Por la liberación de los cinco

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La comunidad internacional se ha plegado a la campaña que pide la liberación de los cinco agentes cubanos detenidos irregularmente en Miami. Fuente: archivo

En septiembre de este año se cumplió una década desde que los antiterroristas cubanos conocidos como Los Cinco fueron encarcelados por el FBI por recopilar información sobre grupos anticastristas en la Florida.
Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998 acusados de ser “espías” y encerrados en celdas de castigo del Centro Federal de Detención de Miami, luego de que un juez les negara la fianza.
Los Cinco fueron juzgados en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, uno de los lugares más anticastristas de Estados Unidos, y acusados, entre otros cargos, de conspirar contra el gobierno norteamericano.
Los cubanos fueron condenados en diciembre de 2001, tres de ellos a cadena perpetua, luego de un juicio plagado de irregularidades, donde no hubo pruebas claras sobre su culpabilidad en las acusaciones más graves.
En reiteradas ocasiones el gobierno cubano exigió su liberación argumentando que los Cinco intentaban detener los numerosos atentados que la Isla sufrió por parte de ciudadanos norteamericanos. Raúl Castro brindó datos sobre los ataques sufridos en su país.

Audio Raúl Castro: “Todos estos años han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiado desde territorio norteamericano, con un saldo de 3478 muertos y 2099 incapacitados”.

A 10 años de su encierro la comunidad internacional ha manifestado en numerosas ocasiones su repudio a un hecho que considera injusto y autoritario además de violatorio de los Derechos Humanos.
En el 2005 el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas subrayó que la detención "violaba las normas internacionales y exigió un nuevo juicio".
Este año se realizó en Panamá un encuentro de parlamentarios provenientes de 15 países de Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de analizar posibles acciones en favor de la libertad de los cinco.
En este sentido el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, expresó la necesidad de reforzar las campañas de prensa para que el tema no salga de la agenda pública.

Audio Ricardo Alarcón: “Hay que abrir las puertas de los medios llamados de información, de los medios a través de los cuales la gente se entera de las cosas. Y en lo fundamental la mayoría de los grandes medios norteamericanos se mantienen cerrados ante este caso. Lograr que eso tenga seguimiento, que después de un golpe periodístico afortunado lo podemos dar, no a través del silencio sino que haya un cometario, un análisis, una referencia a eso, ahí es donde está la batalla en estos momentos”.

También Alicia Jrapko, Coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en Estados Unidos, hizo hincapié en la necesidad de romper el muro de silencio impuesto por los medios norteamericanos.

Audio Alicia Jrapko: “El problema mayor que hemos tenido nosotros allá ha sido la falta de información de los medios de comunicación, de las corporaciones realmente, que han silenciado completamente el caso. Un caso donde tres personas son sentenciados a cadena perpetua, sin embargo la gran mayoría de los norteamericanos no conocen el caso”.

Por su parte Venezuela decidió otorgar a los cubanos la Orden del Libertador, máxima distinción del estado, en “reconocimiento a su heroísmo y a su sacrificio”.
Esta mención es también una denuncia hacia la política selectiva de Washington en relación al terrorismo. Ya que mientras los cubanos están presos por tratar de impedir acciones terroristas contra su país, Venezuela lucha desde hace cinco años sin éxito por la extradición del asesino Luis Posada Carriles, para juzgarlo por la explosión de un avión civil en 1976.

Audio manifestantes reclamando la liberación de los 5: “Exigimos que pare la persecución, que termine con el terrorismo, no más impunidad para terroristas, que se extradite a Posadas Carriles a Venezuela, y que liberen a los cinco cubanos”.

Finalmente, cabe preguntarse si con el arribo de un nuevo presidente a la Casa Blanca cambiará la política de Washington sobre este tema, considerando que Obama ha anunciado reiteradamente que no tendría problemas en sentarse a dialogar con Cuba y Venezuela.

Latinoamérica y el enigma Barack Obama

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Barack Obama serà el nuevo presidente de Estados Unidos. Fuente: Archivo

Audio Barack Obama: “Compartimos un sueño, que trabajando duro tu familia puede triunfar, que si te enfermas tengas un seguro médico, que nuestros hijos puedan recibir una buena educación, sean ricos o pobres. Éste es el sueño americano, te pido tu voto, no solo para mi y los demócratas sino mantener ese sueño vivo para ti y para tus hijos. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.”

En unas elecciones históricas, en las que alrededor del 75 % del padrón electoral acudió a las urnas, Barack Obama se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos.

El senador de Illinois obtuvo un 53 por ciento de los votos, lo que equivalió a 338 delegados electorales. Mientras que su rival, el republicano Jhon MacCain, obtuvo el 47% de los sufragios, lo que se tradujo en 163 delegados electorales.

Obama, hijo de un inmigrante proveniente de Kenia y una mujer blanca de Kansas, entró en la historia de Estados Unidos al convertirse en el primer político negro en llegar a la Casa Blanca.

Sin embargo, muchos se preguntan qué significa para Latinoamérica el ascenso al poder de este dirigente de 47 años que, por intermedio de un discurso crítico hacia la política económica y belicista de George W. Bush, logró cautivar la atención mundial.

A lo largo de la campaña, no se le dio ningún tipo de importancia al mapa geopolítico latinoamericano. Lo único que Barack Obama dijo en relación al tema es que Washington debe dejar de “darle la espalda” a la región y que está dispuesto a dialogar con los representantes de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Audio Barack Obama: “El problema es que en los últimos siete, ocho años hemos visto abandono de parte del Gobierno de Bush que se ha obsesionado tanto con Irak, que no hemos hablado de América Latina y de cómo podemos crear un “Alianza para el Progreso” para el siglo XXI. No se trata simplemente de oponerse a Castro o a Chávez, eso no es una política latinoamericana. Quiero una política que diga cómo podemos crear beneficios a ambos lados de la frontera, cómo podemos establecer estrategias que aseguren a los agricultores que les vaya bien, que los negocios prosperen a ambos lados de la frontera, cómo podemos crear oportunidades y trabajos para todos los pueblos.”

En este sentido, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se mostró deseoso de sentarse a charlar con el flamante presidente electo de los Estados Unidos.

Audio Hugo Chávez: “Él ha estado diciendo desde hace varios meses cuando le preguntan por mí, el “tirano Chávez”, él debe saber que yo no soy un “tirano”. Pero le preguntan, el “dictador Chávez”, que es una amenaza para Estados Unidos. Él debe saber que no soy ninguna amenaza para Estados Unidos. Él ha dicho que está dispuesto a conversar. Incluso aguantando presiones. Estoy dispuesto a sentarnos a conversar, en pie de igualdad y de respeto.”

Para los principales líderes de la región Obama representa verdaderamente un enigma. Si ganaba MacCain los gobiernos de Cono Sur sabían que continuaría la política exterior belicista implementada por la administración Bush.

Sin embargo, con el triunfo demócrata, realmente es una incógnita la política exterior que implementará en relación a temas como la guerra de Irak y la crisis financiera internacional.

En relación a Latinoamérica, seguramente Estados Unidos seguirá dando la espalda a la región y sólo se limitará a fortalecer los lazos con aquellos países que Washington considera como sus “aliados”.

Debido a la cercanía geográfica, el flamante Presidente trabajará conjuntamente con el gobierno de México para tratar de controlar el problema de la inmigración ilegal en la frontera.

Sin embargo no se sabe cuál será su posición sobre este tema. Mientras que en su rol de senador muchas veces se ha mostrado a favor de realizar una reforma migratoria integral en Estados Unidos, también ha votado ha favor de la construcción del muro que divide a Norteamérica con México.

En este sentido, Marisela García, de Latino Policy Forum, expresó su escepticismo de que la llegada de Obama al poder signifique la solución de los problemas migratorios en la región.

Audio Marisela García: “Con la historia de racismo y opresión y desventaja, en la que históricamente han vivido todas las personas de color en este país, tener un candidato a la presidencia es algo histórico. Sin embargo, yo creo que lo que ya dijeron aquí mis colegas, es importantísimo para que nosotros no seamos muy idealistas, en creer que toda la lista de problemas que aqueja a nuestras comunidades las va a resolver un presidente negro.”

Colombia es otro aliado que Estados Unidos seguramente tampoco querrá perder. A pesar de que Barack Obama se muestra en contra del Tratado de Libre Comercio entre los dos países, es conciente de que el gobierno de Álvaro Uribe es uno de los pocos en la región que aún enarbola los designios de Washington.

Además el plan Colombia es la vía que posibilita a los Estados Unidos desarrollar e incentivar su política militarista en Latinoamérica.

Respecto a este tema, el asesor de Obama para América Latina, Frank Sánchez, considera que la flamante administración intentará fortalecer aún más el plan “antinarcóticos” iniciado en el año 2000.

Audio Frank Sánchez: “El Senador Obama apoya el Plan Colombia y por una administración de Barack Obama, el Plan Colombia va a seguir. Él además quiere agregar aún más fondos, más dinero, pero específicamente para reforzar instituciones que fortalecen la democracia.”

Más allá de la emoción inicial, el tiempo dirá si el triunfo de Obama marcará o no un “cambio profundo” en la política estadounidense y en su relación con el resto del mundo.

Posible amnistía a militares acusados de violar derechos humanos convulsiona a Peru

Diarios en Bicicleta

El Presidente Alan García quiere impulsar una amnistía para poner "fin a la injusta persecusión" que sufren los militares en Peru. Fuente: alanperu.net

"Sé que hay demora y yo comparto esa preocupación. Pero se trata de casos complejos, que tratan de hechos que ocurrieron hace 10 o 15 años para los que no se consigue fácilmente los hechos probatorios... Además, hay renuencia a entregar información de parte de las Fuerzas Armadas".
El Presidente de la Corte Suprema de Perú, Francisco Távara, criticó fuertemente la postura adoptada por el gobierno de Alan García en relación a una “posible” amnistía que beneficiaria a todos aquellos militares que violaron los derechos humanos en el marco del conflicto armado con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.
A diferencia de la posición del Presidente de la Comisión de Defensa, Edgar Núñez, y del Ministro de Defensa Peruano, Ántero Flores Aráoz; quienes durante estas semanas señalaron ante la prensa que el excesivo retraso en el accionar de la justicia es motivo suficiente para impulsar la polémica normativa; Távara considera que la simple demora no es justificación “para dar indulto o amnistía”.
Asimismo el magistrado le recomendó al Congreso que, cuando el próximo mes de diciembre discuta el tema en el recinto, adopte todas las rigurosidades necesarias para “ ver que no se colisione con los tratados internacionales o con las decisiones de la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional".
La posible amnistía a los militares acusados de violar derechos humanos, promovida por el Presidente Alan García, ha convulsionado a todo Perú.
El Mandatario aprista considera que sólo aprobándose esa norma se podrá poner fin a la “injusta persecución" que sufren los militares en el país.
En contraposición los organismos de derechos humanos consideran que la iniciativa busca legitimar la impunidad de ciertos oficiales jerárquicos del ejército que estuvieron inmiscuidos en violaciones a los derechos humanos y que actualmente están siendo investigados por la justicia.
Uno de los beneficiados sería justamente el vicealmirante retirado y actual Vicepresidente peruano, Luis Giampietri, quien esta acusado por la justicia de llevar adelante las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la denominada masacre de El Frontón en 1986.
Un hecho ocurrido durante el primer mandato Presidencial de Alan García en Perú(1985-1990), en el que fallecieron alrededor de 200 guerrilleros pertenecientes a Sendero Luminoso
En este sentido, el presidente de la asociación de comandantes de las fuerzas armadas en situación de retiro, Jorge Rivas Domínguez, considera que la amnistía propuesta por la administración aprista busca justamente proteger a los “peces gordos” que estuvieron al mando de la política antisubversiva durante la década del ochenta.
“Estos proyectos tienen nombre propio. Se están proponiendo para evitar la responsabilidad de los mandos que dieron las órdenes, como el general Hermoza y el vicealmirante Giampietri, que están siendo o pueden ser juzgados por actos de violaciones de derechos humanos".
A estas críticas se sumó el líder nacionalista, Ollanta Humala, señalando que bajo el pretexto de beneficiar a los soldados el gobierno de Alan García pretende “blindar a los grandes…Los verdaderos violadores de derechos humanos son los que estuvieron a cargo de diseñar la estrategia antisubversiva en el país”.
Más allá de quien es la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado contra la guerrilla, lo cierto es que la iniciativa promovida por Alan García garantizaría el triunfo de la impunidad en Perú.
“La Defensoría hace pública su posición de rechazo a cualquier forma de amnistía o mecanismo que impida la investigación de violación a los derechos humanos, porque es incompatible con la obligación del Estado de investigar esos casos y por el derecho a la verdad que tienen las víctimas”, aseguró enfáticamente la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
La funcionaria recordó que los derechos que ahora pretende vulnerar el gobierno aprista han sido reconocidos tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como por el Tribunal Constitucional (TC).
“Hay que analizar también que cualquier medida que avale o impida la investigación de la defensa de los derechos humanos significaría un retroceso en esta materia y produciría una condena internacional por parte del Estado”, aseguró Merino.
Es más diversos organismos de derechos humanos ya anunciaron que, en caso de prosperar las “leyes del perdón” en el Congreso (bien ya sea una amnistía o un indulto), concurrirán ante organismos internacionales para denunciar lo sucedido.
“Hay un deber internacional de los Estados de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de violaciones de derechos humanos, y ese deber no puede ser evadido por normas de amnistía o derecho de gracia”, afirmó el secretario general de la coordinadora nacional de derechos humanos de Perú, Ronald Gamarra.
Como conclusión tenemos que, en contra de lo que cree el Presidente Alan García, en la mayoría de los países de Latinoamérica las amnistías o indultos a militares acusados de violaciones a los derechos humanos sólo han servido para garantizar la impunidad y exacerbar aún más los odios latentes en los distintos países.
Para que el pasado pueda ser asimilado debe existir justicia, sólo de esa manera se podrá reparar el daño sufrido por los familiares de las victimas del conflicto armado peruano.

Bolivia presento los exhortos judiciales para extraditar a Gonzalo Sanchez de Losada

Diarios en Bicicleta

De acuerdo a una carta a la que tuvo acceso la agencia española efe, el 19 de marzo de este año trece importantes ex miembros del gobierno de Estados Unidos instaron a la secretaria de Estado Condoleezza Rice para que intercediera con el fin de evitar que prospere el juicio por “genocidio” contra el ex Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada.
La misiva; que habría sido firmada por los ex Secretarios de Estado Adjuntos para Asuntos Latinoamericanos, Jeffrey Davidow, Otto Reich, Peter Romero, Alexander Watson y Roger Noriega; pretendía que Rice le pida a un juez federal norteamericano la desestimación de una demanda civil interpuesta contra el ex mandatario por familiares de los fallecidos durante la “Guerra del Gas” en Octubre del 2003.
Para intentar persuadir a la Secretaria de Estado para que interceda en defensa de Sánchez de Losada, los ex embajadores de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), John Maisto y Harriet Babbitt, señalaron que la capacidad del gobierno de George W. Bush de llevar adelante su política exterior "se verá perjudicada gravemente si se permite que este caso siga adelante".
Por ultimo los ex funcionarios hicieron hincapié en que, en el marco de las protestas contra el proyecto de exportación del gas natural a los EEUU, y a pesar de que como causa de la represión gubernamental murieron alrededor de setenta personas, fueron los manifestantes los que atacaron a las fuerzas de seguridad, “y no al revés”.
El gobierno de Evo Morales siempre tuvo la impresión de que Estados Unidos protegía a Gonzalo Sánchez de Losada, luego que este huyera a ese país el 17 de Octubre del 2003. Y estas pruebas ahora difundidas por la agencia efe no hacen más que demostrar que las denuncias realizadas por el Palacio Quemado estaban en lo cierto.

De acuerdo a la carta difundida por efe, ex funcionarios de la administraciòn Bush han intercedido para evitar que Sanchez de Losada comparesca ante la justicia. Fuente: Antonio Cruz, Agencia Brasil.

Es más Norteamérica también le otorgó “asilo político” a quien fuera durante el 2003 el Ministro de Defensa de “Goni”, Carlos Sánchez Bersaín. Ambos individuos están acusados por la justicia boliviana de haber llevado adelante un “genocidio” sistemático que terminó con la vida de más de setenta personas.
Para intentar que se haga justicia, el lunes 10 de noviembre el gobierno boliviano remitió a EEUU el pedido formal de extradición del ex Presidente y de dos de sus ex ministros (Sánchez Berzaín y del ex titular de la cartera de Hidrocarburos, Jorge Berindoague).
“Hemos hecho oficial la entrega de los exhortos suplicatorios pidiendo la extradición de los tres”, dijo a la prensa la encargada de negocios de la embajada de Bolivia en Washington, Erika Dueñas.
Dueñas le entregó en mano los exhortos, que contaban de más de 2.700 páginas, al director de asuntos andinos del Departamento de Estado, Kevin Withaker. Luego del hecho, tajantemente afirmó que "esta solicitud está basada en el acuerdo de extradición bilateral. (...) Esperamos que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el marco de ese tratado".
Howard Gutman, abogado de Sánchez de Losada, emitió un comunicado señalando que el pedido de extradición "es parte de una ofensiva política orquestada por Evo Morales en contra de la democracia y de los que él considera sus enemigos políticos".
Esta inverosímil denuncia fue desmentida por Rogelio Mayta, abogado encargado de coordinar el juicio de responsabilidades contra Goni y compañía. Según el letrado, si tal como sostiene Gutman todo se trataría de una “persecución política, los procedimientos judiciales se habrían acortado notoriamente…Pero, en cambio, tardaron más de lo debido"(alrededor de 5 años exactamente).
Como ha quedado evidenciado en la misiva que altos funcionarios estadounidenses le enviaron a Condoleezza Rice en el pasado mes de marzo, Gonzalo Sánchez de Losada goza de ciertos “privilegios” en Washington que por el momento han impedido su comparecencia ante la justicia boliviana por los “crímenes” cometidos en Octubre del 2003.
El gobierno boliviano ya cumplió presentando los exhortos, ahora le toca a la nueva administración de Barack Obama (no se puede esperar nada de una administración guerrerista como la de Bush) determinar que hará con Goni.
¿Seguirá como su predecesor protegiendo a una persona acusada de un “genocidio” que terminó con la vida de 70 personas o finalmente permitirá que la justicia se imponga? Sólo el tiempo nos permitirá saber como sigue esta historia…

Investigan ejecuciones extrajudiciales en Colombia

En esta última semana se realizaron en Colombia una serie de denuncias a través de distintos organismos (ONG, Defensoría del Pueblo, Procuraduría) en donde se acusa a las fuerzas públicas de realizar ejecuciones extrajudiciales. Lo que representa que el ejército habría asesinado a personas argumentando que tenían vinculación con el narcotráfico, la guerrilla o bandas criminales. Por lo que luego estos crímenes eran reportados como “muertes en combate”.
El hecho que dio inicio al tema fue la denuncia de la llamada “Masacre de Soacha”, en la que fueron ejecutados 11 jóvenes. El ejército los había reportado como “muertos en combate”, y fueron descubiertos en fosas comunes en el mes de septiembre pasado en el departamento de Santander, ubicado al noreste del país.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, siempre ha negado que sucedan hechos de este tipo en su gobierno, y desde un principio había reconocido a las víctimas como “caídos en combate”. Pero al ser tan evidentes las denuncias que fueron reproducidas por la mayoría de los medios de comunicación, no le quedó otra opción que aceptar públicamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales dentro de las fuerzas públicas. Lo que dijo fue que “puede haber miembros de las fuerzas armadas inmiscuidos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos en protocolos, en “vigilancia”, y que los casos van a ser trasladados a la Fiscalía de la Nación para que sean investigados. Pero en ningún momento pidió disculpas a los familiares de las víctimas por haberlos considerados él mismo como muertos en combate.

El Presidente, el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares anunciaron el retiro de 27 militares colombianos. F: semana.com

Uribe debió tomar la medida de anunciar la destitución de 27 miembros de alto nivel del ejército. Entre ellos figuran tres generales, cuatro coroneles, siete teniente coroneles, cuatro mayores, un capitán y un teniente. Éstos se suman a otros tres militares que días antes fueron apartados por la decisión de Mario Montoya, Comandante del Ejército de Colombia. Estas destituciones significan una purga que no tiene precedentes en la historia del ejército de Colombia.
En este contexto unos días después, precisamente el martes pasado, el general Mario Montoya, renunció a su cargo. Quien fue conocido por ser el estratega de la operación Jaque, que logró rescatar a 15 secuestrados de las FARC, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt. Además Montoya tenía una estrecha relación con Uribe, ya que había pertenecido a las fuerzas cuando el mandatario era gobernador de Antioquia en la década del 90.
Ahora el General renunciante va a tener que presentarse en el senado para responder por las denuncias contra su fuerza por los asesinatos del departamento de Santander. Mientras que el mayor general Óscar Enrique González Peña fue designado como el nuevo comandante del Ejército por orden del Presidente Uribe.
Por otro lado, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, también reconoció ante la Comisión Segunda del Senado que habían ocurrido casos de ejecuciones extrajudiciales,. Además, explicó que no va a renunciar a su cargo, ya que el presidente de Colombia le ofreció su total respaldo y le dijo que “no se va a descabezar a quien está resolviendo los problemas”.

El general Mario Montoya presentó su renuncia en medio de los escándalos por "falsos positivos". Fuente: semana.com

La investigación que llevó adelante la Fiscalía de la Nación ofreció datos indiscutibles que indican que hubo violación a los derechos humanos por parte de los militares. En la actualidad investiga 1015 ejecuciones extrajudiciales y desde 1991 llevan 600 procesos abiertos con implicados: 683 son miembros del ejército, 36 policías, y 4 miembros del Departamento Administrativo de Seguridad. Por otro lado, La Procuraduría trata 929 casos por ejecuciones extrajudiciales efectuadas entre el 2002 y el 2008.
Sin embargo, no se descarta que llegue a intervenir el Tribunal Penal Internacional. Asimismo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Navi Pillay, manifestó que las ejecuciones extrajudiciales pueden ser consideradas delito de Lesa Humanidad y causar la intervención de la Corte Internacional si la justicia de ese país no detiene las matanzas.
Estas declaraciones las brindó en un foro que se realizó en Bogotá, donde se presentó el informe “Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable” elaborado por distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El documento fue confeccionado por 13 juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
En este informe registraron 535 casos de ejecuciones extrajudiciales calculadas desde el 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2008 en Colombia. Lo que resulta un promedio de una víctima diaria y de las cuales el 58 por ciento eran menores de 30 años. Además indica que el Ejército colombiano es el mayor responsable de las denuncias, ya que se le adjudican el 93,7 por ciento de los casos.
También se menciona que en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, es la región en la que se registraron el mayor número de víctimas, unos 67 casos, y lo sigue Antioquia con 65.
Además, es importante destacar que las ejecuciones extrajudiciales han salido a la luz también gracias a la labor de la Comisión Nacional de Desaparecidos que trabaja hace pocos meses con el cruce de datos, lo que facilita las investigaciones.
Un dato significativo es que en estas regiones en donde ocurren las matanzas es la región donde mayormente actúa el Plan Colombia. Un proyecto internacional entre el gobierno de Colombia y el de Estados unidos, que dicen luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero sus métodos y resultados nunca han sido del todo transparentes para la sociedad. Como igualmente es conocido que en la región del norte de Santander actúa el grupo paramilitar “Águilas Negras” que se lo vincula al narcotráfico y utiliza métodos como la extorsión, desplazamiento de poblaciones y muertes selectivas, entre otros.
Estas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales son consideradas delitos de Lesa Humanidad, y se espera que sea un tema de examen al que será sometido el gobierno de Colombia por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mes de diciembre próximo.

Diarios en Bicicleta

Resumen “Diarios en Bicicleta - El Programa”

Jueves 6 de Noviembre 19hs
FM 91.7 Radio Estación Sur – La Plata

Boletín Informativo
Uribe quiere controlar los “excesos del ejército de Colombia
Ecuador denuncia nueva incursión colombiana
El aborto divide a Uruguay
Avanza a paso firme la lucha contra el analfabetismo en Bolivia

Repercusiones en Latinoamérica por la victoria de Barack Obama
Informe: “Latinoamérica y el enigma Barack Obama”

Las poblaciones originarias colombianas continúan movilizadas
Entrevista a Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)
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Denuncias por ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Luego de un fallido encuentro de dialogo, los movimientos indigenas colombianos continuan con la "minga" de protesta

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Los indigenas recibieron a Uribe con ataudes, en conmemoración de los màs de 1.250 drigentes comunitarios asesinados desde el año 2002. Fuente: AFP

De acuerdo a un informe de la Red Nacional Indígena, desde que el Presidente Álvaro Uribe asumió el poder en Colombia en el año 2002, alrededor de 1.250 dirigentes indígenas han sido asesinados en todo el territorio colombiano.
El documento resalta que el promedio de edad de los muertos oscila entre los 18 y 32 años de edad, asimismo la organización indígena denunció que como consecuencia de los desplazamientos producidos por el conflicto armado cientos de comunidades originarias están al borde de la extinción.
“Presidente Uribe, usted habla de los policías y militares de la patria, pero también le queremos decir que ellos son los que nos están asesinando. La seguridad democrática sólo ha acarreado muerte y destrucción", afirmó Mabel Andrade, vocera de la Red Nacional indígena.
Andrade hizo hincapié en que los pueblos originarios de Colombia se han levantado para así reclamar el fin de las ejecuciones extrajudiciales cometidas tanto por miembros del ejército, como por grupos paramilitares que aún continúan en funcionamiento.
"Como mujer y joven que soy debo decir que desde el 2003 han sucedido 15 masacres que han dejado 67 víctimas, ocho en el 2007 y siete en el 2008. Tres se les atribuyen a fuerzas del Estado. Hubo 317 detenciones arbitrarias de indígenas, campesinos e integrantes de sindicatos presentados como milicianos. Y los medios no tuvieron el espacio para publicar cuando fueron declarados inocentes".
Para intentar responder a estas denuncias, el Presidente Álvaro Uribe se reunió el domingo 2 de noviembre en el resguardo La María (Piendamò) con los principales líderes que encabezan la minga-jornada de protesta- indígena en el departamento del Cauca.
Ante el reclamo de las distintas organizaciones presentes para que desmilitarice los territorios pertenecientes a las comunidades originarias, Uribe enfáticamente señalo que en Colombia no existen no existen zonas vedadas para las autoridades.
Finalmente y ante los silbidos de la multitud que se encontraba en el lugar, el Mandatario terminó cediendo: “puede salir la fuerza pública de La María, pero si ustedes me garantizan que desde este territorio no se planearán taponamientos a la vía pública".
Luego de horas de discusión y ante la imposibilidad de poder encontrar una salida negociada a la crisis, el Presidente colombiano les propuso a los indígenas la instalación de una mesa de trabajo-la misma estaría bajo la tutela del Ministro del Interior, Fabio Valencia- para poder así encontrar soluciones que destraben el conflicto.
Antes de retirase de La María, Uribe les dijo a los más de 2.500 indígenas presentes que “ganan más con un gobierno que les expresa con claridad lo que piensa y puede hacer, que con uno que venga a engañarlos”.

Ante la falta de avances concretos, la protesta indígena sigue adelante

'Nos vemos en la minga que va rumbo a Bogotá'.
Con estas palabras los dirigentes de las comunidades originarias despidieron al Mandatario colombiano, lo que deja en evidencia que a raíz del fracaso de la reunión en La María la protesta indígena sigue adelante.
“No nos detendremos en esta resistencia pacífica hasta no ver la tierra libre de los opresores, las multinacionales y la militarización. Espero no sufrir represalias pero nosotros no somos enemigos del Estado, somos víctimas de este Estado. No hemos usado armas de fuego, ni explosivos, ni granadas con metralla o bombas explosivas como lo ha hecho el Esmad de la Policía y el Ejército", aseguró enfáticamente Feliciano Valencia, integrante de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca.
Por su parte Aida Quilcue, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, señaló que “el debate y la minga (movilización) continúan porque no hay nada claro”. Asimismo la dirigente le exigió a Uribe “el resarcimiento de su buen nombre”, luego de que el Jefe de estado denunciara que las protestas indígenas estaban siendo alentadas por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Lejos de desgastarse con su reclamo en defensa de sus territorios ancestrales y los derechos humanos, ante la poca predisposición al dialogo de la Casa de Nariño, las organizaciones indígenas en estos días están barajando la posibilidad de directamente realizar una masiva movilización hasta Bogota.
Este lunes lo vamos a decidir…una marcha demanda mucha logística, pero ya hay gente lista para iniciar la caminata” afirmó en dialogo con la prensa Luís Evelis Andrade, Presidente de la Organización Indígena de Colombia.
A pesar de los embates intimidatorios del gobierno de Álvaro Uribe, los indígenas colombianos parecen estar dispuestos a ir hasta el final para poder así lograr que sean atendidos sus reclamos ancestrales.
Su lucha y sus reinvidicaciones ya han traspasado las fronteras. Hasta el mismo Presidente de Bolivia, Evo Morales, saludo a la movilización indígena. De la que dijo sentir respeto porque “es pacifica, sacrificada y pide reinvidicaciones sociales”.
Tal como paso hace dos meses en Perú, lo que sucede ahora en Colombia demuestra que los pueblos originarios de Latinoamérica parecen haberse cansado de tantos siglos de opresión. Miles de indígenas están saliendo hoy en día a las calles para protestar por el “despojo” de sus derechos milenarios, aquellos que les fueron arrebatados- a través de la fuerza- por el conquistador blanco.