintas y que por tanto es importante establecer un diálogo con el gobierno para implementar la nueva Carta Magna”.“Tiene que haber un gran pacto nacional, donde encontremos la manera de que haya un Estado con dos sistemas, un Estado confederado, una nación con dos sistemas” afirmó el dirigente cívico, quien señaló que ese “pacto” debería tener similitudes con el sistema que hoy en día une a la China socialista y el Hong Kong liberal.
Marinkovic, quien evidenció sus ganas de reunirse con el Presidente Evo Morales para discutir sobre estas cuestiones, en más de una ocasión ha hecho pública su intención de romper la integridad territorial de Bolivia para así poner fin a la “crisis sociopolítica” que vive el Altiplano.
Por ejemplo en una entrevista publicada por el diario El Deber el pasado 26 de enero, el representante de las oligarquías cambas hizo hincapié en la necesidad de alcanzar un “pacto confederado donde puedan convivir las dos visiones de país y eso tendrá que aceptarlo el MAS, tendrá que aceptarlo el propio presidente Morales. Él no va a poder imponerse en estas regiones”.
Pero lo que el dirigente cívico parece pasar por alto es que la conformación de un estado confederado conllevaría a la división de la nación boliviana, ya que de acuerdo al derecho internacional la confederación consiste en la unión de dos-o más- estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes.
Como era de esperarse varios miembros del gobierno boliviano rechazaron tajantemente la posibilidad de concretar algún tipo de reunión con Branko Marinkovic y exhortaron a la Fiscalía General de la Nación para que rápidamente le inicie un proceso legal por “sedición”.
Según el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, la propuesta del dirigente cívico implica el quebrantamiento del “carácter inalienable e indescriptible de la soberanía de nuestra patria, eso es sedicioso y separatista, es inadmisible”.
El funcionario remarcó que desde el gobierno boliviano harán todo lo posible para respetar unidad nacional, no “importa cuantas instituciones nuevamente sean quemadas o saqueadas”. Recordemos que actualmente el Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz está siendo investigado por el Ministerio Público a raíz de la toma de instituciones públicas registradas en el pasado mes de agosto en el marco de las protestas por el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH).
La mayoría de los prefectos opositores intentaron desligarse de la propuesta presentada por Marinkovic, es más funcionarios de la prefectura de Santa Cruz de la Sierra tajantemente expresaron que la posición expresada responde a los intereses del ala cívica de la oposición y no a las autoridades prefecturales.
Sin embargo la prefecta de Chuquisaca, Sabina Cuéllar, también optó por enarbolar un discurso “sedicioso” luego de que se confirmaran los resultados electorales del pasado domingo.
A pesar de que en su región el Si triunfó con el 51,4 por ciento de los votos, la dirigente opositora llamó a una suerte de desacató generalizado para así desconocer a la Nueva Constitución Política del Estado.
“Desacato en Chuquisaca; legalmente no se ha respetado la Ley de Convocatoria que establece que Sucre es la sede de la Asamblea. Por eso hemos dicho, todo el pueblo de Chuquisaca, que no vamos a acatar”.
No obstante sus reclamos que llaman a la “desobediencia civil” y sus denuncias sobre un hipotético “fraude”, a la postre a Cuéllar no le quedará otra que reconocer el triunfo del MAS -y de la mayoría de los bolivianos que apoyan el cambio- en su distrito y en el resto del país.
Para concluir sería bueno preguntarse porque los sectores más duros de la medialuna, en vez de insistir con su discurso “sedicioso” que busca dividir a Bolivia en dos, no utilizan las herramientas que brinda la democracia-las elecciones, por ejemplo- para así cumplir su anhelado deseo de sacar a Evo Morales del poder.
Será porque estos dirigentes en el fondo son concientes que la mayoría del pueblo-tal como ha quedado evidenciado en los innumerables actos eleccionarios realizados en los últimos meses- respalda a un Presidente soberano que esta llevando adelante una revolución cultural y democrática que pretende descolonizar el Estado boliviano. Sin dudas que con la aprobación de la nueva CPE, el objetivo planteado por Evo Morales esta cada vez más cerca de cumplirse…

Luego del contundente triunfo del SI, la medialuna busca reagruparse con vista a las elecciones presidenciales

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El presidente Evo Morales remarcó la importancia de que por primera vez en la historia el pueblo boliviano fue el encargado de dar el aval a la nueva Constitucion del Estado. Fuente: efe

Luego de que la mayoría del pueblo boliviano respaldara con su voto a la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), según datos preliminares de la Corte Nacional Electoral el Sí se impone con un 59,53 % luego de haberse computado el setenta por ciento de las mesas electorales, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) puso en marcha el operativo para poner en vigencia lo más rápidamente posible a la nueva Carta Magna.
En este sentido el Presidente Evo Morales enfatizó que el gran desafío que tiene su gestión a futuro es la implementación de la nueva CPE a través de consensos con los distintos sectores que integran la sociedad boliviana.
"Ahora la responsabilidad del Gobierno es cómo implementar, y quiero que sepan que mañana (este martes) Ministros, Ministras, Viceministros, Viceministras, desde las ocho de la mañana todo el día estarán cerrados para planificar cómo se va a implementar y cómo se va hacer la gestión pública plurinacional, es una responsabilidad y esperamos que el Parlamento y otras instituciones del Estado puedan acompañar la implementación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano", afirmó el Jefe de Estado.
En el marco de un acto realizado el 26 de enero en la ciudad de Cochabamba, el Presidente Morales manifestó que sólo negociará con los dirigentes cívicos opositores la forma como se pondrá en marcha el texto constitucional aprobado el pasado domingo, rechazando de esta forma cualquier posibilidad de modificación de los 411 artículos de la CPE.
"Escuché decir que quieren hacer un nuevo pacto. El pacto es la nueva Constitución aprobada por el pueblo boliviano. Si quieren nuevo pacto, va a ser pacto para aplicar la nueva Constitución", aseveró enfáticamente el líder indígena, quien se manifestó dispuesto a dialogar con la oposición pero sobre “razones y no por caprichos”.
Estas declaraciones del Mandatario indígena nacen como respuesta al pedido de los dirigentes de la denominada “medialuna”, los cuales- a través del Presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic- reclamaron el pasado domingo al Palacio Quemado la realización de un “gran pacto confederal que permita limar las diferencias que existen entre las dos Bolivia”. Solo de esa manera, en tono amenazante afirmó Marinkovic, el Movimiento al Socialismo podrá “imponer” la nueva Carta marga en las denominadas regiones autonómicas.
Mas allá de la velada amenaza del dirigente representante de las oligarquías cambas, el Presidente Evo Morales ya dejó bien en claro que no “cederá ni un centímetro” en el contenido de los artículos que conforman a la nueva norma jurídica que de ahora en más regirá a los bolivianos.
Es más el gobierno boliviano en un sin fin de oportunidades convoco a los prefectos cívicos a dialogar, pero estos prefirieron el uso de la violencia para así intentar entorpecer el proceso de cambio que vive el Altiplano.
Esa violencia tuvo su momento culmine el pasado mes de septiembre, cuando los movimientos cívicos llevaron adelante un golpe “cívico-prefectural” que concluyó con la denominada masacre de Pando.
Luego de meses en que la oposición parecía desarticulada, personajes como Branko Marinkovic –sólo porque el No obtuvo un 40 por ciento de los votos- ahora vuelven a la escena pública para hacer conocer nuevas exigencias ante al gobierno boliviano.
Sin dudas que la principal estrategia de la medialuna de cara a las elecciones presidenciales del próximo 6 de diciembre consistirá en dificultar la implementación de la Nueva Constitución, para así intentar desgastar la imagen del Presidente Evo Morales Aima.
Por esta razón los movimientos sociales, la base troncal en la que hoy día se edifica el poder del gobierno del Movimiento al Socialismo, no deben entrar en una suerte de triunfalismo a raíz de la conclusión del proceso constituyente, es más deberán mantener el grado de movilización latente para así repeler las maniobras políticas de ciertos sectores que se muestran opuestos al proceso de cambio que vive el Altiplano.

Obama ordenó cerrar Guantánamo

Diarios en Bicicleta Presos en Guantánamo:una postal que pronto pasara a formar parte del pasado. Fuente: diariovasco.com

Luego que venciera al republicano Jhon Mccain en las elecciones presidenciales llevadas a cabo en noviembre del año pasado, un conjunto de organizaciones de derechos humanos le envió una carta publica al electo Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para solicitarle que su gestión al mando de la Casa Blanca se caracterice por un marcado respeto de los derechos individuales de las personas.
Los ocho años de la administración de George W Bush colocaron a los EEUU en el ojo de las críticas, sobre todo a raíz de los excesos cometidos por los republicanos gracias a la excusa de que estaban “llevando una guerra a nivel global contra el terrorismo internacional”.
En el marco de esa contienda, Bush no tuvo problemas para recortar las libertades individuales de los estadounidenses por intermedio de la denominada Ley Patriótica.
Asimismo a mediados del 2002, el hoy saliente presidente estadounidense decidió crear una cárcel en la localidad de Guantánamo (Cuba) para así retener a todos los sospechosos de terrorismo capturados en su mayoría en las guerras de Irak y Afganistán.
Encima como estos reclusos eran catalogados por el gobierno de Bush como “combatientes enemigos ilegales” y por ende no “estaban amparados por las Convenciones de Ginebra ni por las leyes federales de Estados Unidos, la Casa Blanca a comienzos del 2003 determinó que los tribunales militares sean los encargados de condenar a los supuestos terroristas.
O sea de esta forma los militares se convirtieron en una suerte de carceleros y verdugos. A pesar de todas las ventajas que gozaron los oficiales castrenses para imponer “justicia”, la mayoría de los 250 presos que hoy en día se encuentran recluidos en la cárcel de Guantánamo no tienen cargos en su contra o no se les ha fijado aún una fecha determinada para su juicio.

¿Una promesa de campaña o apego a los derechos humanos?

Una de las primeras medidas que tomó Barack Obama como presidente de los Estados Unidos fue suspender por 120 días los juicios militares que se estaban llevando adelante en Guantánamo.
Este anuncio sirvió de vaticinio de lo que sucedería más adelante, el jueves 22 de enero el demócrata firmó una orden ejecutiva que determina que en el plazo de un año se deberá cerrar la prisión ubicada en el sudeste de Cuba.
A su vez el Primer Mandatario firmó otros dos decretos que prohíben la tortura y los maltratos físicos en los interrogatorios a los presidiarios, enfatizan el total respeto que deberán tener los investigadores judiciales a las normas estipuladas por la Convención de Ginebra y que finalmente instan a la creación de un grupo de trabajo que cree recomendaciones sobre el asunto.
“Con estas órdenes Estados Unidos tiene como intención proseguir la lucha actual contra el terrorismo, y lo hará de manera vigilante, efectiva y de acuerdo con sus valores y sus ideales”, afirmó tajantemente Obama desde la Casa Blanca.
El demócrata señaló que al firmar la orden para el cierre de Guantánamo no “sólo cumple” con un compromiso que hizo durante la campaña, sino que también destaca una mentalidad que data desde la fundación del país: el respeto a los derechos humanos.
“Estamos dispuestos a respetar unos ciertos parámetros de conducta, no solo cuando es fácil, sino también cuando es duro”.

Un buen gesto pero aún falta

Como era de esperarse el anuncio fue recibido con beneplácito en distintas partes del mundo.
El primer país europeo que se ofreció hacerse cargo de los reclusos de Guantánamo fue Portugal. Asimismo el Presidente español José Luís Rodríguez Zapatero también dejó abierta la puerta para que España reciba a buena parte de los presos, colaborando de esta manera con el proceso de cierre de la prisión norteamericana.
“Si podemos hacer algo, lo haremos”, afirmó enfáticamente el Primer Mandatario español.
En los diferentes ámbitos de la Unión Europea (UE) también se mostraron satisfechos por la decisión adoptada por Barack Obama y anunciaron que el próximo lunes 27 los ministros exteriores de todos los estados miembros del bloque analizaran nuevos métodos de colaboración que permitan acelerar el cierre definitivo de Guantánamo.
"Si en algo se puede contribuir a que esa decisión se pueda tomar lo más rápidamente posible, trataremos de ayudar", dijo Javier Solana-jefe de la diplomacia de la UE- en declaraciones a medios de prensa.
Es evidente que la asunción de Barack Obama ha despertado inconmensurables expectativas a lo largo de todo el mundo, igual habrá que esperar para ir conociendo su verdadero plan de gobierno.

Obama en el momento que firmaba el decreto que cierra Guantánamo y que prohibe el uso de torturas en los interrogatorios militares. Fuente: efe.

Sin dudas que lo de Guantánamo es un buen gesto, pero a uno le entra la duda cuando el demócrata dice que va a sacar a los marines de Irak en menos de 16 meses, pero para reubicarlos en Afganistán. O sea que el nuevo inquilino de la Casa Blanca parece estar convencido en continuar la “gesta antiterrorista” iniciada por “baby” Bush, pero eso sí parece que los términos de esa batalla han cambiado. A diferencia de George W Bush, cuya gestión se caracterizó por un total desprecio a los derechos humanos-, Barack Obama sí respeta los derechos individuales de las personas(al menos por ahora…).
Como conclusión tenemos que decir que es más que bienvenido el cierre de Guantánamo. Si la nueva administración en Washington quiere seguir haciendo buenos “gestos” en materia de derechos humanos, también podría dar vía libre a la extradición de dos personas que se guarecen en EEUU para así evitar los cargos que se les acusan en dos países latinoamericanos.
De quien estamos hablando? De Luís Posada Carrilles, el mercenario anticastrista que esta acusado por la justicia venezolana de ser el responsable intelectual de la voladura de un avión cubano en 1976. En el hecho perdieron la vida alrededor de 73 personas.
El otro individuo es el ex Presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada, quien esta acusado por la justicia de su país de utilizar las herramientas del Estado para llevar a cabo un “genocidio”. Hay que recordar que a lo largo de la Guerra del Gas, ocurrida en Octubre del 2003, murieron alrededor de 65 manifestantes.
Con la extradición de estos dos hombres, Obama no sólo permitiría que se haga justicia, sino que también enviaría un gesto de acercamiento a una región-la latinoamericana- que en los últimos años se ha alejado notablemente de la orbita de Washington.

Dolor para unos, impunidad para otros…

Especial Diarios en Bicicleta

Una escabadora remueve los escombros producto del ataque insraelí a una de las escuelas de las escuelas de la ONU en la Franja de Gaza. Fuente: Infobae.com

Mientras buena parte del planeta parece estar obnubilado por la asunción del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, Barack Obama, los pobladores de la ciudad de Gaza continúan removiendo escombros y enterrando a sus muertos.
La ofensiva israelí sobre el territorio palestino, controlado por el movimiento islámico Hamas, fue realmente contundente. Luego de 23 días de acciones militares, la operación “Plomo Fundido” dejó un saldo de 1300 palestinos muertos y 5.300 heridos.
Del total de fallecidos a causa del fuego israelí, más de la mitad resultaron ser civiles ajenos al conflicto y a su vez hay que mencionar que a lo largo de las tres semanas también murieron alrededor de 400 niños y adolescentes menores de 16 años, según datos brindados por fuentes medicas palestinas.
Además del excesivo número de “daños colaterales”, otra característica que bien describe lo sucedido en Gaza es la desproporción.
Más allá de que Israel tiene que padecer el lanzamiento casi cotidiano de misiles artesanales por parte de militantes de Hamas, una actitud belicista que merece una total condena por parte de la comunidad internacional, su ejército llevó adelante una operación militar en gran escala contra buena parte de una población indefensa que no tiene nada que ver con el conflicto y que diariamente padece las injustas consecuencias del bloqueo económico emprendido por Tel Aviv sobre la Franja de Gaza.
Ni bien pisaron suelo palestino las tropas israelíes hicieron uso de un fuego indiscriminado, creyendo capaz que de esta manera podrían cumplir más rápidamente el objetivo planteado por los halcones del gobierno de Ehud Olmert: terminar con el movimiento islámico Hamas.
No sólo no lograron este objetivo primario planteado por la operación “Plomo Fundido”, sino que además ahora varios miembros del ejército están bajo la mira de la justicia internacional a raíz de los ataques emprendidos sobre diferentes edificios pertenecientes a organismos de ayuda humanitaria.
Como causa del indiscriminado fuego israelí, al menos cuatro escuelas administradas por las Naciones Unidas terminaron fuerte dañadas. Igual suerte corrió el cuartel general de la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos (UNRWA).
"No puedo describir lo que siento después de ver el lugar de los bombardeos en el complejo de la ONU…Debe haber una investigación a fondo, una explicación completa para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Los responsables tendrán que rendir cuentas ante el poder judicial", afirmó tajantemente desde Gaza el secretario general de la ONU Ban Ki-moon.
Mientras recorría las ruinas del edificio de la UNRWA, Ban calificó a los ataques israelíes como “indignantes y totalmente inaceptables”. A su vez el funcionario señaló que Israel utilizó una “fuerza excesiva” para responder a los “totalmente inaceptables” ataques con cohetes lanzados por militantes de Hamas.
De acuerdo a Larry Maybee, experto en cuestiones legales del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), todo ataque en el marco de un conflicto armado contra blancos civiles u organizaciones humanitarias puede ser catalogado como crimen de guerra siempre y cuando se pruebe que hubo intencionalidad.
Si estaríamos hablando de un sólo ataque contra edificios de la ONU quizás podríamos hablar de una situación desafortunada, pero al hablar de cuatro o mas hechos sin duda queda claro que los soldados israelíes tenían carta blanca para disparar, pisoteando de esta manera los emblemas humanitarios o las convenciones de derechos humanos universalmente reconocidas por el derecho internacional.
Desde Tel Aviv han remarcado que se ataco a los edificios de la ONU como respuesta a los disparos efectuados desde ese lugar por milicianos de Hamas.
Esta simple excusa no exime de culpa a las tropas israelíes, ya que según Larry Maybee aunque el objetivo del ataque sea militar, la justicia también debe investigar si el "atacante tomó las precauciones suficientes para minimizar el número de víctimas y daños civiles y si la respuesta fue proporcional a la amenaza recibida".
Sin dudas que la respuesta no fue proporcional, ya que a los disparos de metralla de los militantes de Hamas, Israel directamente respondió con disparos de tanques y con bombas inteligentes que destruyeron por completo los edificios en cuestión.
¿Acaso los soldados de Olmert no sabían que allí se guarecían miles de personas inocentes que nada tenían que ver con la guerra? ¿O que los edificios de la ONU servían como deposito de comestibles y de ayuda humanitaria que cotidianamente era entregada a la población civil de la Franja de Gaza?

A pesar de los "excesos" cometidos, el Premier israelí Ehud Olmert se manifestó "conforme" por los resultados obtenidos por la Operación "Plomo Fundido". Fuente: taringa.net

A todos estos excesos hay que agregarle que el gobierno israelí reconoció haber utilizado en los combates municiones con fósforo blanco, un material altamente incendiario y que explota al entrar en contacto con el aire. No obstante que su uso esta prohibido en zonas densamente pobladas, la Franja de Gaza es una de las ciudades con mayor densidad de población en todo el mundo, el ejército israelí argumenta que empleó esta sustancia sólo para crear “cortinas de humo”.
Los organismos de derechos humanos descreen de la versión oficial de Tel Aviv y argumentan que el fósforo lanzado sobre Gaza se expandió en muchos casos por el suelo y no en el aire, tal como sostienen los jerarcas de las fuerzas armadas israelíes.
En declaraciones brindadas a BBC Mundo, Donatella Rovera -encargada de investigaciones de Amnistía Internacional- señala que aunque es legal el fósforo blanco es un arma que nunca debe ser utilizada cerca de la población civil.
"Aquí se utilizó en escuelas, en hospitales y residencias incluyendo la sede del Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU (OOPS)", afirmó tajantemente desde la zona de conflicto.
El cúmulo de “irregularidades y atropellos a los derechos humanos” cometidos por el gobierno de Ehud Olmert, ha llevado a que ciertas organizaciones israelitas de defensa de los derechos humanos –“dada la magnitud de los daños a civiles palestinos”- le exijan al Fiscal General del Estado que abra una investigación “independiente” que analice el comportamiento del ejercito durante la ofensiva “Plomo Fundido”.
Esta iniciativa seguramente quedará en la nada, como la intención de ciertas ONG europeas de impulsar un proceso judicial utilizando mecanismos supranacionales.
Es más la Corte Penal Internacional (CPI) un ente que sería ideal para determinar si existieron-o no- crímenes de lesa humanidad durante las tres semanas de bombardeos, ya anunció que no puede aceptar la demanda interpuesta dado que Israel no es miembro, ni esta suscripto a ese tribunal. Únicamente el proceso podría llevarse adelante siempre y cuando el Consejo de Seguridad de La ONU se lo solicitara expresamente a la CPI, pero esta posible iniciativa quedaría rápidamente trunca ya que los Estados Unidos seguramente hará uso de su veto para así no dejar “caer en desgracia” a un histórico aliado como Israel.
Como se ve, todo parece indicar que será muy difícil que la justicia triunfe. Consagrando de esta manera la impunidad para unos y el dolor para otros…

Matías Mongan.

Ecuador y Brasil normalizan sus relaciones diplomáticas

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El canciller ecuatoriano, Fander Falcioní, anunció que no obstante el acercamiento con Brasil, su gobierno continuará llevando adelante la impugnación del préstamo del BNDES. Fuente: daylife.com

Luego de meses de desencuentros, parece haber llegado a su fin la crisis diplomática entre Brasil y Ecuador.
El lunes 19 de enero, en una reunión llevada a cabo en el Palacio Candorelet, el canciller ecuatoriano Fander Falcioní dialogo largamente con el embajador brasileño Antonio Marques, confirmando de esta manera el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones latinoamericanas.
Recordemos que la crisis entre ambos países, que llevo al gobierno de Lula a retirar durante dos meses su embajador radicado en Quito, se originó a raíz de la decisión del Presidente Rafael Correa de impugnar un crédito de 243 millones de dólares otorgado por el Banco de Fomento Brasileño(BNDES).
Como ese dinero fue destinado íntegramente a la construcción de una represa hidroeléctrica en la zona de San Francisco, obra que estaba a cargo de la constructora brasilera Odebrecht, Correa decidió solicitar un arbitraje ante la Corte Internacional de la Cámara de Comercio de París y de paso confirmó la expulsión de Odebrecht de Ecuador a raíz de las innumerables fallas edilicias encontradas en la represa de San Francisco.
En primera instancia la actitud del Presidente ecuatoriano provoco un fuerte enojo en Brasilia, pero con el paso del tiempo el gobierno de Lula Da Silva parece haber comprendido que las políticas económicas soberanas implementadas por Quito no pretenden conllevar a un deterioramiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.
“Es una decisión del Gobierno de Ecuador que va a continuar y Brasil, como parte del proceso, también va a seguir… Mientras, nuestras relaciones seguirán siendo buenas, como históricamente lo han sido”, afirmó el embajador Antonio Marques en relación al conflicto suscitado a raíz del préstamo del BNDES y de la expulsión de la constructora Odebrecht.
En relación al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Brasil, Marques afirmó que en un comienzo “vamos a empezar a nivel de funcionarios y después con niveles más altos políticamente, para ver las maneras de profundizar y ampliar esas relaciones”.
El funcionario regresó a terreno ecuatoriano hace aproximadamente una semana, luego que el gobierno de Rafael Correa abonara la cuota correspondiente al mes de diciembre en la deuda contraída con el Banco de Fomento Brasileño.
Luego de la reunión en el Palacio Candorelet, el canciller Fander Falcioní enfatizó en la necesidad de “encapsular los temas comerciales y financieros, los mismos no deben ser un motivo para que interfieran en las relaciones históricas de hermandad”.
Falcioní remarcó que su gobierno en ningún momento se mostró proclive a no pagar el préstamo contraído con el BNDES. No obstante el canciller anunció que continuaran con el proceso de arbitraje presentado en Paris- que pretende demostrar el carácter injusto de la deuda suscitada-, para así defender los derechos económicos de todo el pueblo ecuatoriano.
“La demanda ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París va a seguir por cuerda separada y eso ya ha sido entendido por las autoridades brasileñas”.
Cuando fue consultado por esta situación por los periodistas presentes en la conferencia de prensa, el embajador Marques Porto tajantemente señaló que “es evidente que esto va a seguir, es una decisión ecuatoriana”.Asimismo el embajador remató dejando bien en claro que su nación no se involucra “en decisiones de países soberanos…”
Estas declaraciones oficiales permiten dar por terminado con el conflicto diplomático-comercial entre Brasil y Ecuador. Sin dudas que las posiciones de ambas naciones continúan firmes, pero estas primeras reuniones de entendimiento nos permiten que de ahora en más la controversia por el préstamo del BMDES continuara por los correspondientes entes comerciales.
Para Lula da Silva sin duda es positivo haber superado este impasse, ya que de ahora en más podrá dar rienda suelta a su intención de obtener el control hegemónico de la región latinoamericana- aunque todavía deberá solucionar el reclamo paraguayo vinculado a la represa de Itaipu-
A Rafael Correa también le resulta provechoso el fin de las tensiones con Brasil, sobre todo porque de esta manera podrá acallar a aquellos pequeños grupos opositores que argumentan que la política exterior “confrontativa” llevada adelante por el Mandatario esta llevando a un “paulatino aislamiento de Ecuador”.